Aguirre echa balones fuera durante su declaración sobre la financiación ilegal y critica a los fiscales

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ha asegurado al juez de Púnica que no tenía responsabilidad económica, administrativa o contractual en el PP de Madrid porque no eran las funciones del presidente, y ha dicho que ella nombraba a sus cargos en la Comunidad pero que siempre lo consultaba con Mariano Rajoy.

Según han informado a Efe fuentes presentes en su declaración en la Audiencia Nacional, la exdirigente del PP madrileño se ha desvinculado de la presunta financiación ilegal del partido por la que esta imputada y ha precisado que nombró a Ignacio González su vicepresidente porque confiaba en él, y a Francisco Granados secretario general del partido por su magnífica trayectoria y buen hacer. Ambos están imputados.

El diario El País revela que el inicio de la declaración de Aguirre ha sido “una sucesión de broncas e interrupciones”, empezando porque la expresidenta madrileña se ha referido a las fiscales como “las fiscalas”. “Se han empeñado en que Fundescam era el Watergate”, ha reprochado la exlideresa.

Otro momento delirante, es este que cuenta El País:

A la salida de la Audiencia, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado que está satisfecha por haber dado su versión de los hechos que se le atribuyen en la trama Púnica de corrupción y convencida de que se hará justicia. “Mi inocencia prevalecerá”, ha asegurado.

“Lo que he explicado es que nunca he hecho ni he consentido, ni he conocido, ni he dejado de ejercer la diligencia necesaria para evitar ningún hecho que fuera una irregularidad y mucho menos, una ilegalidad, en el supuesto de que se hubieran cometido”, ha señalado en una breve declaración sin preguntas a su salida del tribunal.

Según ha dicho, siente “satisfacción” por “poder explicar a su señoría” su “versión de los hechos” por los que ha sido llamada a declarar. “Estoy convecida de que mi inocencia prevalecerá porque confío en la justicia y estoy segura de que se hará justicia”, ha destacado.

La expresidenta madrileña está imputada desde principios de septiembre en esta pieza separada de la macrocausa que investiga una presunta caja B del partido que se habría nutrido de fondos desviados de las arcas públicas para contratos por servicios inexistentes y utilizados para financiar las campañas electorales autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que existió “un plan a través del cual altos cargos de la Administración autonómica madrileña podrían haberse hecho con dinero público para satisfacer necesidades del partido, electorales o no, y enriquecer a alguno de los Consejeros y altos directivos de los entes públicos”.

De acuerdo al auto de imputación del juez Manuel García Castellón, “el plan habría fraguado indiciariamente entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y sus consejeros de confianza Ignacio González, Francisco Granados y Alberto López Viejo en connivencia con Horacio Mercado”, cuyas empresas debían actuar como “vehículo de trasvase de fondos” de los contratos de publicidad que le daban las consejerías. Éstas a su vez, obligaban a las grandes adjudicatarias a destinar el 1% del presupuesto a publicidad “como forma de desviar” el dinero.