Por qué no estoy convencido sobre Siria

Son muchos quienes están perdidos estos días para posicionarse frente a la probable intervención de Estados Unidos y algunos aliados en Siria. Como cualquier decisión que incorpora el uso de la fuerza a gran escala, los intereses en juego son tan altos como el coste de miles de vidas humanas y además, en este caso, están las posibles consecuencias para la estabilidad de una región muy volátil. El rechazo del Parlamento Británico a la intervención en Siria nos da una idea de las dudas y dificultades que incorpora.

Una posición inicial, la más clara y fácil, es la de quien no está a favor de ninguna guerra. A simple vista, una actitud pacifista impecable. Entonces ¿no debemos intervenir militarmente nunca, aunque estén muriendo miles de civiles, con la finalidad de protegerlos? Una posible respuesta del pacifista sería: siempre hay otros medios que no incorporan la violencia. Pero es sabido que la vía diplomática o incluso las sanciones no son siempre capaces de cambiar la balanza en un conflicto. El pacifista insiste: al final siempre es peor el remedio que la enfermedad.... ¡Mira cómo está Iraq!

Una variante de esta posición inicial es la del anti-occidentalista, siempre receloso de Estados Unidos: "Estoy en contra de cualquier intervención de Estados Unidos, porque la historia demuestra que nunca lo hace por amor a la humanidad". Su historial en Oriente Medio es la de la promoción de sus intereses estratégicos y no la de los derechos humanos.

Una segunda posición es la del legalista-onusiano. Se resume así: sólo estoy a favor de una intervención militar cuando es legal. Recordemos: hay una prohibición general de utilizar la fuerza (artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas) y dos excepciones admitidas expresamente. La primera, el uso de la fuerza es legal cuando se ejercita de manera individual o colectiva el derecho a la legítima defensa (artículo 51). La segunda es cuando así lo autoriza de manera expresa el Consejo de Seguridad dentro del capítulo VII de la Carta para hacer frente a una amenaza para la paz y la seguridad internacional.

El legalista vive tranquilo en raras ocasiones. Quizás la más clara de ellas fue en la I Guerra de Iraq, cuando, tras la invasión de Kuwait por parte de fuerzas iraquíes, un aparentemente desbloqueado Consejo de Seguridad tras la Guerra Fría autorizó el uso de la fuerza para frenar la agresión iraquí en el verano de 1991. El legalista se recrea a día de hoy en si aquél caso fue un ejercicio de legítima defensa (colectiva) o bien una acción colectiva autorizada por el Consejo. En cualquier caso, aquellos días respiró tranquilo.

Pero las cosas se complican frecuentemente para el legalista-onusiano cuando la realidad demuestra que el Consejo de Seguridad suele estar secuestrado por el derecho a veto de los cinco miembros permanentes, que lo emplean según les conviene para proteger a sus aliados. De la misma forma que Estados Unidos veta cualquier decisión que perjudique a Israel, Rusia está dispuesta a hacer lo mismo para proteger los intereses de su aliado sirio.

El dilema sirio podría terminar aquí para el legalista onusiano: Si no hay resolución del Consejo de Seguridad, estoy en contra de intervenir, haga lo que haga Al Assad con los civiles. Sin embargo, es posible que, de seguir así las cosas, el legalista onusiano no duerma tranquilo. En efecto su dilema moral no es fácil. Cree en la protección de los derechos humanos, pero la práctica del Consejo de Seguridad hace muchas veces imposible protegerlos.

Al rescate del legalista acude el legitimista-liberal. Y plantea lo siguiente. Una cosa es la legitimidad-legal y otra la legitimidad moral, derivada del valor superior de los derechos humanos. Cuando la soberanía de un Estado y la protección de los derechos humanos entran en grave tensión, en algunos casos y con condiciones, se debe poder intervenir para que prevalezcan los derechos humanos.

El principio de intervención humanitaria emergió en los años 90. Varios conflictos helaron la sangre de los observadores que contemplaban las atrocidades perpetradas en conflictos en Ruanda, las guerras de los Balcanes y Kosovo, entre otros. Kosovo refleja bien el rescate que proporciona el legitimista-liberal sobre el legalista, pero también sus problemas. Había buenas evidencias de que Milosevic estaba practicando el siniestro concepto de limpieza étnica -la desmembración de Yugoslavia durante los años anteriores daba también buenas pistas de sus pocos escrúpulos- y a pesar de los esfuerzos diplomáticos para frenar las matanzas, éstos no daban resultados. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas era incapaz de autorizar una intervención, porque Rusia no daba su brazo a torcer. Como es sabido, la OTAN intervino en Kosovo tras fracasar los diálogos de Rambouillet. Lo acaba de relatar de nuevo en El País Javier Solana, entonces secretario general de la Alianza Atlántica.

