Utoya, 10 años después: el genio del extremismo escapó de la botella y sigue libre

Noruega, el país más feliz del mundo, la nación con menos riesgo de violencia del planeta, amaneció el 22 de julio de 2011 en su confortable burbuja, tan envidiada por el resto del mundo. No sabía que ese día iba a perder la inocencia, para siempre. Justo diez años después de que Anders Behring Breivik pusiera un coche bomba en Oslo y, de seguido, tirotease a los participantes en un campamento de verano en la isla de Utoya, matando a 77 personas e hiriendo a 319 más, las heridas siguen abiertas, hasta purulentas. Es una realidad que ha costado asumir y tiene sumido al país en un profundo análisis de conciencia.

La sociedad constató que la mentalidad de ultraderecha había calado en una parte de su población más importante de la advertida, hasta el punto de llevar a uno de sus ciudadanos -tan blanco, tan rubio, tan local- a matar orgullosamente. “Un crimen atroz pero necesario”, “un acto de bondad”, “patriótico”, frente a los defensores del “pernicioso multiculturalismo” que amenazaba lo conocido, como defendió ante los jueces. “Esto es un golpe de estado”, dijo el terrorista al policía que fue a arrestarlo. Y lo fue. No en las instituciones, pero sí en el alma de toda una nación.

¿Qué pasó?

El 22 de julio de 2011, a las 15:26 horas, se produjo una explosión en el entorno de la oficina del entonces primer ministro Jens Stoltenberg, hoy secretario general de la OTAN. En esa zona se congregaban casi todos los edificios gubernamentales de la capital noruega. La deflagración afectó especialmente a la sede del Ministerio de Petróleo y Energía, pero el fuego se extendió por cinco manzanas y la onda expansiva se sintió en kilómetros a la redonda.

De acuerdo con las investigaciones policiales posteriores, el ataque fue perpetrado por Breivik mediante un coche bomba, aunque aún no está claro si hubo más de una explosión. Ocho personas fueron asesinadas en ese primer golpe.

Poco después, el mismo atacante se trasladó a la isla de Utoya, al norte de Oslo, donde se estaba celebrando un encuentro de las bases juveniles del Partido Laborista, las AUF. Disfrazado de policía, reunió a todas las personas que se encontraban en el islote con la intención de llevar a cabo un supuesto “control de seguridad”, según el relato de los supervivientes. Cuando los tuvo controlados, a su merced, comenzó a disparar indiscriminadamente con el rifle y la pistola que portaba. 69 civiles más murieron, bien por sus disparos, bien ahogados mientras trataban de escapar.

Breivik no paró de tirar y tirar durante 70 minutos, cargando munición y lanzando gritos -″¡Tenéis que morir todos!”-. Se encontraron varias bombas repartidas por la isla, que no llegaron a explotar. La masacre podría haber sido aún mayor si lo hubieran hecho, con más víctimas entre los jóvenes de izquierda o los servicios médicos y de rescate.

¿Quién era Breivik y dónde está ahora?

Anders Breivik tenía 32 años cuando cometió esta doble masacre, sin parangón en la historia de Noruega. Hijo de un economista y diplomático y de una enfermera, crecido por tanto con desahogo, era reconocido por sus compañeros de escuela como inteligente y solidario y se acabó formando en Comercio y Derecho. Durante los años 2000 y 2007, se afilió al derechista Partido del Progreso, pero cuando sus ideas se volvieron más radicales, abandonó la formación. Han aparecido escritos que dan cuenta de su desencanto. Quería más.

Poco a poco, desarrolló una profunda ideología de derecha extrema. El odio contra la multiculturalidad creciente de Noruega y, particularmente, contra el islam, era la base de ese pensamiento. Naciones Unidas calcula que hay unos 867.765 inmigrantes en el país, lo que supone un 16,17% de la población de Noruega.

Llegó a escribir un texto llamado 2083: Una declaración europea de la independencia, en el que desgranaba su personalidad y sus ideas durante 1.500 páginas que parecían delirantes pero tenían método, como tristemente se acabó viendo en sus ataques. Ahí estaba todo: el rechazo visceral al diferente, el rencor por las ayudas sociales repartidas por las administraciones, el enfado por los “valores patrios” diluidos con la mezcla... Ahorró todo lo que pudo desde 2002, cuando ya tenía el ataque en mente, hasta que pudo perpetrarlo. Nueve años diseñando cada detalle y sin levantar sospechas.

Nunca mostró ningún signo de arrepentimiento durante el juicio. La defensa quiso argumentar que tenía una enfermedad mental, pero el tribunal lo rechazó sin duda. Sabía perfectamente lo que hacía. Quería hacerlo. Actuaba “en defensa propia”, decía. Cada día llegaba a la sala haciendo el saludo nazi, por si había dudas.

