Hablemos de torturas

Podría ser el testimonio del antiguo rehén de alguna milicia latinoamericana o grupo terrorista yihadista, o un exprisionero de un campo de concentración en Corea del Norte. Por desgracia, la persona que afirma haber sufrido esta brutal experiencia vive mucho más cerca de lo que usted cree. No es necesario cruzar las fronteras invisibles que separan el centro del sistema-mundo de las zonas periféricas, plagadas en nuestro imaginario chovinista de peligros para la civilización. Ni siquiera es necesario salir de esta península de contradicciones y desigualdades.

Basta con mirar un poco al norte, allá en las vascongadas, como gustan los nostálgicos de tiempos más oscuros (poco dados a la reconciliación, algo más a la imposición) de llamar a lo que culturalmente sería más correcto llamar Euskal Herria, aunque políticamente todavía no esté muy claro qué queremos unos y otros de ese borrón de fronteras que separan (o unen, piénsenlo) lo castellano y lo euskaldún. Basta con observar lo que aquí sucede, aunque más al sur nos cueste verlo, para empezar a entrever que el problema es más que una simple verdad incómoda.

El documental de Ahotsa.info que precede a este párrafo narra la brutal actuación de la Ertzaintza contra una multitud que protestaba pacíficamente por aquello que consideraba un juicio político y protegía de manera simbólica al acusado. Un acusado más de los muchos que ha perseguido una justicia española ávida de culpables. Pero el "todo es ETA", si acaso valió hace años, ya décadas, ha dejado de justificar los excesos y las violaciones de derechos humanos cometidos en nombre de la justicia, la paz o la democracia. Pocas veces en la historia de nuestra joven democracia han podido ser tomadas en vano estas palabras de una manera más cínica.

Mucho se ha hablado estos últimos días de las torturas en el mundo, sobre todo a raíz de la salida a la luz de las brutales técnicas de interrogatorio reforzado de la CIA. Las organizaciones no gubernamentales más importantes, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han cargado abiertamente contra la impunidad de los métodos de tortura empleados por la inteligencia estadounidense. Los países europeos, algunos de manera más convincente y otro con un estilo mucho más tibio, también han condenado el limbo legal (o la total connivencia) en que se desarrollan estas prácticas. También aquí, en España, y sobre todo desde aquellos sectores más comprometidos con los derechos humanos (es decir, no supeditados a otro tipo de intereses), ha surgido un movimiento de rechazo ahora que el gran secreto a voces ha dado el salto a los titulares.

Por eso resulta cuanto menos extraño que no exista el mismo clamor contra las claras evidencias de tortura que existen aquí, en casa. El franquismo lega a la democracia una cultura de impunidad que las instituciones democráticas intentan justificar con falacias y mentiras mal maquilladas. Cuando se trataba de etarras, todo valía con tal de provocar sufrimiento en el terrorista. Convenios y declaraciones sobre los derechos fundamentales de la persona se convertían entonces en papel mojado del cual goteaban sangre y lágrimas, y también el silencio cómplice de una sociedad que prefirió mirar a otro lado y convencerse a sí misma, o dejarse convencer, por aquello de apagar el fuego con más fuego.

El fragmento se refiere a las supuestas violaciones sufridas por la etarra Beatriz Etxebarria, perteneciente al comando Otazua y condenada por el asesinado de Luis Conde de la Cruz y Eduardo Puelles. Esto no es sino un extracto del exhaustivo informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT), presentado en abril de 2013 al Gobierno español. Desde 2004, ya son cinco las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a España por vulneración del convenio de derechos humanos sobre la tortura y los malos tratos, sentencias motivadas por la falta de una investigación efectiva por parte de las autoridades nacionales españolas tras la presentación de una denuncia relativa a cuestiones de esta índole.

Se trata de un Estado que incumple con sus obligaciones en lo relativo a los derechos humanos y una sociedad que prefiere mirar a otro lado, centrarse en otros problemas más graves y dejarse convencer por una retórica antiterrorista que cada vez recibe más críticas por su carácter belicista y su exiguo respeto por los derechos fundamentales. Ha sido necesario algún tiempo desde que ETA dejase las armas para que las evidencias sobre una lucha antiterrorista que fue más allá de los límites políticos, morales y humanos hagan tambalearse a la versión oficialista. Y, si las terribles vejaciones sufridas por los jóvenes vascos a los que escuchábamos antes se probasen ciertas, habría que aceptar que estas fronteras de la dignidad humana todavía se siguen cruzando.

Incomunicación y tortura. Análisis estructurado en base al protocolo de Estambul es una de las iniciativas más relevantes que ha logrado sortear los obstáculos sociales, políticos e institucionales para denunciar estos abusos de los que nadie parece querer hacerse cargo, sobre los cuales nadie parece querer hacer justicia. Hasta ahora , pocos de los perpetradores de estos crímenes han sido juzgados, menos aún han llegado a ser condenados por un juez. A menudo, las denuncias no parecen siquiera llegar más allá de Euskadi o Nafarroa: existe una fuerte reticencia en los medios de comunicación, incluso entre aquellos más progresistas o con un ideario social y humano, a hacerse eco de estas terribles cuestiones.

Y lo mismo podría decirse sobre las fuerzas políticas. Poco cabría esperar (aunque ojalá nos convenciesen de lo contrario) de un PP y un PSOE que, si bien han sufrido el desgaste de la lucha contra el terrorismo de ETA al frente de sus respectivos gobiernos, no han dudado en defender y justificar sus excesos en base a una doctrina del shock que empieza a resquebrajarse. ¿Cabe situar las esperanzas de un compromiso radical con los derechos humanos en aquellas fuerzas que auguran un futuro distinto? Hasta ahora, la apuesta no ha sido clara. La pregunta es cuánto tiempo van a necesitar para decidirlo, y si las víctimas de la tortura pueden esperar tanto.