Portugal roba grandes fortunas a España
El país vecino ha tomado una decisión importante para tratar de atraer a los ricos descontentos en nuestro país.
Portugal está sacando tajada de una de las últimas decisiones del Tribunal Constitucional (TC), la de avalar el impuesto a las grandes fortunas, que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a los 3 millones de euros. El TC desestimó el recurso presentado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Isabel Díaz Ayuso.
En concreto, la mayoría progresista del Pleno del Tribunal Constitucional aprobó por 7 votos contra 4 la ponencia redactada por la magistrada del ala progresista María Luisa Balaguer. En la misma, Balaguer argumentó que la creación de dicho tributo no suponía una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia fiscal.
Tal y como recoge El Economista, la confirmación de que el impuesto a las grandes fortunas es constitucional ha provocado que Portugal realice un llamativo movimiento que tiene como objetivo atraer a esos ricos residentes en España que ahora verán gravadas sus fortunas con el nuevo impuesto.
El país luso ha decidido prorrogar un año más su régimen fiscal especial para residentes no habituales, una clara declaración de intenciones para tratar de robarle a España a esos ricos que ahora puedan estar descontentos por tener que pagar más impuestos.
Ese régimen tributario especial portugués es similar a la conocida como 'ley Beckham' española, que permite a extranjeros tributar por el Impuesto de la Renta de No Residentes (IRNR) en lugar de por el IRPF con tipo fijo del 24% (del 47%, si las ganancias superan los 600.000 euros).
Portugal da marcha atrás
Portugal anunció a inicios de octubre la eliminación de ese régimen tributario ante la crisis de vivienda que atraviesa el país vecino, pero el fallo del Tribunal Constitucional ha llevado a que el Ejecutivo luso realice una enmienda en sus presupuestos de 2024 para mantener vigente esa medida que beneficia a los extranjeros.
Y las consecuencias ya están comenzando a percibirse en los despachos de abogados. Por ejemplo, el socio director del área Fiscal Nacional de Selier Abogados, Héctor Pérez Tapia, ha destacado, en palabras a El Economista, que “los clientes parecen venir con una intención más fuerte de cambiar su residencia efectiva y no meramente con consultas exploratorias. No se están tomando decisiones improvisadas e inminentes, pero la mayor parte de los interesados se han marcado el primer trimestre de 2024 para tomar una decisión en firme”.