El 24 de agosto de 2011 fue condenado a 21 años de prisión, prorrogables. Si las autoridades noruegas considerasen que, pasado ese tiempo, Breivik sigue siendo peligroso para la sociedad, continuaría entre rejas. Mientras, se ha cambiado el nombre por el de Fjotolf Hansen y está estudiando Ciencias Políticas. Denunció al estado por su situación de aislamiento -sólo su madre y su abogado podían visitarle- y ganó el caso por violación de derechos fundamentales. Habló de tortura, incluso, sin consecuencias. Y aseguró que esa soledad sólo le había radicalizado más.

¿Qué brecha abrieron los atentados?

Más allá del hondo agujero personal de la pérdida directa y las heridas de tantos noruegos, los atentados de Oslo y Utoya supusieron un despertar del sueño. No todo era paz y progreso. El país ideal no existía y bajo sus adoquines lo que había eran corrientes de odio, cada vez menos soterrado, cada vez más organizado, que veía la luz de la forma más terrible.

La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) tuvo que reconocer que que las estrategias para prevenir el extremismo violento solo se centraban “en el terrorismo en nombre de la religión o proveniente de ciertos grupos étnicos o religiosos”, pero se habían dejado de lado “los riesgos reales a los que nos enfrentamos actualmente desde otras direcciones, como el extremismo violento de extrema derecha”. Se estaba mirando a un único lado, al típico, y en el ángulo muerto estaba el mal.

Breivik dijo en sus declaraciones que había tenido “cómplices” y había otras “células” listas para atentar, pero nada de eso pudo ser verificado. Sin embargo, sí trascendieron los lazos con organizaciones ultras locales, muy activas en redes sociales. “Breivik estaba solo en su extremismo, en sus crímenes. Pero también es interesante ver que se mueve en un contexto socio-político innegable. No apareció de repente”, comentó ante el juicio Kari Helene Partapuoli, directora del Centro Antirracista de Oslo.

En la sociedad noruega se había instalado un radicalismo que se vio con este estallido pero se confirmó, pronto, en las urnas, con otro tipo de derecha, más institucionalizada. Tras dos mandatos laboristas (los progresistas a los que tanto odiaba Breivik), el Partido del Progreso (FrP), la agrupación populista de extrema derecha, de ideología islamófoba y xenófoba, que el asesino dejó por blanda, comenzó a formar parte de la coalición de Gobierno en 2013. Ahí han estado, hasta enero de 2020, en que se rompió la alianza presidida por la líder del Partido Conservador (Hoyre), Erna Solberg.

En las elecciones más recientes, en 2017, aún lograron casi medio millón de votos, tercera fuerza en un país con 5,2 millones de habitantes. Sus políticas, las esperadas: cierre de fronteras, limitación de la reunificación familiar, agilización de las deportaciones e incluso veto a que los sintecho pidan limosna.

No obstante, siempre se han posicionado de palabra en contra de la violencia y han condenado el ataque doble de Breivik, pero los analistas insisten en que ese imaginario puede mover a extremistas y hasta desequilibrados a tratar de imponer su visión por las armas. Mensajes que se multiplican por toda Europa. Los discursos de odio están cada vez más presentes en la vida política, en las redes sociales y en la mayoría de medios de comunicación, la proliferación de acciones violentas con el sello neofascista se ha incrementado y, pese a que los países empiezan a despertar de su letargo, en pocas ocasiones estos elementos son considerados ni como terroristas ni como una amenaza real. De hecho, a menudo se les atribuyen problemas de adaptación o enfermedades mentales, algo que no se esgrime cuando el terrorista es un yihadista.

Noruega fue primero, pero detrás han venido otros muchos casos similares o, directamente, inspirados en aquello: los ataques terroristas ultraderechistas como el atentado de Christchurch (Nueva Zelanda, en los que el atacante citó a Breivik como su guía), que acabó con la vida de 51 personas en una mezquita; el de en Pittsburgh (EEUU) –11 muertos en un ataque a una sinagoga– o el de Charlestone (también EEUU) contra una iglesia afroamericana, que dejó otros nueve muertos... El 70% de las víctimas de ataques terroristas recientes en EEUU han sido por los atentados de la extrema derecha, reconoce en FBI, que ha asumido que no se ha visto la amenaza hasta que era demasiado tarde.

Y en la propia Noruega han sido golpeados, en esta década, por más asesinatos con este cariz: tras haber matado por racismo a su hermanastra de origen asiático, otro hombre, Philip Manshaus, disparó en una mezquita de las afueras de Oslo antes de ser controlado y desarmado por fieles, sin dejar heridos graves. Estaba “profundamente inspirado” en Breivik. Fue en agosto de 2019.

