Por qué los recortes en ayuda exterior no contribuyen a solucionar la crisis
Considerar el gasto nacional de refugiados como ayuda oficial al desarrollo es absurdo, cínico e irresponsable. No hay por qué elegir entre la acogida de refugiados y la cooperación para el desarrollo. Los recortes en estos tipos de ayuda sólo conseguirán que empeoren las situaciones que provocan la migración involuntaria.
A medida que la corriente de refugiados que llega a Europa sigue creciendo, los gobiernos europeos intentan tomar medidas rápida y adecuadamente en un marco de presupuestos reducidos y flaqueante voluntad política. Con este telón de fondo, muchos se están aprovechando de las leyes implementadas por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), leyes que consideran esos gastos como "ayudas oficiales al desarrollo" o "AOD".
Considerar los gastos nacionales de refugiados como ayuda oficial al desarrollo es absurdo, cínico e irresponsable. Es poco probable que estos gastos disminuyan en los próximos años y deben ser independientes de los presupuestos de ayuda al desarrollo. Los recortes en estos tipos de ayuda sólo conseguirán que empeoren las situaciones que provocan la migración involuntaria.
El concepto de ayudas oficiales al desarrollo, y la idea de que los países de la OCDE tienen que destinar a ellas un 0,7% de su Producto Interior Bruto, tiene su origen en la década de los 70. Desde entonces, el desarrollo de presupuestos de ayuda de los países europeos ha consistido en sumar y sumar hasta llegar a la cifra acordada. Para evitar considerar o reportar gastos inapropiados como AOD, se establecieron una serie de reglas para vigilar que se cumplieran las promesas. La primera regla dicta que una ayuda oficial al desarrollo ha de ser un gasto público centrado principalmente en promover el desarrollo económico y el bienestar de una serie concreta de países receptores.
Sin embargo, pasados los años, la OCDE ha aceptado ciertos gastos que no cumplen estos criterios, difuminando así sus propias reglas. En 1988, se introdujo una nueva categoría de gastos: los costes de refugiados en los países donantes. Esto permite que los gobiernos de la OCDE inviertan en el mantenimiento de refugiados en su país durante los primeros 12 meses de su estancia, un tecnicismo presupuestario del que vemos que se aprovechan hasta unos extremos perversos.
Protesta en Copenhague (Dinamarca) en apoyo a los refugiados el 26 de agosto de 2015
Las prácticas de este tipo no sólo denotan una contabilidad sospechosa por parte de unos pocos gobiernos europeos periféricos que normalmente se muestran reacios a ayudar. Ciertos líderes tradicionales llevan a cabo estas prácticas cuestionables: Dinamarca recortará más de 550 millones de euros de su presupuesto de ayudas oficiales al desarrollo para hacer hueco a los gastos nacionales de refugiados de cara al 2016, gastos que sumarán una tercera parte de su presupuesto de ayuda al desarrollo; Suecia pretende recortar un 60% su presupuesto de ayuda al desarrollo para conseguir lo mismo; al igual que Noruega, que va a reducir su presupuesto en casi 450 millones de euros. Otros países, como Holanda, tienen pensado hacer lo mismo. Por si fuera poco, los mismos países que ahora informan más de la cuenta sobre gastos nacionales de refugiados son los que contribuyen a la falta de financiación de los campamentos de refugiados que dirige la ONU en los lugares de procedencia, pese a que muchos gobiernos defienden públicamente que el asilo regional es la mejor solución para la crisis.
Los gastos de refugiados no son cuestionables; todo lo contrario: lo que es cuestionable -y por muchos motivos- es clasificar este gasto como ayuda oficial al desarrollo. Está claro que no contribuye directamente con el objetivo de desarrollo económico y bienestar de los países en vías de desarrollo. Al contrario: obtiene millones gracias a los recortes en medidas de mitigación de la pobreza y ensombrece la misión de los países de la OCDE que sí apoyan a los países en vías de desarrollo.
No hay por qué elegir entre los costes nacionales de financiación de refugiados y las intervenciones en la cooperación para el desarrollo. La ayuda para el desarrollo, si se concede a través de programas y proyectos eficaces, puede enfrentarse a las causas principales de la migración involuntaria. Al fomentar la paz y la estabilidad a la vez que se respalda el crecimiento económico y la creación de empleo, la ayuda al desarrollo es una pieza fundamental para estabilizar la situación de los refugiados.
El informe de gastos de refugiados actual también plantea problemas para la integridad y legitimidad de las ayudas oficiales al desarrollo, ya que es un indicador del desarrollo financiero. Por estos dos motivos:
Primero: existe una falta de consenso entre los miembros de la OCDE en cuanto a si la ayuda nacional para refugiados debe considerarse parte de la ayuda oficial al desarrollo. Hasta la fecha, Bulgaria, Polonia y Luxemburgo no consideran que su gasto para refugiados sea una ayuda al desarrollo. Aun así, según unas investigaciones independientes llevadas a cabo por organizaciones sociales y de investigación que se han centrado en los procedimientos de elaboración de informes de ayudas oficiales al desarrollo, no hay diferencia en el resultado de los países.
Segundo: los procedimientos de elaboración de informes son muy irregulares. En 2012, el secretariado de la OCDE publicó un documento basado en una investigación sobre los procedimientos de informe de gastos de refugiados por parte de los miembros de la organización de 2009. En el documento se podía observar la ausencia de coherencia en los procedimientos y se indicaba a los lectores que los datos de los diferentes miembros de la OCDE no tenían por qué ser comparables. Los países miembros también se diferenciaban en las categorías de refugiados en el tipo de gasto y en la metodología seguida para evaluar los costes. Como resultado de todas estas irregularidades, el coste anual medio por refugiado varía de 1.650 euros en Portugal a 27.500 euros en Bélgica.
Varios Estados miembros de la UE y de la OCDE han dejado abierto el debate sobre la posibilidad de extender el periodo a cubrir por el informe de 12 meses a 3 años. El efecto de esta posible medida consistiría en consolidar la tendencia actual en la que los gastos de refugiados no dejan posibilidad alguna de apoyar la realización de proyectos de desarrollo a largo plazo. Los miembros de la OCDE se muestran prudentes a la hora de considerar los posibles daños que podría conllevar dicho cambio a su reputación, después de lo que les ha costado restablecer la credibilidad en los procedimientos de informe de las ayudas oficiales al desarrollo, especialmente las que realizaron en 2014 al reformar los procedimientos de informe sobre los préstamos y sobre la reducción de la deuda.
Si se tiene en cuenta la sincera disposición de los países europeos a la hora de desempeñar un papel de liderazgo en el camino hacia un mundo en el que "la inmigración tiene que ser fruto de la ambición y no de la desesperación" -como dice Neven Mimica, Comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo de la UE-, la única forma creíble de avanzar es obligar a la OCDE a eliminar la posibilidad de incluir los gastos nacionales de refugiados como ayuda oficial al desarrollo.
Este post fue publicado originalmente en la edición estadounidense de 'The Huffington Post' y ha sido traducido del inglés por Irene de Andrés Armenteros