La teoría de la intervención humanitaria se ha ido refinando y aspira a convertirse en ley internacional bajo la denominación de "Responsabilidad de proteger" (en inglés R2P). Un principio patrocinado por Naciones Unidas con una emergente aceptación. La soberanía de un estado no es un derecho sino una responsabilidad. Si el soberano no ejerce su responsabilidad (no protege a sus ciudadanos frente a los crímenes de lesa humanidad) hay una responsabilidad de la comunidad internacional de garantizar esa protección, primero asistiendo a ese estado para hacerlo, y en caso extremo mediante medidas coercitivas como las sanciones económicas. Agotadas todas las opciones, el uso de la fuerza es siempre la última opción.

Países no pertenecientes al tradicional Occidente se han sumado a este debate, destacando la aportación brasileña con su documento "Responsabilidad al proteger", donde afina no solo los supuestos en donde se debe intervenir sino sobre todo la manera (responsable) de hacerlo. Su aportación es especialmente importante para desestigmatizar la vertiente occidentalista en el patrocinio de este principio.

La dolorosa puesta en práctica de la Responsabilidad de proteger se produjo en Libia en 2011, cuando el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1973 y autorizó el uso de la fuerza de manera expresa para proteger civiles. Rusia no vetó la resolución, pero después denunció que los aliados se extralimitaron en su interpretación. Brasil también se abstuvo. El caos y la violencia en la que hoy se encuentra el país da muestra de las dificultades en la aplicación de la R2P, aunque es un importante precedente de cara a su mejora.

El caso de Siria podría justificar en teoría una intervención bajo el paraguas de la Responsabilidad de proteger. Incluso sin el aval del Consejo de Seguridad (secuestrado por Rusia), el legitimista-liberal se muestra tentado de apoyar una intervención para proteger a los civiles sirios, masacrados por su cruel dictador. Ocurre, sin embargo, que hay a la vista demasiadas dudas sobre la forma y los fines de esta operación. Merece la pena leer este documento del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, Ocho cosas que considerar antes de intervenir en Siria.

Primero, no está claro que los aliados hayan puesto todo su empeño diplomático en resolver el conflicto y no parece que hayan agotado esta vía. Así lo expresa claramente Solana en el artículo mencionado más arriba. Si el uso de la fuerza no es el último recurso, nunca está justificada bajo el amparo de la responsabilidad de proteger.

Segundo, hay dudas sobre la finalidad de la intervención. Obama insiste en su retórica sobre el "castigo" a Assad por haber cruzado una línea roja, el uso de armas químicas. De manera extraña, Hollande ha elegido la misma retórica del castigo para apoyar la idea de intervenir. La finalidad del ataque sería castigar a Assad para prevenir que las vuelva a utilizar. De tener éxito esa estrategia, protegería a los civiles frente a las armas químicas, pero no frente a las armas convencionales que el régimen sirio está dispuesto a utilizar hasta aniquilar a sus adversarios. Como bien explica este artículo en Foreign Affairs, no es lo mismo el objetivo de castigar al régimen sirio por utilizar armas químicas que intervenir con el fin de proteger civiles.

El rechazo británico a intervenir en Siria ha dejado fuera de juego al presidente francés. Si ni siquiera el aliado estratégico más importante de Estados Unidos en Europa está a favor de intervenir, ¿dónde queda situada Francia? ¿Camina Hollande a repetir el peculiar papel jugado por Blair durante la Guerra de Iraq? ¡Si De Gaulle levantara la cabeza!

Tercero, ¿por qué tantas prisas en actuar incluso antes de que los inspectores de Naciones Unidas que analizan sobre el terreno el alcance y la autoría del ataque químico redacten sus conclusiones? Da la sensación de que Estados Unidos se esfuerza por asegurar que el ataque químico tiene una autoría y un alcance indiscutible, digan lo que digan los inspectores. La tensión entre el trabajo de los inspectores y la enérgica posición norteamericana comienza a recordar peligrosamente a los antecedentes de la guerra de Iraq de 2003.

Cuarto, ¿Se han calibrado las posibles reacciones de Líbano, Hezbollah, Irán, Rusia o incluso China? ¿Se han calibrado las consecuencias sobre el previsible aumento de la influencia de al-Qaeda en la región? Estas y otras dudas han debido pesar sin duda en el voto del Parlamento Británico.

Apoyo el imperativo moral de proteger los derechos humanos y ejercer la responsabilidad de proteger a los sirios, incluso mediante el uso de la fuerza. No obstante, no hay a la vista un plan que cumpla con los mínimos requisitos moralmente exigibles para apoyar esta intervención.