La lucha contra la privatización sanitaria en Madrid continúa

Hace años reflejé en varios artículos que el objetivo primordial de la política sanitaria del PP en el Gobierno de la Comunidad de Madrid era la privatización del Servicio Madrileño de Salud y sus Instituciones. Era y sigue siendo un objetivo esencial para el Ejecutivo Regional, que no comporta sólo un ideario político sino también un componente económico que hoy a nadie se le escapa. Los enormes intereses económicos que se mueven en relación a todo el proceso privatizador han determinado en mi opinión las irregularidades y opacidades que el mismo ha presentado, así como la tozudez del Gobierno regional en mantenerlo frente al enorme rechazo social que ha provocado y el enorme desgaste político que está sufriendo.

Los hechos han mostrado las mentiras que la propaganda populista del Gobierno contenía y han desenmascarado sus verdaderas intenciones: privatizar la Sanidad Pública madrileña. Ello ha provocado que los ciudadanos y profesionales (muy importante su presencia) se hayan movilizado con contundencia y reiteración posibilitando la aparición de un rechazo social mayoritario que deslegitima día a día la política sanitaria realizada.

Estas movilizaciones no sólo han conseguido una concienciación social importante sino que por medio de recursos ante los Tribunales han conseguido una suspensión cautelar de la privatización de la gestión de seis hospitales que se había decidido desde el Gobierno mediante una licitación plena de chapuzas e irregularidades. La decisión de la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendiendo cautelarmente el proceso suponía un golpe de gran dureza para la política sanitaria del Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid ya que ponía en peligro sus objetivos y los compromisos contraídos.

El Gobierno regional hasta el momento de la suspensión cautelar, había conseguido que sus resoluciones repletas de prepotencia y de agresiones a ciudadanos y profesionales no sufriesen ningún contratiempo serio que pusieran en duda su legalidad. Su pretendido Plan de Ordenación de Recursos Humanos, en realidad plan de expulsión forzada de profesionales y recortes de derechos para los que permanecen, no ha sido aún valorado por la Justicia. Este seudoplan es similar al de Castilla-La Mancha cuyo Tribunal Superior de Justicia lo ha declarado nulo de pleno derecho y dado los daños irreparables que está produciendo parece razonable pedir que ya que existen recursos presentados contra él, sería bueno que se acelerase el proceso judicial que determine, si se ajusta o no, a derecho.

La suspensión cautelar, golpe en la línea de flotación de la política sanitaria del Gobierno, hacía presagiar que éste no se quedaría quieto, que utilizaría todos los medios y tipo de presiones para intentar anular la citada suspensión. Parece lógico que así fuese y pensar otra cosa es un ejercicio de ingenuidad manifiesta.

Estos días hemos conocido que, tras la inadmisión de un recurso contra la privatización presentado por CCOO ante la sección octava de la sala de la contencioso, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado un Acuerdo llamando a formar sala a todos los magistrados para decidir sobre la persistencia o no de la suspensión cautelar. Diversos expertos jurídicos consultados por determinados medios de comunicación han expresado que esta decisión es inusual en el Tribunal Superior de Justicia madrileño así como que las resoluciones de las salas tercera y octava no son exactamente contradictorias.

Asimismo se ha publicado que el presidente de la Sala es marido de una consejera del Gobierno del PP en Castilla-La Mancha. Ciertamente ambas cosas (lo inusual de la decisión y la relación de parentesco) no ayudan a contemplar la decisión libre de sombras y sospechas, ya que se trata de un tema de enorme trascendencia que si concluye con la consumación del proceso privatizador, produciría daños irreversibles e irreparables aún en el supuesto que una sentencia firme posterior indicase que el proceso no se ajustaba a derecho. Parece razonable pensar que todo ello acrecenta los recelos que la decisión despierta y es por ello que desde el respeto que profeso a magistrados y tribunales considero que la decisión tomada por el presidente de la Sala Contencioso-Administrativo es inoportuna, no ayuda a incrementar la confianza ciudadana en la justicia y puede, sin pretenderlo, generar dudas sobre la independencia de los jueces. Quizá lo mejor hubiese sido que los recursos siguiesen su curso habitual toda vez que es difícil probar que ello generase algún perjuicio al interés general.

Creo en el Estado de Derecho y a pesar de lo expuesto anteriormente tengo confianza en los tribunales. Espero que ante la incapacidad del Gobierno regional para aportar algún dato fiable que justifique la razón esencial que arguye para la privatización: un pretendido y no probado menor coste, así como el cúmulo de irregularidades y errores que el proceso ha mostrado, los jueces acuerden en beneficio del interés general y sigan paralizando el proceso de privatización de los seis hospitales. Manifestar al respecto que lo que ha generado una gran alarma social en la sociedad madrileña ha sido el intento del Gobierno regional de privatizar los hospitales públicos y nunca la suspensión cautelar adoptada y esto debe ser valorado por la Administración de Justicia.

Para concluir, lo cierto es que los ciudadanos de Madrid son conscientes del expolio que se está llevando a cabo en su Servicio Sanitario Público y por tanto, sea cual sea, las decisiones judiciales que se adopten, va a seguir saliendo a la calle a defender lo que le pertenece: un sistema sanitario público de cobertura universal y con igualdad de acceso, es decir aquello que quiere eliminar el Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid.