Colonial se plantea salir de España si se reforman las socimis y Merlin no descarta medidas legales
PSOE y Sumar cerraron el lunes un acuerdo fiscal para gravar a la banca, los apartamentos turísticos y los yates, que también incluye la supresión del régimen fiscal especial de las llamadas Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (socimi).
Colonial, una de las dos grandes socimis del Ibex 35 junto con Merlin, ha manifestado que el acuerdo pactado entre los dos partidos de Gobierno, PSOE y Sumar, para eliminar el régimen de las socimis en España "es muy grave" y que, en caso de aprobarse, se replanteará su estrategia y la ubicación de sus actividades. En declaraciones a Europa Press, su presidente, Juan José Brugera, lamenta que si esta medida se materializa, convertirá a España en "territorio prohibido" para la inversión internacional.
"Los cambios que algunos proponen son muy graves. El régimen de las socimis no es más que la adaptación al caso español de la norma establecida en los mercados internacionales. Este tipo de modificaciones convierten al mercado español en territorio prohibido para la inversión internacional". En su opinión, el marco legal debería proteger a las compañías que han apostado por atraer inversión internacional, y hacerlo compatible con los mejores fines sociales.
En cualquier caso, Brugera defiende que el modelo del negocio actual de Colonial está diversificado en distintas geografías, con una relevante presencia en el mercado de París, lo que le permite al grupo "una gran fortaleza en escenarios de fragilidad del marco normativo".
Pese a que cree que todavía no hay certidumbre respecto al cambio y considera que hay que esperar a su concreción, el directivo ha afirmado que la empresa se replanteará su estrategia para que estas medidas no tengan un impacto negativo, incluida la reevaluación de la ubicación de sus actividades.
"En caso de aprobarse la reforma del régimen legal de las socimis, Colonial reevaluará su estrategia de inversiones y la ubicación de sus actividades y de su estructura jurídica, y adoptará, en su caso, las medidas que mejor convengan al interés de sus accionistas e inversores, todo ello con el objeto de que estas potenciales medidas no tengan un impacto negativo en la sociedad", concluye.
Merlin no descarta acciones legales
Merlin está estudiando distintos escenarios y planes de contingencia, en defensa de sus accionistas, clientes y empleados, "sin excluir ninguna posibilidad legal a su alcance" por si finalmente se consuma la supresión del régimen especial fiscal de las socimi pactado entre PSOE y Sumar.
Aunque la compañía no tiene constancia de que a día de hoy el acuerdo fiscal entre PSOE y Sumar vaya a contar con "suficiente consenso político y técnico para su aprobación", Merlin calculará, a corto plazo, el impacto efectivo en el 'cash flow' de dicha propuesta fiscal, que, en todo caso, prevé que sea "limitado" por el efecto conjunto de diversas normas fiscales.
A medio y largo plazo, Merlin centrará su evaluación en determinar las medidas a adoptar para salvaguardar el interés de los accionistas, clientes y empleados, sin excluir acciones legales. La compañía recuerda que las socimi equivalen en España a fondos de inversión inmobiliarios (REITs) y denuncia que las modificaciones fiscales introducidas en el acuerdo PSOE-Sumar "suponen, en la práctica, la supresión del régimen de las socimi".
La compañía ha defendido que existe una "clara" justificación económica para la versión española del régimen REIT internacional, "basada en introducir en el mercado estructuras empresariales activas, con medios y personal directamente afectos a la actividad (por contraposición a los fondos), que se ocupan de promover, construir, adquirir y operar infraestructuras necesarias para los diferentes sectores económicos (oficinas, centros comerciales, logística, centros de datos, hoteles, parkings o torres de telefonía)".
Todo ello, añade, "con liquidez diaria y como forma de ahorro popular para los particulares e indispensable para el correcto funcionamiento de fondos de pensiones, fondos de inversión, mutuas, aseguradoras, family offices y fondos soberanos".
¿De dónde viene el conflicto?: el acuerdo fiscal pactado
PSOE y Sumar cerraron el lunes un acuerdo fiscal para gravar a la banca, los apartamentos turísticos y los yates, que también incluye la supresión del régimen fiscal especial de las llamadas Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (socimi). Según consta en el acuerdo, esta decisión se debe a que estas sociedades "solo tributan al 1% en el impuesto de sociedades" y, a pesar del beneficio fiscal, no ha servido para mejorar la oferta de viviendas.
Estas sociedades se dedican a comprar activos inmobiliarios, como pisos, oficinas o centros comerciales para alquilar sus espacios a inquilinos, empresas o tiendas a cambio de una renta, sin tener que pagar impuestos sobre los beneficios que reparten a sus accionistas.
El régimen de socimis está supeditado a que estas empresas distribuyan a sus accionistas, como mínimo, el 80% de los beneficios, tener en cartera todas sus adquisiciones un mínimo de tres años, cotizar en Bolsa, contar con un capital flotante del 25% y distribuir un mínimo del 50% de los beneficios generados por la transmisión de inmuebles o participaciones.
La regulación de las socimi en España se fijó en una ley de 2009, en el contexto creado por el estallido de la burbuja inmobiliaria, con el fin de dotar de liquidez a las inversiones en el sector inmobiliario, asegurando un flujo continuo de inversiones a través del ahorro de los inversores. A cierre del ejercicio de 2023, había 116 socimis cotizando en España, lo que posiciona al país como el principal mercado de Europa en número de socimis, con una capitalización bursátil de 24.000 millones de euros.