La multa de miles de euros de Hacienda para los que ingresen demasiado dinero en la cuenta
Es importante tener claro cuáles son los límites.
Hacienda siempre está alerta, y buena prueba de ello es que el organismo vigila cada ingreso que los ciudadanos realizan en sus cuentas bancarias. El objetivo no es curiosear, sino detectar posibles fraudes fiscales.
En ese sentido, cabe destacar que los movimientos de dinero a los que la Agencia Tributaria presta mayor atención son aquellos que implican grandes cantidades, ya que son aquellos que revelan si se están produciendo actividades ilegales desde el punto de vista tributario.
En concreto, la cifra a partir de la que Hacienda comienza a pedir explicaciones acerca de la procedencia del dinero es 3.000 euros. Si no se justifica el ingreso, el organismo puede gravar la cantidad incluyéndola en el cobro del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).
De hecho, si se tiene constancia de que se ha cometido un fraude fiscal, la Agencia Tributaria puede multar con miles de euros a la persona que haya realizado el ingreso. En concreto, el fisco puede imponer una sanción de hasta el 150% de la cuota íntegra resultante en el IRPF correspondiente la cantidad ingresada.
Incluso aunque la cuantía ingresada no alcance los 3.000 euros, si el banco tiene sospechas fundadas de que el dinero procede de una actividad ilícita, es posible que la entidad decida avisar a Hacienda para que investigue la operación.
Límites de pago en efectivo
Ante esta vigilancia, hay quienes optan por no ingresar el dinero y guardarlo físicamente para realizar pagos en efectivo. Sin embargo, también existen limitaciones en esta línea, tal y como estipula la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
En concreto, el límite general de pagos en efectivo es de 1.000 euros (anteriormente 2.500 euros). No obstante, en el supuesto de que se trate de personas físicas particulares con domicilio fiscal fuera de España, el tope de pago en efectivo se incrementa hasta 10.000 euros.
Para justificar la aplicación de los mencionados límites, el texto normativo argumenta que “la utilización de medios de pago en efectivo en las operaciones económicas facilita notablemente los comportamientos defraudatorios”.