Derecho a la salud y Partido Popular

Que el Partido Popular no es partidario de considerar la salud y su protección (que incluye la asistencia sanitaria) como un derecho de las personas no es un hecho nuevo. Conviene recordar aquí que la Ley General de Sanidad (ley 14/1986) fue aprobada sin su voto afirmativo; era esta ley la que configuraba nuestro Sistema Nacional de Salud y confería el carácter de universalidad al derecho a la salud y la asistencia sanitaria a todos los españoles y residentes en nuestro país.

Que el Partido Popular siempre ha pretendido privatizar el servicio sanitario público tampoco es una cuestión novedosa; tras su llegada al Gobierno de España en 1996 y bajo la presidencia del Sr. Aznar se aprobó la Ley 15/1997 que, bajo la excusa de modernización de la gestión, posibilitaba nuevas fórmulas que realmente pretendían avanzar en el camino hacia la privatización; en aquellas fechas era presidente del ahora extinto INSALUD el Sr. Nuñez Feijoo, actual presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia, cuyo servicio de salud (SERGAS) es hoy un ejemplo de mala gestión con su proyecto estrella, el nuevo hospital de Vigo Alvaro Cunqueiro, construido con financiación privada y que no puede ponerse en funcionamiento por graves deficiencias en su construcción denunciadas por profesionales, asociaciones, sindicatos y medios de comunicación.

Con la citada ley 15/97 aprobada, Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular pusieron en marcha procesos privatizadores (eufemísticamente llamados externalizaciones) en sus servicios sanitarios públicos; las Comunidades de Madrid y Valencia han sido los lugares donde estos procesos se han hecho de manera más agresiva, y estuvieron repletos, como después se pudo comprobar, de irregularidades, despilfarros y presuntas corrupciones. Los resultados son sobradamente conocidos; la hemeroteca al respecto es muy extensa y no es precisa la reiteración.

La crisis económica, utilizada como excusa, sirvió al Partido Popular, una vez conseguido el Gobierno de España en 2011, para poner en marcha su auténtica política sanitaria, consistente en negar que el derecho a la salud y su protección, que incluye la asistencia sanitaria cuando se precisa, sea un derecho de la persona; la salud se convierte así en un producto más de consumo accesible para quien pueda pagarlo. La promulgación del Real Decreto Ley 16/2012 (conocido como decreto Mato) expulsó del derecho a la asistencia sanitaria a 800.000 inmigrantes irregulares que residían en nuestro país, estaban empadronados en municipios españoles y poseían tarjeta sanitaria; era la prueba más clara y palpable de la ideología del PP en materia sanitaria.

El enorme rechazo social a esta brutal política de exclusión, la negativa de las CCAA no gobernadas por el PP a aplicarlas buscando alternativas que garantizaban que se siguiera prestando atención a las personas excluidas, e incluso la negativa de algunos barones territoriales del PP a aplicarlas en sus autonomías respectivas por miedo a un castigo electoral muy severo en las futuras elecciones autonómicas, propició que el desastre sanitario que el desarrollo del Real Decreto Ley hubiese propiciado fuera en algún aspecto mitigado. Más conviene insistir: el Real Decreto Ley 16/2012 sigue en vigor, y el Partido Popular sigue teniendo la misma ideología en materia sanitaria.

Tras el grave revés electoral que el Partido Popular ha sufrido en las elecciones autonómicas de mayo pasado, con la pérdida del poder en varias Comunidades Autónomas gobernadas hoy por otras fuerzas políticas que han planteado ya su voluntad de volver a garantizar en sus territorios la universalidad de la asistencia sanitaria, el PP, acuciado por la cercanía de las inminentes elecciones generales, haciendo gala una vez más de un cinismo insuperable y un electoralismo casposo, vuelve a tratar de confundir a la ciudadanía anunciando por boca de su ministro de Sanidad, el Sr. Alonso, su voluntad de restaurar la atención a los inmigrantes irregulares. El vodevil a que hemos asistido estos días, con propuestas, rectificaciones, informaciones no veraces desde altos responsables del Ministerio de Sanidad que parecían desconocer la normativa europea y las competencias exclusivas en materia sanitaria de los Estados, muestran de forma clara, en mi opinión, la improvisación y falta real de voluntad política del PP de hacer retornar la universalidad como valor esencial de nuestro Sistema Nacional de Salud.

Este espectáculo lamentable también se ha visualizado en la Comunidad de Madrid, donde la actual presidenta, la Sra. Cifuentes, rápidamente se ha apuntado a la intención de devolver la asistencia a los inmigrantes irregulares. Sin embargo, en escasos días, los centros de salud han recibido varios mensajes e instrucciones distintas desde la Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria. ¡Cuánta parafernalia y confusión para encubrir la realidad de no querer dotar de tarjeta sanitaria a personas que la tuvieron, que por tanto están en la base de datos del sistema madrileño de salud y cuyo trámite de devolución sería sencillo!; al unísono, silencio absoluto del Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre el incremento importante de la lista de espera quirúrgica, de la persistencia de numerosas derivaciones de pacientes al sector privado, de la ausencia de mecanismos reales de control sobre la actividad de los centros privatizados, de la persistencia de jubilaciones forzosas de profesionales con criterios de arbitrariedad manifiestos, del continuismo en cierre abusivo de camas hospitalarias en el periodo estival a punto de concluir. En fin, nada nuevo, continuismo puro de las políticas sanitarias de Aguirre y González, era de esperar.

Para concluir: a escasos meses de las elecciones generales, el Partido Popular cuya actuación política se ha caracterizado por la ocultación, la irregularidad, la mentira, el cinismo y muchos casos de actuaciones corruptas allí donde ha gobernado, acuciado por las encuestas y por su desmedido afán en mantenerse en el poder, pretende volver a confundir a la ciudadanía mediante maniobras que en ningún caso garantizan el carácter de universalidad de la protección de la salud y la asistencia sanitaria. Sólo su salida del Gobierno podrá hacer posible que nuestro Sistema Nacional de Salud vuelva a ser público y de cobertura universal. Así sea.