Aprobada la primera Ley de Vivienda con el rechazo de la derecha y nacionalistas
La norma permitirá poner topes a los precios del alquiler en zonas tensionadas.
Luz verde en el Congreso a la Ley por el Derecho a la Vivienda, el "quinto pilar" del Estado del bienestar, como la ha bautizado el propio Gobierno. La coalición había hecho de esta norma una de sus banderas, también de sus desencuentros y finalmente el Pleno ha dado un visto bueno mayoritario, aunque más justo de lo esperado.
La ley, pactada por el Ejecutivo de coalición con ERC y EH Bildu, se ha aprobado con 176 síes, 167 noes y una abstención, correspondientes al apoyo del PSOE, UP, ERC, Bildu, así como de los diputados de Más País, Compromís y Teruel Existe. En la abstención se ha quedado el BNG y han votado en contra PP, Vox, Cs, Junts, PDeCAT, CUP, Coalición Canaria, UPN y el PNV.
El rechazo de los nacionalistas vascos, que han cambiado su voto a última hora, no es únicamente estadístico en el resultado de la votación. En su rechazo han abierto la puerta a un posible recurso del Gobierno vasco ante el Tribunal Constitucional por invasión competencial.
Entre peleas parlamentarias y la amenaza de no hacer caso por parte del PP y sus barones territoriales, la norma permitirá poner topes a los precios del alquiler en zonas tensionadas, se cambia el concepto de gran tenedor a los poseedores de al menos cinco viviendas y se amplian las deducciones fiscales por alquiler, entre las medidas principales.
La importancia del proyecto era tal que lo han defendido la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, cada una en el turno destinado a sus partidos.
Belarra ha señalado el hito de haber logrado la primera ley sobre esta cuestión a nivel estatal en democracia, algo que antes no fue posible porque la política de vivienda del país es la historia de la "gran estafa española". Asimismo, ha señalado que el alquiler se ha convertido en una "máquina de extraer recursos" a las "clases populares" y la "gente más humilde", por lo que considera que este texto ataca a la "ley de la selva que siempre ha sido el mercado de la vivienda en España".
Por su parte, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido que el proyecto de ley se alinea con la agenda urbana del Gobierno, que tiene por objetivo "fomentar la cohesión social, buscar la equidad y garantizar el derecho del acceso a la vivienda".
Tras reconocer el papel de Belarra y el resto de grupos participantes en las negociaciones, Raquel Sánchez ha subrayado que la ley es "ambiciosa" y busca reorientar toda la política de vivienda en España, que a su juicio se había consolidado en un modelo de "luces y sombras" y "demasiado propenso a generar fenómenos de especulación y ciego ante las barreras para el acceso a la vivienda de amplios sectores".
El texto, que según los partidos de la derecha solo beneficia a los okupas, pasará ahora al Senado y volverá al Congreso para su aprobación definitiva, lo que se estima ocurrirá a mediados de mayo.
Núñez Feijóo ha acusado a Sánchez de "engañar a la gente" y "claudicar ante el populismo y el independentismo". Su número 3, Elías Bendodo, ha ido más allá y aventura que "como pasó con el sí es sí", el Ejecutivo tendrá que "rectificar" esta norma y entonces, el PP "estará otra vez a la altura de los españoles".