Ahora más que nunca

La consolidación de la salud como pieza fundamental del Estado del Bienestar requiere su reconocimiento como derecho fundamental en la Constitución al mismo nivel que el derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad de expresión o a la educación. La sentencia del Tribunal Constitucional que anula el decreto ley de atención sanitaria universal en la Comunitat Valenciana viene a reforzar la urgencia y necesidad de que la reforma de la Carta Magna aborde esta equiparación. La iniciativa del gobierno del cambio valenciano que ha motivado esta sentencia se articuló, nada más iniciarse la Legislatura, a través de una instrucción a todos los centros sanitarios de la Comunitat Valenciana. Una instrucción sobre la que el TC no se pronuncia, por ser de distinto rango que el posterior decreto ley que fue trasladado a Les Corts para su aprobación. Por tanto, las indicaciones remitidas a los centros para atender a todas las personas seguirán vigentes. Los actos de justicia se dan, pero no se quitan. Quede claro pues que las más de 23.000 personas que, con independencia de su raza, nacionalidad o situación administrativa, hoy reciben atención sanitaria integral y antes no, la seguirán recibiendo.

Detrás de la semántica hay seres humanos que se ven perjudicados o beneficiados por el significado de las palabras. "Tumba", "rechaza" o "anula" han sido algunas de las que se han utilizado para dar cuenta de este fallo del Constitucional. La decisión lo que implica de facto es tumbar, rechazar o anular lo que para la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es un derecho fundamental de la persona. Desde el respeto a la ley, como es obvio, las competencias de un gobierno, al menos de este gobierno, pasan por garantizar la salud como derecho. Si alguien cree que a un inmigrante, por el hecho de serlo, hay que escatimarle la asistencia sanitaria que lo diga. Una Administración decente está obligada a preservar la justicia social como baluarte de su gestión y en ese escenario se enmarca la universalidad en la asistencia sanitaria.

Hoy, también más que nunca, se hace urgente y necesaria la exigencia de derogar del decreto ley 16/2012 del Gobierno Rajoy de exclusión sanitaria. Si garantizar un derecho desde la sanidad pública tiene un precio, este gobierno está dispuesto a pagarlo. Ni las zancadillas del PP en los tribunales ni los intereses de algunos frente a los de la mayoría van a doblegar los principios de igualdad y justicia social que orientan las actuaciones del gobierno valenciano.

Sin embargo sería de gran importancia que lo que hoy se recoge en el artículo 43 de la Constitución Española como principio rector de la política social y económica ascendiera a derecho fundamental. No se puede desaprovechar la ocasión para que la reforma constitucional dote de mayor rango al derecho a la salud. Caminar hacia este reconocimiento se antoja imprescindible para garantizar un derecho tan esencial en la vida. De no ser así, el derecho a la salud queda condicionado a la mayor o menor sensibilidad política de quien gobierna.