La revolución antifranquista de los juristas

Acaba de publicarse el libro Los jueces contra el franquismo: Justicia Democrática, de Ediciones Maia, que aborda, desde plurales perspectivas, un fenómeno original español en la lucha contra las dictaduras: la asociación de profesionales de la justicia para una resistencia colectiva. Como señala la historiadora Pilar Díaz -editora y coordinadora del libro- la asociación clandestina Justicia Democrática (JD), creada a finales de los años 60 del siglo XX, "es un hecho genuinamente español, ya que no tiene un equivalente en ninguna dictadura de ningún país".

La historiadora asegura que "ni en la Alemania nazi, ni en la Italia de Mussolini, ni en la Francia de Vichy, ni en ninguno de los países que han pasado por una dictadura militar en el continente americano, ha habido una asociación de profesionales de la justicia que se haya organizado contra la tiranía". Díaz señala que ha habido jueces o juristas que, "de forma individual, se han enfrentado o han resistido a una dictadura", pero no un grupo organizado, como JD.

Uno de los promotores de JD, y prologuista del libro, José Antonio Martín Pallín (ex fiscal y ex magistrado emérito del Tribunal Supremo, que ejerce ahora como abogado), describe cómo el Partido Comunista encabezó la lucha contra la dictadura, a través del movimiento obrero y con el apoyo de intelectuales, artistas y personas anónimas, e incluso de la derecha moderada y de sectores minoritarios de la Iglesia. Recuerda la dedicación de la cárcel de Zamora como "un centro penitenciario especial, donde se cumpliesen las condenas que imponía el Tribunal de Orden Público a los curas disidentes".

Martín Pallín resalta respecto a los juristas que, dada su "especial función en la estructura del Estado, la contestación al sistema dictatorial proveniente de los miembros de la Judicatura y del Ejército [la meritoria resistencia de la Unión Militar Democrática (UMD)] tuvo una gran repercusión y produjo una honda preocupación en los estamentos del régimen". Describe así la gestación de JD: "El espíritu democrático que anidaba en un sector minoritario de la judicatura cuajó, a principios de los años setenta, en un movimiento asociativo de jueces, fiscales y secretarios judiciales, que se autobautizó con el nombre de Justicia Democrática".

En 1971, primer documento

JD elaboró su primer documento de trabajo en 1971, criticando, entre otras cosas, las reformas del Código de Justicia Militar y del Código Penal para reprimir más a quienes luchaban por la libertad y la democracia. En 1972, 1973 y 1974 -con Franco aún vivo-, JD publicó trabajos titulados Justicia y Política, en los que se reclamaba ya la independencia judicial, una policía judicial dependiente de los jueces y que se acabara con la práctica de que las sentencias judiciales se basaran solamente en los atestados elaborados por la policía.

El franquismo hizo un tanto la vista gorda ante la clandestina JD, integrada fundamentalmente por jueces y fiscales, con los que se contaba para aplicar la justicia del régimen. Apenas se les vigilaba, porque parecía insólito que un juez, un fiscal o un secretario judicial pudieran discrepar del franquismo. Martín Pallín ha relatado que, al salir de una de las reuniones clandestinas, en las que la policía esperaba a la puerta, para realizar detenciones, cuando Billy el Niño (apodo de Juan AntonioGonzález Pacheco, un policía de la Brigada Político Social, acusado de torturas) vio salir a dos magistrados, dijo: "Dejad a estos, que son de Justicia Democrática".

Los riesgos que pesaban sobre los integrantes de JD eran que la autoridad competente les declarara "inidóneos" para su promoción profesional y que los jerifaltes del régimen se percataran de que los acuerdos a los que llegaban en aquellas reuniones clandestinas eran completamente opuestos a las esencias de la dictadura. El libro recoge una declaración de JD de octubre de 1975, el mes anterior a la muerte de Franco, en la que se reclamaba "el inmediato establecimiento de las libertades ciudadanas" y "la restitución inmediata de la soberanía a su único y legítimo titular, que es el pueblo español". JD consideraba "urgente" una amnistía general "a todos los que han luchado contra el régimen franquista"; el cumplimiento de la "Declaración de los Derechos Humanos", y la anulación de las leyes "que repriman, restrinjan o castiguen el ejercicio de los derechos humanos".

Fallecido Franco, JD continuó actuando clandestinamente, hasta su disolución al aprobarse la Constitución de 1978. En los años previos a ese momento, e incluso después, la legitimación de los jueces y fiscales para ejercer su profesión procedía, como en el franquismo, de la oposición memorística. Mientras que las Cortes de Franco hicieron su hara-kiri, de forma que los viejos procuradores orgánicos fueron sustituidos por parlamentarios elegidos por sufragio universal el 15 de junio de 1977 y la Constitución en gestación establecía un sistema democrático para la designación del Gobierno, los miembros del poder judicial continuaron -y continúan- con la única legitimación de aprobar la oposición memorística.

