La Cumbre del Clima de Madrid se cierra con un acuerdo de mínimos

La Cumbre del Clima de Madrid ha logrado este domingo cerrar un documento para aumentar la ambición climática en 2020 y cumplir el Acuerdo de París que compromete a los países a evitar que la temperatura media del planeta suba este siglo por encima de 1,5 grados.

El acuerdo, titulado Chile-Madrid, tiempo de actuar, se ha logrado casi dos días después de la jornada prevista para la clausura de la Conferencia (COP25) y tras unas maratonianas negociaciones que se han prolongado durante toda la madrugada.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha celebrado en su cuenta de Twitter el acuerdo alcanzado:

El documento ha sido aprobado por la presidenta de la COP25, la chilena Carolina Schmidt, tras un tenso debate con Brasil que no aceptaba inicialmente dos párrafos incluidos en el acuerdo sobre océanos y uso de tierras.

La futura regulación de los mercados de carbono se ha pospuesto para la próxima Conferencia, aunque en la cumbre de Madrid se han conseguido importantes “avances” sobre el sistema que debe ordenar el comercio de derechos de emisión en todo el mundo.

La regulación de esos mercados (el Artículo 6 del Acuerdo de París) ha sido desde el comienzo de la cumbre uno de los principales escollos para lograr un acuerdo.

Durante toda la conferencia han persistido dos grandes escollos relacionados con los mercados de carbono: uno, el referido a la doble contabilidad que algunos países quieren evitar; y, otro, el relativo a la transición de los remanentes de derechos de emisiones que algunos Estados conservan del Protocolo de Kioto y que pretenden mantener en la transición al Acuerdo de París.

La Presidencia chilena de la cumbre y Brasil han mantenido durante los últimos días un pulso respecto a la regulación de esos mercados en el artículo 6 del Acuerdo de París.

La Unión Europea aceptó abrir un plazo de transición para reconocer los bonos antiguos hasta el año 2023, pero Brasil ha insistido en que se alargue ese periodo transitorio al menos hasta el año 2025, según han informado a EFE fuentes de la delegación chilena, que han destacado el “esfuerzo y la flexibilidad” que ha realizado la Presidencia para tratar de buscar consensos en este asunto.

Los textos que se han avanzado durante la cumbre de Madrid se consideran, por parte de la Presidencia chilena, “buenos avances” desde el punto de vista técnico.

Sin embargo, se requieren todavía algunos ajustes entre las diferentes visiones de las partes, en concreto sobre lo que se refiere al apoyo financiero obligatorio para los países más vulnerables, para evitar la doble contabilidad y para determinar ese proceso de transición de Kioto a París.

Como las diferencias no se han limado por completo, la Presidencia chilena ha pospuesto una posible solución hasta la próxima Conferencia (COP26), que se celebrará en Glasgow, han informado las mismas fuentes de la Presidencia chilena.

Los textos en lo que se ha avanzado no se han sometido a votación, ya que si se votaban y no se aprobaban decaían por completo, y la Presidencia chilena considera que son una buena base de partida para avanzar en las próximas citas.

También se ha referido a ese trabajo en la regulación de los mercados de carbono la ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

“Se trabajó intensamente para asegurar unos mercados de carbono globales que aseguren una contabilidad robusta respetuosa de la integridad ambiental. Algunos no se sintieron cómodos, así que queda pendiente para el año que viene”, ha señalado Ribera en su cuenta de la red social Twitter.

El acuerdo final de la COP25 establece que los países deberán presentar en 2020 unos compromisos más ambiciosos de reducción de emisiones (las llamadas Contribuciones Nacionales Determinadas) para hacer frente a la emergencia climática.

Según el documento, el conocimiento científico será “el eje principal” que debe orientar las decisiones climáticas de los países para aumentar su ambición, que deberá actualizarse permanentemente de acuerdo a los avances de la ciencia.

El texto recoge “el imperativo” de que la transición hacia un mundo sin emisiones sea justa e impulse la creación de empleo decente.

El acuerdo reconoce además la acción climática de los actores no gubernamentales e invita a que la aumenten.

Las discusiones en Madrid han mostrado asimismo que son las personas y sus preocupaciones las que deben estar en el centro de la respuesta climática.

Los países han acordado también dar directrices al Fondo Verde de ayuda al desarrollo para que amplíe su ámbito de financiación y que, además de dirigirse a mitigación y adaptación, destine por primera vez recursos para pérdidas y daños que sufren los países más vulnerables a causa del cambio climático.

Los negociadores han acordado además un nuevo plan de acción de género para dar respuesta al efecto desigual que causa el clima en mujeres y niñas, respecto a los hombres, y será revisable en 2025.

Como respuesta a los informes especiales del panel de expertos de la ONU sobre cambio climático en 2019, la Convención del Clima celebrará un diálogo sobre océanos y otro sobre usos del suelo en junio de 2020.

El texto subraya también el papel de las soluciones basadas en la naturaleza y la necesidad de abordar la pérdida de biodiversidad.