2020, el año más mortífero para los activistas ambientales
Hubo 227 asesinatos de líderes 'verdes' en todo el planeta, lo que significa, en promedio, cuatro muertos por semana. Colombia y México, los peores países.
En Colombia y México defender el medioambiente se ha vuelto casi una sentencia de muerte: los dos países registran el número más alto de asesinatos de defensores ambientales en el mundo, con 65 y 30 homicidios en 2020, respectivamente, según un estudio publicado por Global Witness.
La organización señala además 2020 como el año más mortífero desde que lleva el recuento, con 227 asesinatos de líderes ambientales en todo el planeta, lo que significa, en promedio, cuatro líderes muertos por semana, y superando el récord de 212 muertes violentas de 2019.
La pandemia de coronavirus, en lugar de reducir los crímenes, hizo de los defensores un blanco más fácil al estar encerrados en sus casas. La organización alerta además de un aumento en el tipo de amenazas, con más arrestos, campañas de desprestigio y criminalización bajo una retórica antiterrorista.
Más peligro, más batalla
América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para los defensores del medioambiente: 3 de cada 4 ataques registrados en el 2020 sucedieron en la región y 7 de los 10 países más afectados son latinoamericanos.
La alta incidencia sucede en parte porque los casos se pueden documentar con más facilidad, ya que “en otros continentes el acceso a la información es más limitado (...), no es que haya menos casos sino que muchos de ellos no llegan a fuentes públicas”, afirmó a Efe Laura Furones, activista de derechos humanos de Global Witness.
La fortaleza de la sociedad civil y de los movimientos indígenas que pervive con fuerza en América Latina, recalcó Furones, permite una “defensa fuerte de los recursos”, pero también conlleva “enfrentamientos y asesinatos por esta oposición pacífica”.
Después de Colombia y México, el tercer puesto mundial lo ocupa Filipinas (29), seguido en su mayoría por países latinoamericanos: Brasil con 20 asesinatos, Honduras (17), República Democrática del Congo (15), Guatemala (13), Nicaragua (12), Perú (6), India (4), Indonesia (3), Sudáfrica (2) y Tailandia (2).
En la cola de la clasificación están Uganda, Irak, Argentina, Costa Rica, Arabia Saudí, Sri Lanka, Nepal, Canadá y Kiribati, con un defensor asesinado por país.
¿Por qué?
Los altos niveles de violencia se suman a la impunidad para perseguir los crímenes. De hecho, esa sigue siendo la gran incógnita: ¿quién los asesina y por qué?
“El caso clásico de asesinato de personas defensoras es aquel en que la persona ejerce una oposición pacífica a un proyecto empresarial, de desarrollo, sea forestal, minero o de agroindustria; en esta labor de oposición pacífica se ven asesinados”, afirmó Furones.
Los datos de la organización respaldan la tesis: el 30 % de los asesinatos ocurrieron en zonas con proyectos de tala de árboles, represas hidroeléctricas, infraestructura, minería o agroindustria a gran escala. Aún así, en 112 casos no se pudo establecer un vínculo claro.
La tala y la deforestación fueron los sectores con más ataques, con 23 muertes entre Brasil, Nicaragua, Perú y Filipinas y con un aumento muy importante en México, con 9 casos.
Indígenas, afrodescendientes y pequeños campesinos
Un tercio de todos los asesinatos fue de indígenas de Latinoamérica y Filipinas. En Colombia, con un alza continuada de violencia desde 2017, un tercio de los asesinatos fueron de indígenas o afrodescendientes, y casi la mitad de pequeños campesinos. Un pico de violencia que en 2020 representó el 29 % de todos los ataques mortales documentados en el informe de Global Witness.
Ese aumento se explica en parte “por la amenaza que representan para paramilitares y organizaciones criminales los programas de sustitución de cultivos de coca –que proveen incentivos para que los agricultores siembren otras especies– que se incluyeron en el acuerdo de paz con las FARC en 2016”, según el informe.
Global Witness registró 17 casos en que las víctimas fueron blanco de ataques por su apoyo o participación en programas de sustitución de cultivos ilegales.
Además de ser el segundo país con más asesinatos, México vivió un aumento del 67 % de estos crímenes respecto a 2019, mientras que en Brasil la organización destaca cómo la covid-19 amenazó en “extinguir” a las comunidades indígenas, con una escasa protección por parte del Gobierno.
También Nicaragua llamó la atención este año –un país de apenas 6 millones de personas–, donde Global Witness registró 12 asesinatos en 2020 en comparación con 5 en 2019, lo que lo convierte en el país más peligroso per cápita.
Peor en pandemia
Con estas cifras, Furones resaltó que la pandemia contribuyó a una parálisis del sistema administrativo y legal para perseguir a los culpables de los crímenes, “y el acceso a la Justicia se ha visto muy mermado”.
A pesar de la impunidad y la violencia, la investigadora defendió que las luchas de los defensores son “cruciales” y debe ser “papel de todos protegerlos”, sobre todo cuando hay “por delante una década tan crucial con respecto a la crisis climática, donde el tiempo se acaba y el papel de las comunidades y de las poblaciones locales va a ser todavía más importante”.
