¡President(e), el 155!
El soberanismo catalán es una realidad estable del panorama político español, ya que no pasa ni un día en que no cope una página de los periódicos más leídos o no se cuele en los informativos. A pesar de todo, no ha habido en ningún momento un debate serio para intentar encontrar una solución satisfactoria para ambas partes.
Muchos son los que creen que frente a la última ofensiva soberanista hace falta una respuesta contundente ya. Y esta réplica no es otra que la aplicación inmediata del artículo 155 de la Constitución, que confiere al Ejecutivo, en caso de incumplimiento de las leyes y de la Carta Magna por parte de una comunidad autónoma, aun ambiguamente, "superpoderes" para suspender su autogobierno y restablecer el orden.
No entienden por qué el Gobierno tarda en reaccionar si tiene todo el arsenal legal necesario a su disposición. Para todos ellos, es totalmente incomprensible que el Ejecutivo siga resistiéndose tanto a usar esa varita mágica que lo soluciona aparentemente todo. O nada.
A estas alturas, el soberanismo catalán es una realidad estable del panorama político español, ya que desde hace años no pasa ni un día en que no cope una página de los periódicos más leídos o no se cuele en los informativos. Esto se debe, sin lugar a dudas, a su innegable transcendencia en el debate político y, quizás incluso, al peso que está ejerciendo sobre un inminente rediseño del sistema político de este país.
A pesar de todo, no ha habido en ningún momento un debate serio; nadie se ha movido ni un ápice para intentar encontrar una solución satisfactoria para ambas partes. Por algún motivo será pero, cada día, el coste político de una decisión al respecto es mucho más alto. Y, como mínimo, alguien lo acabará pagando.
Ante el panorama político actual, la aplicación del artículo 155 de la Constitución parece ser el último empujón que necesita el soberanismo catalán, la chispa que le falta a todo barril concentrado para que explote, prácticamente sin posibilidad de contención de los efectos directos y colaterales.
Es el arma de destrucción masiva del mapa político español y no parece razonable, en los tiempos que corren, presionar esa tecla, ya que la fuerza que acaba de demostrar el independentismo catalán al hacerse con la mayoría absoluta en el Parlament obliga a abordar la situación con la máxima prudencia posible.
Si el escenario político estos últimos años ha sido siempre complejo, ahora estamos en una fase demasiado avanzada que requiere una respuesta a la altura de la situación: un diálogo abierto, una negociación integradora.
Es curioso notar que en la Constitución, mientras se prevé este mecanismo de "suspensión" de las comunidades autónomas en casos de incumplimiento de las leyes, no se haya insistido o, al menos, pensado en la necesidad de una negociación previa, un verdadero intento de llegar a una solución con un coste político mucho menor que la propia "suspensión" del autogobierno.
Mientras tanto, puesto que en la Constitución en ningún momento se habla de diálogo o negociación, parece ser que no cabe en el debate actual o que, cuando menos, no hay obligación de establecerlo. Dicho de otra forma, para que hubiera un verdadero diálogo sobre el tema, quizá sería necesario que lo dictara la Constitución.
Por lo cual, en una eventual reforma constitucional, parece necesario preverlo expresamente, a ver si cumpliendo, aun por inercia, con la ley, los actores políticos acaban dialogando. Sea como fuere, lo cierto es que estamos cruzando las líneas rojas de una situación de no retorno en la que el coste político de cada decisión puede resultar tan alto que lleve a la parálisis política, a la inercia e incluso a la autodestrucción.
En todo caso, es necesario recordar que la realidad es igual de importante que su percepción misma, ya que si un colectivo determinado se percibe como víctima, importa bien poco que la realidad apunte en otra dirección. Si, por el motivo que sea, millones de votantes se sienten acorralados por un presunto Estado que actúa sin consideraciones, el problema se puede agravar aún más.
Sin olvidar preguntarse si la eventual aplicación del artículo 155, muchas veces sutilmente enmascarada detrás de la expresión "utilizar todos los medios legales posibles", es realmente la solución al problema o sólo le da una capa de complejidad de más.
Si el plan A fuera suspender la autonomía, el B, ¿en qué consistiría? Supongo que en sofocar todo el revuelo político o incluso ciudadano que podría originar dicha decisión. La cuestión es que sigue habiendo una solución menos costosa: el diálogo. Todo lo demás es un salto hacia lo desconocido con consecuencias totalmente inimaginables para ambas partes.
¡No salten, señores!