8 de marzo: mujeres, política y pandemia
La representación de las mujeres en política está muy lejos de la paridad.
Hace 25 años, había 12 jefas de Estado en el mundo. Hoy son 22 en 195 países. En 1995, había un 10% de parlamentarias a escala global. El año pasado eran un 23%.
Si bien estas cifras podrían indicar que ha habido avances en la participación política de las mujeres estos no solo han sido dolorosamente lentos, sino absolutamente insuficientes.
Según nuestras estadísticas, no alcanzaremos la paridad hasta el año 2063 para legislaturas nacionales y para jefas de estado y de gobierno serían otros 130 años más. Mucho menos habremos cumplido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible con respecto a la igualdad de género.
Y no es un problema solo de cuotas. Lo que en realidad dicen estas cifras es que no existen mecanismos que garanticen y protejan el derecho de las mujeres a ocupar cargos de alto nivel y a una participación política sin violencia.
Estamos lejos de la paridad. Está claro que cuando se trata de política las mujeres no estamos ni representadas, ni valoradas, ni incluidas. También hay obstáculos estructurales y normas de género discriminatorias que limitan la contribución de las mujeres a la vida pública.
La pandemia del coronavirus ha dejado ejemplos claro de cómo el rol de algunas de las mujeres gobernantes en puestos de decisión en algunos países ha logrado evitar las consecuencias más profundas del virus en términos de salud pública y consecuencias económicas.
Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, Angela Merkel en Alemania y Mette Frederikssen en Dinamarca aportaron firmeza y decisión, una fuerte impronta de diseño de la respuesta basando sus decisiones en evidencia empírica, pero también responsabilidad y empatía por las personas más afectadas. Una exitosa combinación de eficacia, reconocimiento del rol de la ciencia y el liderazgo del estado y humanismo.
Por otra parte, la pandemia y sus consecuencias han sido particularmente adversas para la mayoría de las mujeres del mundo. La desaceleración abrupta de la economía, los confinamientos y la carga de los cuidados han tenido un impacto desproporcionado sobre ellas.
Han sido las primeras en la línea de batalla, las primeras en perder sus empleos y quienes tuvieron que asumir el trabajo reproductivo, es decir, el cuidado de hijos, hijas, personas mayores o enfermos de la covid u otras.
Asimismo, han sido víctimas de un incremento en casos de violencia de género, del cual tuvimos indicios en América Latina y el Caribe desde el inicio de la crisis. En Colombia, la línea 155 registró un crecimiento del 98% de las llamadas por violencia intrafamiliar. En Paraguay, las llamadas a la línea 137 aumentaron un 78% durante la cuarentena.
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es el día en que hacemos visible y sumamos fuerzas alrededor de la lucha permanente de las mujeres y sus organizaciones por lograr la igualdad real.
Este año, desde ONU Mujeres, hemos decidido destacar la importancia de la lucha histórica de las mujeres del movimiento social en el avance por los derechos humanos y por los derechos de las mujeres y la importancia de que las mujeres encabecen la recuperación de la pandemia desde todos los lugares de toma de decisiones.
Además de alzar nuestra voz y manifestarnos unidas este 8 de marzo, desde las organizaciones internacionales también estamos adoptando pasos concretos para que ese mundo más igualitario y más justo con las mujeres se haga realidad.
Hace 25 años, el mundo adoptó la Plataforma de Acción de Beijing, que establece la igualdad de derechos de las mujeres para participar en el gobierno a través de cargos públicos y de liderazgo. Una sólida declaración de principios que, desafortunadamente, no ha sido suficiente para el avance sustantivo.
A principios del año pasado, en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en Chile adoptamos el Compromiso de Santiago, “para acelerar la efectiva implementación de la Plataforma de Acción de Beijing”.
En esa oportunidad, volvimos a revisar qué mecanismos, qué leyes y hasta qué financiamiento tenemos que asegurar para garantizar que haya más mujeres en política, en el gobierno, en posiciones de liderazgo y toma de decisiones.
Hace algunos días, coorganizamos junto a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la mesa directiva de la Conferencia Regional de las ministras de la Mujer, donde participaron todos los países, así como varias vicepresidentas y representantes de la sociedad civil de toda la región, para acordar los planteamientos que llevaremos a mediados de marzo a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, un organismo independiente designado por Naciones Unidas para que los Estados, la sociedad civil y las agencias de Naciones Unidas garanticen la puesta en práctica de los acuerdos de Beijing.
Se necesita una firme voluntad política, que se traduzca en asignación de recursos y el compromiso de todos los niveles de gobierno para financiar los ministerios de las mujeres, instalar mecanismos de financiamiento de las organizaciones de mujeres, y garantizar la participación política de las mujeres.
Este 8 de marzo es la ocasión para volver a hablar de la lucha incansable de tantas mujeres, de acompañar ese esfuerzo y de reafirmar compromisos. Pero también es el momento de establecer un plan claro y realista para lograr que como sociedades, contribuyamos de forma equitativa a los desafíos más urgentes de la humanidad, y avanzar hacia una sociedad de cuidados.
Es difícil, y ya lo hemos intentado otras veces. Pero, no tenemos otra opción. Ya no podemos seguir ignorando a millones de mujeres y niñas que se enfrentan diariamente a la discriminación y la desigualdad.
En nuestra región, muchas mas mujeres y niñas están pasando hambre por el impacto de la crisis del coronavirus. Es inaceptable asumir este retroceso que ya es evidente y que deconstruye más de una década de avances en el empoderamiento de las mujeres. Por ellas, tenemos que seguir trabajando.
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