¿A quién favorece el voto en blanco?

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, muchas preguntas se amontonan en la cabeza de la ciudadanía acerca de cuestiones relativas al proceso electoral y cuáles son las consecuencias de tomar una u otra decisión a la hora de elegir candidato o no elegirlo.

Tras más de tres años y medio desde los últimos comicios nacionales -noviembre de 2019- y casi cuatro desde la última celebración de elecciones autonómicas y municipales -26 de mayo de 2019-, el escenario político español se prepara para una nueva cita que supondrá un nuevo reajuste en la política nacional y puede arrojar luz sobre lo que ocurrirá en diciembre en las elecciones generales.

Con el objetivo de tomar partido en una decisión de tal importancia, es recomendable distinguir la influencia y consecuencias que tienen cada una de las alternativas que implican no votar a ningún candidato, es decir; votar en blanco, votar nulo o no votar.

Votar en blanco

Según la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en su artículo 96, punto 5:2 "Se considera voto en blanco, pero válido, el sobre que no contenga papeleta y, además, en las elecciones para el Senado, las papeletas que no contengan indicación a favor de ninguno de los candidatos".

Es una de las opciones por las que mucha gente se decanta a la hora de acudir a su colegio electoral. El no decidirse por un candidato o partido determinado pero sí querer participar de la oportunidad de manifestarte en las elecciones, por lo general se traduce en el voto en blanco.

Pero esta opción no significa que el voto sea imparcial o insignificante. De hecho, todo lo contrario, ya que, aunque no se apoye a ningún candidato, gracias a la Ley D'Hont -la que rige el sistema electoral español-, los votos en blanco se suman al número total de votos positivos del escrutinio, es decir, que cuentan a la hora de calcular los porcentajes de representación.

¿A quién beneficia?

Como ejemplo, si hubiera un 50% de votos en blanco, implicaría que se elevara sustancialmente el número de votos necesarios para llegar al 3% -que permite obtener representatividad en las elecciones generales- o el 5% en las municipales y autonómicas, pasando a exigirse el 4,5% en las generales o el 7,5% en municipales y autonómicas.

Esto supone un perjuicio muy evidente para los partidos minoritarios, al necesitar un mayor número de votos para conseguir tener representación.