Airbnb echó a los habitantes de esta ciudad, que ahora ha encontrado la forma de recuperarlos

Lisboa ha anunciado un plan para subvencionar a los arrendadores de Airbnb que prioricen los alquileres de larga duración por encima de las estancias vacacionales de varios días. Mediante esta medida, pretenden recuperar a muchos trabajadores esenciales que vivían en el centro de la ciudad.

El turismo se ha disparado en la capital de Portugal durante la última década, lo que ha contribuido a la subida de precios y a la expulsión de los residentes locales. Sin embargo, conforme la pandemia de coronavirus ha vaciado el mundo de turistas, muchas ciudades turísticas quieren aprovechar esta oportunidad para redefinir su relación con sus habitantes. En el caso de Lisboa, esta misión comienza por repensar el alojamiento.

Lisboa ha sufrido una gran transformación durante esta década. Hasta hace relativamente poco, estaba en decadencia, repleta de edificios abandonados y maltratada por la crisis de drogadicción que asoló el país entre los años 80 y 90. Lisboa se reinventó a sí misma con una ayuda de 78.000 millones de euros que le concedió la Unión Europea (UE) en 2011. Desde entonces, millones de turistas han disfrutado de sus calles adoquinadas, sus fachadas históricas con azulejos, sus tranvías amarillos y sus miradores, una recompensa para quienes se atreven a ascender por sus numerosas rampas.

Pero, al igual que les sucede al resto de ciudades turísticas de Europa, la popularidad de Lisboa ha tenido un alto coste, sobre todo para los habitantes con menos ingresos y con especial incidencia en el alojamiento.

El rescate de 2011 llegó con la condición de que Portugal relajara su control del mercado del alquiler. En los años siguientes, multitud de compradores extranjeros adquirieron propiedades en la capital a precios relativamente baratos, con incentivos fiscales y con la promesa de un permiso de residencia de 5 años para todos aquellos que inviertieran más de 500.000 euros en bienes inmuebles.

Los precios han seguido subiendo en la capital y la conversión de calles enteras en alojamientos turísticos mediante plataformas como Airbnb para acomodar a los 4,5 millones de turistas que vienen cada año ha dejado a los residentes locales en minoría en una proporción de 1 por cada 9 visitantes. Hay alrededor de 25.000 alojamientos de alquiler a corto plazo en la ciudad, lo que representa un 8% del total de los alquileres, explica el alcalde Fernando Medina en Reuters. 

El precio de la vivienda subió un 9,5% entre 2018 y 2019 (en el resto del país, el incremento fue del 8%), pero los salarios han permanecido relativamente bajos en Portugal. La renta disponible media es de 18.600 euros, según la OCDE, y una cuarta parte de la población cobra el salario mínimo, de 635 euros al mes, informa Reuters.

“Hemos pagado un precio social”, admite Medina en un artículo reciente para The Independent. “Cada vez más trabajadores esenciales y sus familias han tenido que dejar sus casas a medida que plataformas de alquiler como Airbnb se han apropiado de más de un tercio de los bienes inmuebles del centro de Lisboa, subiendo los precios, vaciando las comunidades y poniendo en peligro su carácter genuino”.

El nuevo plan de la ciudad, denominado “Renda Segura” (renta segura), pretende abordar este problema priorizando a los residentes por encima de los turistas y creando un mercado inmobiliario más estable. Aunque la idea nació antes de la pandemia, el alcalde asegura que el estallido del coronavirus ofrece la oportunidad perfecta para llevarla a la práctica.

Mediante este programa, la ciudad básicamente subvencionará a los arrendadores para que pongan sus propiedades en alquiler a largo plazo a disposición de los residentes locales, con especial hincapié en los trabajadores esenciales. Aquellos arrendadores que se adhieran al programa durante cinco años y alquilen sus propiedades por un valor que no supere el 30% de los ingresos netos de los arrendatarios recibirán la diferencia entre lo que cobran por el alquiler y el precio de mercado. Además, los propietarios de estas viviendas quedarán exentos de pagar impuestos sobre la renta que reciban y la ciudad garantizará su renta completa.

El objetivo es lograr la adhesión de 1000 viviendas de alquiler al programa este año. Por el momento, ya han recibido 177 solicitudes.

La intención de Medina es atraer de vuelta al centro de la ciudad a trabajadores esenciales, especialmente personal sanitario y de transportes, muchos de los cuales se vieron forzados a abandonar su casa por el aumento del precio de la vivienda. “Queremos traer de vuelta al centro de Lisboa a la gente que se crió en esta ciudad y convertirlo en un lugar más verde, sostenible y, en definitiva, en un lugar mejor para vivir y para visitar”, escribe.

