Las claves de la reforma de las pensiones: del nuevo cálculo a los siguiente pasos y plazos

El Gobierno ha desbloqueado este viernes uno de los puntos más importantes de cara a los compromisos adquiridos con la Comisión Europea y condición expresa para la obtención de los fondos europeos Next Generation. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha cerrado los últimos flecos de la negociación y ha logrado el acuerdo con Unidas Podemos para dar luz verde a la reforma de pensiones, que también ha recibido el visto bueno de Bruselas.

El proyecto que supone la llegada de una nueva forma de cálculo para acceder a la jubilación sí ha experimentado un cambio significativo respecto de los detalles que se habían venido ofreciendo desde la cartera que dirige el ministro José Luis Escrivá. En un comienzo, el planteamiento pasaba por subir a 30 años el periodo de cálculo de las pensiones y que se eligiesen los 28 mejores para el contribuyente. Finalmente, dicho cálculo podrá hacerse con 25 años cotizados o con 29, pero excluyendo los dos ejercicios que sean peores para el futuro pensionista.

No obstante, en la siguiente fase, ahora la pelota está en el tejado de los sindicatos, con quienes se reúne hoy el titular de Seguridad Social. Habrá que ver si el cambio de mayor flexibilidad introducido será recibido de forma positiva en el ámbito sindical y se camina hacia una reforma con consenso. Entretanto, estas son las principales claves que sobrevuelan el proyecto de reforma de pensiones, desde cómo se calculará la jubilación a los factores que han acompañado su diseño y los plazos.

¿Cómo se calcularía la pensión con esta reforma y cómo se hace ahora?

Tras los cambios introducidos, se ha llegado al acuerdo para un nuevo sistema de cálculo, que rebaja en un año la ampliación de la horquilla máxima que se planteó inicialmente, pero también da la oportunidad de seguir empleando el horizonte temporal que está vigente. Es decir, el trabajador tendrá la opción de calcular su pensión en base a los últimos 25 años cotizados -lo que impera actualmente- o con 29 años de cotización, de los que se pueden excluir los dos peores. 

Lo primero que hay que tener claro a la hora de saber cómo se calculan actualmente las pensiones es el dato resultantes de sumar todas nuestras bases de cotización de los años previos a nuestra jubilación. Una vez obtenido este indicador tendremos la cifra a la que se aplicará una serie de porcentajes determinados según edad, tiempo que adelantemos o retrasemos la edad de jubilación ordinaria.

Ojo, no hay que confundir años cotizados y período de jubilación con la edad de jubilación ordinaria. Se requieren, como mínimo, 37 años y 6 meses cotizados para poder jubilarse. También tener al menos 15 años de cotización y dos de ellos deben ser obligatoriamente en los últimos 15 antes de solicitar la jubilación.

A dichas bases de cotización hay que sumarlas y dividirlas entre 350 para obtener la cifra de la base reguladora. Esta tampoco determina la cuantía exacta de la pensión, ya que hay que ajustarla en función del número de años cotizados a lo largo de nuestra vida laboral. Con 15 años cotizados se consigue derecho al 50% de la base reguladora y con 37 años y seis meses el 100%. Y si se retrasa la jubilación, la base reguladora aumenta. 

Con todo, queda pendiente de concretar cómo se realizaría la implementación del nuevo sistema acordado este viernes. Y en este asunto, es clave el calendario. Cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció su primera propuesta, se preveía una adaptación de manera progresiva y escalonada en el tiempo. La tabla diseñada, a la que tuvo acceso la Cadena SER, determinaba que los trabajadores que se jubilasen en 2027 calcularían su pensión contando con los últimos 25 años de carrera más 5 meses de los que podrán descartar los 2 peores. A los que se jubilasen en 2028 se les computarían los últimos 25 años de cotización, más 10 meses de los que podrían descartar cuatro.

¿Por qué se ha flexibilizado la primera propuesta?

A todas luces, si hubo algo que despertó las críticas tanto del ala morada del Gobierno de coalición, como de sindicatos y empresarios, fueron las dudas sobre si con el cómputo de 30 años que se propuso se causaba prejuicio a algunos trabajadores en lo relativo a la cuantía de la pensión. 