De ahí que los miembros de JD no quisieran significarse respecto a sus colegas franquistas, muchos de los cuales tapaban con la toga sus falangistas camisas azul mahón, condecoraciones de la dictadura o ejecutorias como gobernadores civiles y jefes provinciales del Movimiento. Todos ellos, como los de JD, habían superado la oposición que les obligaba a aprenderse centenares de temas, varios de los cuales debían "cantar" ante el tribunal de oposiciones. A pesar de la composición ideológica plural -cristianos, socialdemócratas, liberales, comunistas-, Manuel Fraga les descalificaba con la denominación única de "los comunistas".

Entre otras represalias a los miembros de JD, Pilar Díaz señala la suspensión de empleo y sueldo durante tres meses a Plácido Fernández Viagas, por participar en 1977 en una manifestación pro amnistía, y la sanción a Jesús Vicente Chamorro por intervenir en mayo de 1978 en el programa de televisión La Clave, sin la debida autorización. Una de las características de los integrantes de JD, además del pluralismo ideológico, era el sentido del humor, del que hacían gala en lo que llegó a ser su sede lúdica, Bocaccio, un concurrido lugar nocturno madrileño donde se daban cita intelectuales, artistas y juristas a finales del franquismo y durante la Transición.

Congreso clandestino en 1977

El grado de clandestinidad con que operaba JD le llevó a celebrar su primer congreso, en enero de 1977, completamente a escondidas. Asistieron unos 70 juristas, en representación de unos 200, desde liberales a marxistas, y como observadores, representantes de organizaciones jurídicas de Francia, Portugal e Italia.

A pesar de que el entonces director de EL PAÍS, Juan Luis Cebrián, entre los múltiples procesamientos de aquella época, fue objeto de uno por hacerse eco el periódico de un comunicado de la clandestina JD, informamos en EL PAÍS sobre aquel primer congreso, el 11-1-1977. La información fue facilitada "a un reducido grupo de periodistas, con grandes cautelas, que los informantes lamentaron, pero que consideraron imprescindibles mientras que JD continúe en la clandestinidad", como se señalaba en la crónica, firmada por mí, titulada Justicia Democrática promoverá un sindicato de magistrados, que se recoge en el libro.

En ese primer congreso, celebrado en el Colegio Mayor Juan XXIII, de Madrid, JD reafirmó su petición de amnistía total y pidió la abolición de la pena de muerte, suspensión de la discriminación por razón de sexo, derogación del decreto-ley Antiterrorista y control por los tribunales de la policía judicial. Al día siguiente, 12-1-1977, EL PAÍS dedicaba al congreso un editorial, titulado Justicia y política, en el que resaltó que JD invitara a la opinión pública "a criticar su gestión" y propugnara que la democratización del país comenzara con la democratización de los cuerpos de la justicia y que la aplicación del Derecho persiguiera la ampliación de las libertades públicas. EL PAÍS agradecía a JD su gesto y hacía votos para que "sus objetivos se cumplan".

Otro de los autores del libro, Fernando Ledesma (ex ministro de Justicia y actual miembro del Consejo de Estado), remonta a 1966, en Barcelona, la gestación de JD, cuyos miembros participaron en la Plataforma Democrática y en la denominada Platajunta contra la dictadura y, más tarde, en los trabajos preparatorios de la Constitución de 1978. La fundación y formalización de JD se produjo en Madrid en 1972, en el domicilio del magistrado Clemente Auger, y aunque seis años después, al entrar en vigor la Constitución, se disolvió como JD, engendró después Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, que actuaron libremente y que "mantienen íntegros los ideales por los que muchos luchamos", señala en el prólogo Martín Pallín.

Otro de los fundadores de JD, el magistrado emérito del Tribunal Supremo Perfecto Andrés Ibáñez, se ocupa en el libro, bajo el título Poder Judicial y Estado de Derecho, de la necesaria legitimidad de los jueces y de su independencia, en línea con los planteamientos realizados por JD. Otro autor del libro, Alfonso Ruiz Miguel, catedrático de Filosofía del Derecho, tras su exhaustivo análisis sobre la inexistencia de derechos en el franquismo, resalta la contribución de los partidos políticos, en especial el PCE, y los sindicatos -Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores especialmente- al establecimiento de un sistema político democráticamente homologable. Reconoce que esta labor en favor de las libertades fue acompañada "por JD entre los jueces y la UMD entre los militares".

En conclusión, Los jueces contra el franquismo: Justicia Democrática, describe las inquietudes de un puñado de juristas, empeñados en que la democracia llegara a la justicia, tras décadas de resistencia al sistema dictatorial de represión de las libertades y de utilización del aparato judicial como modo de legitimación de las atrocidades perpetradas por el régimen franquista de unidad de poder y coordinación de funciones.