Más empuje, más inteligencia y más recursos contra un machismo infame

Concentración de repulsa por el el último crimen machista registrado en la localidad leonesa de La Virgen del Camino. Foto: EFE .

La conferencia de Beijín priorizó la lucha contra la violencia a las mujeres y las feministas españolas hicieron un gran trabajo de incidencia política cuando comprometieron a los partidos políticos en esa lucha. El PSOE atendió con decisión esa demanda y vinculó su agenda a la del feminismo, de manera clara y con compromisos públicos.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, fue la primera de las leyes de segunda generación que aprobó J.L. Zapatero abriendo el camino a una estrategia legislativa que, trascendiendo la igualdad formal, se comprometía con la identificación de los obstáculos que impiden a las mujeres ejercer los derechos que las leyes les reconocen. Los socialistas somos conscientes de que de nada sirve un derecho que no puede ejercerse y por tanto articulamos una batería legislativa para avanzar. Lo hicimos atendiendo al mandato constitucional de "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud".

Los datos son claros y nos dicen que la movilización de las organizaciones de mujeres fue decisiva para la toma de conciencia social y la aprobación de la Ley 1/2004 lo fue para el cambio de paradigma respecto del tratamiento que se le daba en el ámbito de la protección policial, judicial y social.

Hay datos históricos que es necesario recordar

La ley contra la violencia fue demanda, de manera muy activa, durante toda la década previa a su aprobación. La primera proposición de Ley contra la violencia de género fue defendida en el 10 de septiembre de 2002 por Micaela Navarro. Fue votada en contra por el Partido Popular, que tenía entonces mayoría en la Cámara. Aquel voto en contra solo consiguió retrasar, dos años, la puesta en marcha de la ley, porque en 2004 un gobierno socialista la sacó adelante con los votos de todos los grupos parlamentarios.

Un dato exponencial para valorar el impacto de estos hechos son las denuncias, porque muestran el número de mujeres que están dispuestas a confiar en los instrumentos legales para salir de la violencia. En España, en el año 1984 hubo 16.000 denuncias por malos tratos y en 1994, 16.300 denuncias (toda una década sin apenas variación). En el año 1997 (año del asesinato de Ana Orantes) hubo 17.587 y una década después (2007),, con la Ley Integral ya aprobada, las denuncias alcanzaron la cifra de 126.000. Dicho de otro modo: se multiplicó por siete el número de mujeres que se animaron a dar el paso para salir de la violencia. Este es el primer indicador que pone de manifiesto que las mujeres exigían al Estado elementos de confianza para dar un paso que las coloca en situación de riesgo.

Sabemos que la aplicación de la Ley reclama recursos para poder hacer realidad todo el abanico de derechos que reconoce y estrategias a las que se compromete. La Ley obligaba, por ejemplo, a implantar juzgados especializados y se hizo de forma diligente con inversiones anuales en torno a los 45 millones de euros.

Desde la primera red de casas de acogida que comenzó a tejerse en 1984 hasta el sistema de recursos que actualmente dan cobertura a las víctimas han pasado años y se ha acumulado experiencia que ha permitido acumular conocimiento profesional sobre el problema.

La puesta en marcha de la Ley 1/2004 inició un proceso que avanzaba con resistencias en todos los ámbitos de actuación. Son resistencias, consciente e inconscientes, siempre alimentadas por la interiorización del sexismo estructural. Frente a ello ha estado la convicción y el esfuerzo de quienes conocen en profundidad cómo el sexismo construye dinámicas sociales que alientan la reacción.

Pero cuando estábamos en ese pedregoso camino, llegó un gobierno del Partido Popular (año 2011) que en sus primeros presupuestos recortó 8.508.700 de euros a la embrionaria institución encargada de la coordinación de la lucha contra esta violencia. La parada en seco de las políticas de sensibilización y prevención y la pereza institucional frente al problema han sido la seña de identidad de un PP que creyó que la inercia sería suficiente, pero olvido que estamos en terreno "empinado" y que no empujar conlleva descender.

El catálogo de recortes es amplio y algunas decisiones políticas del gobierno de Rajoy tienen un impacto demoledor para las políticas de igualdad. El catalogo es extenso, pero cabe destacar que para garantizar la eficacia en la prevención es preciso sostener la red de atención a las víctimas en el ámbito local. Para ello será preciso que los ayuntamientos recuperen las competencias que en esta materia les ha sustraído la "Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local".

Los juzgados, parte del problema y parte de la solución

Tenemos aún muchas mujeres que tras poner una denuncia dan un paso atrás, que se rinden, que se ven sin recursos emocionales y apoyos suficientes para enfrentar el proceso de salida de la violencia.

