¿A quién perjudica la nueva ley de Cifuentes? ¿A quién beneficia?

¿A quién perjudica la nueva ley de Cifuentes?

Puede leerse la ley y corroborarse todo esto con la propia ley, aquí.

A todos los estudiantes

Tendrán profesores sobrecargados de clases que no podrán actualizar lo que imparten. Por consiguiente, los estudiantes no tendrán acceso a los últimos adelantos en investigación. Además continuarán de las altas tasas, entre las más altas del planeta y, desde luego, de Europa (en Madrid, el mismo máster cuesta diez veces más que en Francia, en Alemania, en Serbia, en Estonia...). La nueva ley de Cifuentes no aporta nada que propicie esta bajada de tasas.

Continuará la cada vez más escasa interacción con estudiantes extranjeros, puesto que en Madrid sufren de altísimas y racistas tasas para los extra-comunitarios (en Madrid, el mismo máster cuesta 25 veces más que en Francia, en Alemania, en Serbia, en Estonia...).

Además los estudiantes tendrían solo el 4% de la representación en los órganos que propone la Ley y ni siquiera no garantiza la independencia del nuevo Consejo Interuniversitario de Estudiantes, dejándolo bajo el control de la Consejería.

Y es que sus problemas importan bastante poco al gobierno de Cristina Cifuentes. Basta con ver el espacio que la por la nueva Ley para el Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES) dedica a los estudiantes: cuatro artículos entre 124 de una ley «para la educación superior».

Al Personal de Administración y Servicios (PAS)

Todo va mal para ellos. Son los grandes ignorados de la LEMES, aún más que los estudiantes. Sus problemas (condiciones laborales, formación, saturación de obligaciones) no importan nada a Cristina Cifuentes, pese a lo mucho que deberían importarle.

La ley contempla dejar solo unos fondos mínimos que no se igualan a la media europea. El PAS será el colectivo más perjudicado por un proyecto en el que no aparece ningún objetivo basado en alcanzar los porcentajes mínimos de financiación, por ejemplo, de las mejores universidades europeas, ni del Tratado de Lisboa ni de las universidades estadounidenses (por cierto, las estadounidenses se encontraban antes de la era Trump entre las que de más inversión pública disfrutan en todo el planeta, con un 3%). (¿No lo sabían?)

Es decir, cada vez menos PAS, cada vez más precarios, cada vez más sobrecargados de trabajo y cada vez más ignorados.

A los rectores y a los Consejos de Gobierno

La financiación por objetivos basados solo en servicios incapacitará el diseño y la activación de proyectos atrevidos e innovadores, pues los rectores deberán limitarse a las líneas en las que ya son fuertes sus universidades.

Además sufrirán una gran injerencia del gobierno de la Comunidad de Madrid mediante el chantaje presupuestario y a través de los Consejos Sociales, donde dicho gobierno cuenta con presidentes y miembros puestos a dedo. Dice la LOU que estos miembros deben servir a los intereses sociales, pero el PP por «intereses sociales» entiende solo los de las grandes empresas. Por favor, entren en las webs de los Consejos Sociales de las universidades públicas madrileñas y asómbrense con la «labor social» de muchos de los miembros que los componen. Échenle un vistazo, de verdad.

A los Consejos Sociales y, por consiguiente, a la sociedad madrileña

De pronto, sus miembros se enfrentarán a complicadas decisiones universitarias con una minoría de miembros que sepan realmente de universidad. Por cierto, la ley prevé que entre los miembros que respondan a los intereses sociales no puede haber ningún miembro de una comunidad universitaria ¡de todo el país! ¡No vaya a ser que haya gente que sepa de universidad y que piense de verdad en cómo centrarla en intereses sociales reales!

Hay un absoluto silencio acerca de la verdadera transferencia social porque, ¿para qué engañarnos?, van a estar demasiado ocupados invadiendo la autonomía universitaria mediante el control de cuentas encargado por el gobierno.

Además deberán asumir un montón de nuevas funciones –todas ellas de control mercantil– sin apenas fondos ni estructuras.

Por todo ello, continuamos con el fracaso de su labor social: ni traerán dinero, ni buscarán cómo la universidad pueda poner sus recursos al servicio de necesidades sociales de ciudadanos que los necesitan y que no trabajan en grandes empresas.

Seguirán por tanto con sus pantomimas de sesiones limitadas a ratificar decisiones o a juzgar «casos raros de estudiantes que piden convocatorias extras»; cuando su nueva función de Consejo Administrativo les deje tiempo para ello, claro.

A los profesores (e investigadores)

Los profesores que entiendan que la docencia y la investigación se complementan serán los más perjudicados por la LEMES. Pese a que ya existen centros exclusivos dedicados a la investigación que podrían impulsarse, el PP se dedica a destruir el concepto de «docente universitario».

Ya se encuentran sobrecargados de burocracia y de labores de gestión administrativa que ni figuran en sus contratos ni entre sus competencias. Esto se debe a la enorme precariedad del PAS y su cada vez más escaso número. Evidentemente, esta falta de PAS redundará cada vez más en menos tiempo para preparar clases y para investigar.

A los investigadores (y profesores)

Se prevé que el gobierno de la Comunidad de Madrid fuerce fusiones de titulaciones gracias a las competencias brindadas LEMES, lo que a la larga llevará a una concentración de departamentos en pocas facultades. Esto cerrará líneas de investigación y complicará la pluralidad de miradas sobre cualquier campo de conocimiento.

Toda investigación que necesite pocos fondos, pero mucha visibilidad o apoyo gestor va a ceder su puesto a los grandes grupos de investigación que aporten patentes o puestos en rankings. Olvídense de tener apoyo para las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias básicas. Respecto a la falacia de que cuanto más crezcan los grandes grupos más dinero habrá para estudios de Historia o Literatura suena a eso de que cuanto más ganen las empresas más contratarán. ¿Por qué? ¿Está ocurriendo eso? Las grandes empresas españolas cargan de más trabajo y de más horas laborales a sus trabajadores cuanto más ganan. Ni contratan mucho más ni mejor. Pues eso, pero con que los ingenieros aeronáuticos, cuando tengan mucha pasta, cederán una parte a los historiadores. ¡JA!

¿A quién beneficia la LEMES o Ley 0,0 (cero para PAS, cero para estudiantes, cero para profesores...)?

Al gobierno del PP, para que pueda, mediante un (nada encubierto) chantaje presupuestario, decidir quién investiga, qué se investiga y cómo se investiga y se enseña en las universidades públicas madrileñas.

A grandísimos grupos de investigadores cuyas patentes puedan venderse caras o permitan subir en rankings con los que simplemente se ponga medallas el politiquillo de turno.