Hospital de Fuenlabrada: los previsibles efectos nocivos de la privatización de la sanidad

Hace unos días, la cadena SER daba a conocer la noticia: el hospital público de Fuenlabrada había facilitado datos personales de pacientes incluidos en su lista de espera al hospital privado Los Madroños, ubicado en Brunete. Esta institución los llamaba y les ofrecía hacerles las pruebas que sus especialistas les habían prescrito, pero con mayor rapidez que en el hospital público. A veces, incluso, llamaban a los pacientes en nombre de sus especialistas, cuestión que estos rechazan haber autorizado en ningún momento. La gerencia del hospital fuenlabreño admitió rápidamente que la información era cierta, y que había dado los datos personales de un número indeterminado de pacientes para un programa piloto. Conocida la noticia, me parece necesario realizar algunas consideraciones.

En primer lugar, hay que afirmar que los hechos conocidos -y una vez confirmada la veracidad de los mismos- tienen una evidente gravedad. Entre otras cosas, pueden suponer una vulneración de derechos de los pacientes afectados, de acuerdo a lo recogido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, así como de la Ley 41/2002 Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica.

Dado que, según se ha informado, el asunto va a ser trasladado a instancias judiciales, será allí donde se determine si las actuaciones llevadas a cabo desde el Hospital de Fuenlabrada merecen algún tipo de reproche penal y quién o quiénes serían responsables; pero lo anterior no impide la exigencia de responsabilidades que no pueden quedar sólo en la destitución o cese del gerente del hospital, más aún cuando éste ha manifestado que la cesión de datos se hizo en virtud de un programa piloto. Habrá que preguntarse, por tanto, las siguientes cuestiones: ¿conocía la Consejería de Sanidad dicho programa? ¿Era el programa una creación exclusiva de la gerencia del hospital? ¿Son tan elevados los niveles de autonomía de los actuales gerentes hospitalarios madrileños? ¿qué niveles de control ejerce la Dirección General de Atención Especializada sobre los centros que dependen de ella?

Parece evidente que las preguntas anteriores, así como una explicación transparente y exhaustiva sobre lo sucedido, exigen que el señor consejero de Sanidad comparezca rápidamente en sede parlamentaria y asuma algún tipo de responsabilidad en lugar de echar balones fuera y poner al pie de los caballos a su subordinado, mostrando una vez más una forma de ejercer el poder ciertamente deficiente desde el punto de vista democrático.

Dicho lo anterior, quiero manifestar que el conocimiento de la noticia no me ha producido ninguna extrañeza. En mi opinión, que un suceso de esta naturaleza viese la luz pública era previsible, pues conviene recordar que ya había sospechas, hoy reforzadas, de que hechos como los ahora conocidos podían haberse producido anteriormente. Lo ocurrido en Fuenlabrada supone un paso más en el proceso de difuminación de la línea de separación entre lo público y lo privado. Es la consecuencia de la política sanitaria llevada a cabo por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid desde 2003, que ha supuesto una privatización continuada de la sanidad pública junto a un desvío cada vez mayor de recursos y servicios al sector privado.

Desde hace años he manifestado en numerosos artículos que la política sanitaria del PP en la Comunidad madrileña ha contemplado la salud como un producto más de consumo y la asistencia sanitaria como un mercado de negocio con posibilidades de obtener grandes beneficios ('¿Que está pasando en la sanidad madrileña?' Revista Temas, noviembre 2008. 'La sanidad madrileña del PP: sólo negocio', El Huffington Post, 5 de abril 2013,). Desde esa perspectiva neoliberal, los gobiernos de Aguirre y González han ido cambiando la estructura del Servicio Madrileño de Salud para facilitar ese nuevo mercado sanitario; se abandonó la planificación y ordenación de los recursos como garantía de una asignación correcta de los mismos y una gestión eficiente ('Privatización y Despilfarro', El PAÍS, 15 enero 2008). Tampoco se ha publicado un nuevo mapa sanitario (pese a la apertura de un número importante de hospitales que obligaría a su actualización), y se ha suprimido la Subdirección General de Planificación y Ordenación sanitaria. Se suprimieron las Áreas de Salud que garantizaban una regulación adecuada de los flujos asistenciales, y en su lugar, se estableció el Área Única, que generó un caos organizativo y se ha disfrazado detrás de una eufemística y falsa libre elección. Todo el proceso anteriormente enumerado tenía, en mi opinión, un objetivo claro: favorecer el negocio sanitario y los beneficios de las entidades privadas; no en vano, el hoy imputado señor Güemes ya manifestó que Madrid era una gran oportunidad de negocio sanitario.

En este contexto, con este caldo de cultivo, con una absoluta y, en mi opinión, intencionada falta de control por parte de la Administración sanitaria respecto a las actuaciones de los centros sanitarios públicos y privados de la Comunidad de Madrid, es donde sucesos como el que nos ocupa pueden producirse con cierta facilidad y no causar por tanto extrañeza alguna. Lo sucedido en Fuenlabrada es grave y es una consecuencia más de la nefasta política sanitaria del PP en la Comunidad de Madrid.