Comenzaron a surgir voces de expertos que apuntaban a que era posible que con ese periodo temporal se obligaba a retroceder tanto en los años para hacer el cálculo que eso provocaría que algunas personas viesen reducidas lo que cobrarían como pensionistas. El motivo responde a una dinámica laboral obvia. Los primeros empleos acostumbran a estar acompañados de sueldos más bajos, lo que se traduce en cotizaciones más bajas que acabarían afectando a dichas cuantías con el nuevo cálculo.

Precisamente, no es de extrañar que el Gobierno haya acaba incluyendo la opción de excluir los dos peores años para los que opten por la vía del cálculo a 29 años -en realidad, 27 con este mecanismo-. Se trata de dar una respuesta a otras realidades del mercado de trabajo, por ejemplo en el caso de aquellos que son despedidos en los últimos compases de su vida laboral, para que no sufran un recorte de la pensión que les tocaría al haber estado ingresando menos en esa última etapa.

¿La reforma incluye algún tipo de subida en las pensiones?

Efectivamente. El otro gran titular de esta reforma y que fue anunciado por el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago se corresponde con una subida de las pensiones más bajas, tanto contributivas como no contributivas, hasta representar, "como mínimo", el 60% de la cuantía de la pensión media.

El también secretario general del PCE ha confirmado que fruto del acuerdo político, la nueva propuesta contempla también la subida de las bases máximas de cotización, de manera progresiva, hasta un máximo cercano al 35%, "sin que ello signifique un incremento de la pensión máxima en esa cuantía".

¿Y de las aportaciones?

De la misma forma, habrá cambios en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Se trata del instrumento que el Gobierno creó en la primera fase de reformas del sistema de pensiones remitido a Bruselas, una medida destinada a equilibrar el sistema ante la  incorporación de la generación del baby boom, es decir, los nacidos en la década de los sesenta y comienzos de los setenta, un grueso importante de la población. 

Básicamente, supuso un incremento del 0,6 % de la cotización a la Seguridad Social por parte de las empresas y de los trabajadores (0,1% el empleado y 0,5% la empresa). De salir adelante el nuevo sistema, se duplicaría también con carácter progresivo la sobrecotización actual pasando del 0,6% al 1,2%.

¿Cuál es el siguiente paso?

Es necesario subrayar que los acuerdos que se han alcanzado en las últimas horas son acuerdos políticos. Con UP se trata de lograr el necesario respaldo del socio de Gobierno y con la Comisión Europea se puede entender como una luz verde de las reglas de juego o los límites en los que se podrá negociar ahora con los agentes sociales. Esto supone que ahora debe buscarse el visto bueno de sindicatos (CCOO y UGT) y patronales (CEOE y Cepyme). 

La negociación con los sindicatos ya está en curso y aunque parece que ha gustado la flexibilización, nada apunta a que sea un camino de rosas. Ya se han visto las primeras espinas. Antes de llegar a la reunión, el dirigente de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ya advertía que ellos acudían a la encuentro con sus propias propuestas. Previsiblemente, tanto para CCOO como UGT, la línea roja estará en cualquier recorte en materia de pensiones.

La otra pata de la mesa, la de una patronal que lleva tiempo oponiéndose a la mayoría de medidas del Ejecutivo, la situación no pinta bien. Prueba de ello ha sido el pronunciamiento del dirigente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor: "La voracidad recaudatoria de Escrivá y el Gobierno no tiene límites". 

¿De qué plazo se dispone para sacar adelante la reforma?

Como se había mencionado anteriormente, éste era el gran asunto pendiente con Bruselas. Si bien es cierto que España ha sido el primer país en recibir cada partida de los fondos europeos y ya ha superado el primer examen de la delegación de la Eurocámara, la no aprobación de esta reforma puede poner en peligro el cuarto paquete del que depende el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y el plazo está marcado en rojo en el calendario.

España deberá tener aprobada y remitida a Bruselas esta propuesta antes del verano. Concretamente, antes de que llegue el mes de julio. Eso supone también haber contado con el visto bueno de un Parlamento en el que el Gobierno deberá buscar el apoyo de sus socios habituales.  

Lo cierto es que, como síntoma de que el tiempo se estaba agotando, a finales de febrero Bruselas dio un toque de atención al Ejecutivo advirtiendo de que se aplicarían las máximas sanciones si no se lograba la reforma las pensiones.