Acabar con el silencio
Es una cuestión de democracia. Es una cuestión de justicia. Es nuestro deber.
Recuerdo como si fuese ayer (y ya han pasado treinta años), a mi madre en una comida familiar contando, no sin cierto reproche, que cuando ella era niña su padre, mi yayo, no le había permitido asistir a una excursión escolar a un lugar de culto. Al instante le pregunté a mi abuelo -¿por qué?- Y me contestó “porque desaparecían niños”. No le contesté. La conversación se dio por finalizada. Reinó el silencio.
Conocí a Neus Roig el pasado viernes en una cafetería de Tarragona. Acompañada del profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Santiago Castellà, me explicaron la misión del Observatorio de las Desapariciones Forzadas de Menores. Creado en octubre de 2016, en la Universitat Rovira i Virgili, tiene como misión acabar con la vulneración de derechos humanos que supuso la desaparición forzada de menores que tuvo lugar en nuestro país durante toda la dictadura y los primeros años de nuestra democracia. En estos extraños tiempos donde hay quién osa volver a poner en duda lo indiscutible, la lucha del Observatorio debería ser la lucha de toda España. La de todos y todas los que porque creemos en la democracia, condenamos el golpe de estado militar del dictador Franco.
Recuperar la memoria histórica de nuestro país, es una obligación de Estado. Por eso urgía una ley como la de Memoria Democrática, recientemente aprobada por el Consejo de Ministros y Ministras. Y por eso urge avanzar a nivel legislativo en la que será la primera Ley de Bebés Robados. En España existen más de 3000 denuncias archivadas. No estamos ante casos aislados si no ante desapariciones sistemáticas, perdurables en el tiempo y realizadas por personas e instituciones concretas. Por eso, pero sobre todo por cada una de las madres a las que les arrancaron sus bebés mediante falacias, debemos hacer justicia. Urge que se impulsen las investigaciones, que se permita acceder a los archivos y que se reabran las causas judiciales. Sólo así avanzaremos en los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las víctimas. En ellos debe enraizarse el futuro texto legislativo.
Debemos recuperar esas 3000 denuncias archivadas, porque en realidad son 3000 historias de vida robadas. 3000 historias que esconden mentiras silenciadas durante años, durante décadas. Cada una de ellas repletas de desasosiego y pena, de esa desesperación que sólo pueden sentir, y que sólo reconocen, los y las familiares de los desaparecidos. La desesperación del no saber. 3000 reinos del silencio a los que debemos dar voz.
Cientos, miles de mujeres han llorado la muerte de unos bebés, de sus bebés, que en realidad han vivido y crecido en otros brazos y con otros abrazos, en algún lugar no muy lejano. Cientos, miles de mujeres todavía hoy buscan a sus hijos e hijas; y también cientos de hijos e hijas contrariados por una realidad que les abruma, por una vida de mentiras, viven obsesionados ahora con encontrar sus orígenes, con conocer y reconocer a sus madres biológicas, y con recuperar su propia identidad.
Desde el pasado viernes escucho una y otra vez las palabras de mi yayo: “No fue de excursión porque desaparecían niños”. Y estoy convencida que este país no podrá cicatrizar sus heridas mientras existan cuerpos sin identificar en las cunetas, madres sin conocer el paradero de sus hijos, y ciudadanos y ciudadanas sin identidad. Es una cuestión de democracia. Es una cuestión de justicia. Es nuestro deber acabar con el silencio.