La idea del alcalde de establecer unos precios asumibles es fundamental, asegura Ana Drago, investigadora del Instituto Universitario de Lisboa. “El precio excesivo de la vivienda y los desahucios han alterado el tejido social de la ciudad: las clases obreras y las nuevas generaciones con trabajos precarios y mal remunerados no pueden permitirse vivir en la ciudad”, expone.

Pero Drago anima al alcalde a tomar más medidas, como limitar mucho más el número de alojamientos turísticos de estancias cortas y volver a imponer un control más estricto sobre los alquileres, al igual que están proponiendo en otras ciudades, como Berlín. “De lo contrario, tendremos ciudades gentrificadas y segmentadas socialmente como si fueran Disneyland”, advierte Drago.

Eso mismo han advertido desde la Associação dos Inquilinos Lisbonenses, que aplauden el plan del alcalde, pero lo consideran “claramente insuficiente”, teniendo en cuenta la situación crítica actual. “Depende de la buena voluntad de los arrendadores de Airbnb alquilar su vivienda a un precio asumible”, comenta un portavoz de la asociación, que insta a la ciudad a restaurar la disponibilidad de viviendas públicas, actualmente escasa.

Un portavoz de Airbnb, por su parte, defiende que “el 60% de los arrendadores de Lisboa afirman que los ingresos que generan al alquilar su vivienda les permiten pagar las facturas y mantener a sus familias”. Y añade: “Nos tomamos muy en serio las preocupaciones de la ciudad, y por eso colaboramos con el Gobierno para ayudar a que los huéspedes sigan las normas y paguen sus impuestos”.

Lisboa no es la única ciudad que sufre estos problemas de alojamiento derivados del turismo masivo. “Cada vez hay más pruebas de que los alquileres a corto plazo han incrementado el precio de la vivienda y reducido la disponibilidad de alojamientos en ciudades con mucho turismo”, afirma David Wachsmuth, profesor asistente de Planificación Urbana de la Universidad McGill de Montreal.

“Lisboa ha salido muy perjudicada”, sostiene, “pero no es la única ciudad a la que le pasa esto. Es una más entre decenas de ciudades de todo el mundo cuyo mercado inmobiliario local ha quedado patas arriba por los alquileres a corto plazo”.

En junio de 2019, otras 10 ciudades solicitaron ayuda a la UE para hacer frente al impacto de Airbnb, que, según expusieron, está expulsando a los residentes locales de sus viviendas. “Las ciudades europeas consideran que las viviendas deberían emplearse ante todo para vivir en ellas”, expresó Ámsterdam en un comunicado oficial.

Muchas otras ciudades siguen esperando ese reajuste ahora que la pandemia brinda la oportunidad de hacer las cosas de forma diferente.

Ámsterdam, que ya había implantado restricciones a Airbnb antes de la pandemia, prohibió los alquileres a corto plazo en tres de los barrios centrales de la ciudad a partir de este 1 de julio. Desde el inicio de la pandemia, hay un 21% más de viviendas de alquiler en el mercado en esta ciudad en comparación con el mismo periodo de 2019, un incremento que achacan al declive de Airbnb.

En Barcelona, la alcaldesa Ada Colau y la concejala de urbanismo, Janet Sanz, obligaron en 2018 a destinar el 30% de las promociones de vivienda a VPO (Vivienda de Protección Oficial) a lo largo de los próximos años. Janet Sanz espera que eso marque una tendencia a largo plazo para priorizar el alojamiento de los residentes. “Lo que buscan ahora mismo los propietarios de viviendas es estabilidad, y eso lo pueden obtener mediante alquileres convencionales, algo que además ayudará a solucionar las necesidades de alojamiento en Barcelona. Estamos ante la oportunidad de repensar la ciudad”.

En Estados Unidos podría estar pasando lo mismo en ciudades como Nueva Orleans, donde también se acusa a Airbnb de expulsar a los residentes. “He oído muchos casos de arrendadores que han pasado a alquilar sus viviendas a largo plazo”, comenta Breonne DeDecker, directora de programas del Jane Plane Neighborhood Sustainability Initiative de Nueva Orleans, para Fast Company.

“La pandemia le ha cortado las alas a la economía del alquiler a corto plazo”, asegura Wachsmuth, que indica que ya existe un movimiento en Estados Unidos para reconvertir alquileres turísticos a corto plazo en alquileres tradicionales a largo plazo.

“Va a ser una mala época para ser comercial de Airbnb en las grandes ciudades durante los próximos años”, vaticina, “lo que significa que el plan que ha trazado Lisboa llega en el momento adecuado y tiene mucho potencial”.

Este artículo fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.