Sabemos que la no concesión de órdenes de protección es uno de los principales elementos que empujan a las mujeres a retirar las denuncias. Según el estudio promovido por la Junta de Andalucía sobre "La renuncia a continuar en el Procedimiento judicial en Mujeres Víctimas de Violencia de Género", la no concesión de protección por parte de los jueces multiplicó por 3,6% la probabilidad de renuncia de las mujeres a seguir con el proceso.

Sabiendo esto, resulta preocupante el aumento inexplicable de denegaciones de Órdenes de Protección en juzgados que "de manera sistemática" rechazan esas solicitudes de protección. Quiero remarcar que son siempre los mismos juzgados y de forma repetida a través de los años. Esos datos ponen de manifiesto anomalías que el CGPJ no se ha molestado en informar y que ponen bajo sospecha las actuaciones de juzgados como los de Barcelona con un 80,7% de denegaciones o Granollers (77,3%), Santa Coloma de Farners (74,4%), Sevilla (69,1%) o Telde (61,1%).

Desconocemos los motivos y es posible que no siempre sean los mismos, pero es evidente que el CGPJ debería interesarse por esta circunstancia y saber si es la subjetividad o la falta de formación la que hace que jueces y equipos psicosociales minimicen la sensación de peligro que expresan las víctimas.

En todo caso, es indudable que muchos profesionales que están tomando decisiones no cuentan con instrumentos y formación especializada para llevar a cabo las valoraciones de riesgo. La especialización implica contar con capacidades para apreciar las características específicas de este tipo de violencia.

Las valoraciones de riesgo no son infalibles, pero sin contar con un amplio catálogo de datos es difícil llevarlas adelante. Por eso, es esencial un compromiso más explícito para dotar de recursos a la administración de justicia e implantar definitivamente las unidades de valoración forense, para que estas a su vez se inserten en el sistema de valoraciones VIOGEM. La valoración forense, junto a otras informaciones esenciales como los datos de atención psicosocial y la incorporación sobre sintomatologías que ya se recogen a través de cribados en los centros de salud, pueden completar los diagnósticos de riesgo de forma más eficaz.

Para los socialistas la necesidad de formación en perspectiva de género de jueces y juezas es un elemento clave que llevaremos al pacto social, político e institucional porque urge una revisión del modelo formativo de quienes se harán cargo de los juzgados especializados. Sin duda la urgencia con que se acometió la implantación de los juzgados especializados no permitía la formación intensiva de los primeros jueces que se hicieron cargo de ellos, pero lo que era justificable hace diez años, no lo es ahora.

El preocupante aumento de asesinatos en los que la víctima había interpuesto denuncia (41% en lo que va de año) un dato que pone en evidencia fallos en los sistemas de protección que necesitamos acometer con urgencia.

Seguir adelante y recuperar el espíritu de consenso de la Ley 1/2004

Hay que recuperar el compromiso y el espíritu de unidad a pesar de que los antecedentes de algunos les hagan poco fiables. Pero necesitamos un pacto para enmarcar las acciones del Estado a largo plazo en un asunto que los socialistas hemos considerado siempre de trascendencia.

Necesitamos un acuerdo que salvaguarde los esfuerzos, los compromisos sociales y presupuestarios para combatir una violencia que siega la vida de mujeres y menores.

Necesitamos un pacto que no se puede construir solo para paliar los efectos de esta violencia. El principal problema del gobierno del PP ha sido que su modelo de intervención se escoró al asistencialismo y el asistencialismo no combate al machismo.

Necesitamos un pacto que afronte todas las reacciones a la Ley de violencia que están llevando a la perdida de la custodia de los hijos a las víctimas que se ven sometidas a la amenaza de informes profesionales que alegan síndromes inexistentes.

Necesitamos un pacto para acabar con normas y códigos deontológicos profesionales que obligan a pedir permiso a los maltratadores para poder intervenir terapéuticamente a los menores víctimas de la violencia.

Hemos de atender compromisos y recomendaciones internacionales como el Convenio de Estambul y de la CEDAW que reclaman cambios en la legislación civil, penal, procesal y de cooperación jurídica internacional, o la legislación sobre asilo y refugio.

Necesitamos un pacto amplio que incorpore a los medios de comunicación, no solo porque deben asumir e intensificar su compromiso con la concienciación social sobre este problema. Con los medios de comunicación es preciso abrir un espacio de reflexión más ambicioso porque son clave para la prevención ya que, junto a la familia y la escuela, son elemento clave en los procesos de socialización de los jóvenes.

Necesitamos un pacto, nos lo demanda una sociedad que nos reclama más empuje, más inteligencia y más recursos contra un machismo infame y criminal.