Un sistema que no protegía tanto

Una de las conclusiones más claras de aquellos ataques es que no todo funcionaba como un reloj en Noruega. Nadie vio venir a Breivik pero es que, ante la sucesión de acontecimientos ya en marcha, tampoco se actuó convenientemente. ¿Podía funcionar mal la Policía, por ejemplo? Sí. Una comisión independiente que analizó lo sucedido concluyó en 2012 que el primer atentado se podía haber evitado con algo tan sencillo como cerrar una calle, una recomendación incumplida desde hacía años en la zona de los edificios gubernamentales de Oslo. La otra gran conclusión de este estudio es que una mayor rapidez policial habría logrado detener al atacante antes de disparar durante 70 minutos seguidos a un grupo de indefensos jóvenes.

A ello se suma la respuesta tardía de las fuerzas de seguridad: desde el momento en que la Policía recibió la llamada oficial de las autoridades locales del pueblo más cercano a Utoya pidiendo su intervención hasta que las fuerzas policiales desembarcaron en la isla transcurrieron 47 minutos, y sólo dos minutos después de llegar los efectivos policiales el asesino se rindió. Lo mismo pasó con los sanitarios, muy criticados también por su dilación.

La sociedad sintió que la cadena de protección falló y, aunque se produjeron dimisiones en la cúpula policial y se pidieron disculpas públicas, el hilo de la confianza en el “todo va bien” se deshilachó de pronto y así sigue. El estado de bienestar noruego era y es de alta calidad, pero no perfecto.

“Sabemos que lo pudimos haber hecho mejor. Sabemos que pudimos hacer las cosas mejor antes”, afirma la primera ministra Solberg. “Es siempre difícil llegar a todos los afectados”, justifica, cuando los supervivientes y las familias de los fallecidos lamentan la falta de asistencia psicológica, de ayudas económicas o de inversión para evitar que esto se repita.

Más toma de conciencia

El shock fue tan grande que pocos de los supervivientes y testigos de aquella matanza han sido capaces de retornar a una vida normal, y menos aún a la política, que era el camino ansiado por muchos de los chicos asesinados en Utoya. Anders Viljar Hanssen, a quien se dio por muerto en un primer  momento, que perdió un ojo y varios dedos por un disparo y aún arrastra metralla en el interior de su cabeza, es uno de los pocos que sí han seguido adelante y ocupa hoy un escaño del Partido Laborista en el parlamento de la ciudad de Tromsø. Explica en el diario Expressen que empezó escapando de todo, por propia salud, pero luego ha tomado conciencia de la necesidad de pelear porque no se ha producido “la completa toma de conciencia” de la gravedad del problema que arrastra el país.

Justo la pasada primavera, explica, se comenzó a mover un grupo de jóvenes laboristas que, al calor del aniversario y tratando de reivindicar la memoria de los compañeros perdidos, pide cuentas a los gobernantes para que analicen la situación y actúen ante los riesgos. El propio Viljar sigue recibiendo amenazas hoy día, denunciadas correspondientemente, “porque ahora sabemos las consecuencias que pueden tener”.

Astrid Eide Hoem, otra superviviente al frente de las juventudes laboristas, plantea preguntas sin respuesta en una entrevista con AFP. “¿Cómo jóvenes blancos que crecieron como nosotros en Noruega, fueron a las mismas escuelas y vivieron en los mismos barrios, desarrollaron visiones tan extremas como para creen que los autorizan a matar? Fracasamos en este debate”, dice.

Esta joven, que entonces tenía 16 años y aún arrastra la angustia de no poder ir a todos los entierros de sus amigos, de tantos como eran los asesinados, cree que Noruega no ha discutido aún sobre las convicciones que impulsaron al neonazi a atacar. “Discutimos sobre la falta de preparación de los socorristas, sobre el número de policías que tenemos que tener en la calle, sobre el número de helicópteros, sobre los memoriales, sobre la salud mental de Breivik… Pero no hemos discutido sobre la ideología política detrás”, se duele.

Sin embargo, en un país que trata de ser exquisito en el respeto de cualquier libertad, hasta las denuncias de estos jóvenes progresistas son criticadas, cuando piden más vigilancia, más controles. Las propias víctimas del 22 de julio de 2011 son denunciadas por supuestamente instrumentalizar la tragedia cada vez que han querido debatir sus bases ideológicas, sus raíces, y denunciar la retórica antiinmigratoria, a veces incendiaria, de la derecha populista. Hay que respetar la libertad de expresión, les responden. El caso de Oslo-Utoya se toma como una anomalía. Incluso la profusión de documentales, películas y libros sobre el doble atentado que han visto la luz en estos años (Utoya, 22 de julio, 22 de julio, One of us...) han tenido más impacto dentro que fuera de sus fronteras.

No obstante, bien posicionado como está para recuperar las riendas del poder tras las elecciones legislativas del 13 de septiembre, el Partido Laborista se comprometió, por medio de su movimiento juvenil, a crear una comisión para investigar los mecanismos de radicalización en el país.

No es mucho, pero es el principio.