IU y el PCE se querellan contra el rey emérito y Corinna por constitución de grupo criminal
Los acusan de la posible comisión de hasta 13 delitos, entre ellos cohecho, fraude y tráfico de influencias.
Izquierda Unida y el PCE han presentado una querella en Tribunal Supremo contra Juan Carlos I en la que le acusan de la posible comisión de hasta 13 delitos, entre ellos cohecho, fraude, tráfico de influencias y constitución de grupo criminal, informa la agencia EFE.
La querella también va dirigida contra la amiga del rey emérito Corinna zu Sayn-Wittgenstein; el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán; el excomisario José Manuel Villarejo y los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Juan Villalonga, según han informado fuentes de la formación de izquierdas.
Estas formaciones han decido emprender acciones legales ante lo que consideran "una absoluta dejadez de las instituciones del Estado" en la investigación de presuntas prácticas delictivas por parte del rey emérito. Basan buena parte del contenido de su querella en las revelaciones de la amiga personal del rey emérito, recogidas en varias grabaciones realizadas por el excomisario José Manuel Villarejo y que han publicado varios medios de comunicación.
Según los querellantes, de las conductas descritas en esas grabaciones se deducen posibles operaciones de obtención de ingresos indebidas, operaciones financieras opacas, blanqueo de dinero, fraude fiscal y ocultación de bienes, que de confirmarse, nos situarían ante una estructura criminal de la que habría formado parte el rey Juan Carlos, entre otros.
El secretario general del PC y responsable federal de justicia e interior de Izquierda Unida, Enrique Santiago, en declaraciones a la Cadena SER, habla de una seria de personas que se pusieron de acuerdo para cobrar comisiones a empresas españoles y extranjeras por operaciones económicas en las que intervenía el Estado y mantener el producto de esas comisiones oculto ante la hacienda publica. Para ello se utilizaron mecanismos de ingeniería financiera para mantenerlos en paraísos fiscales. En todo caso, asegura Enrique Santiago, tareas incompatibles con la jefatura del estado.
Inviolabilidad o inmunidad del Jefe del Estado
La querella hace hincapié en que ninguna inmunidad, inviolabilidad o irresponsabilidad pueden alcanzar al Jefe del Estado que durante el ejercicio del cargo realiza actividades ilícitas con el único fin del enriquecimiento personal. Para justificar este posicionamiento, se citan, entre otros, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que establece que las personas que disfrutan de inmunidad, incluido el Jefe del Estado, lo hacen por funciones propias de su cargo y cualquier actividad criminal de enriquecimiento particular, no es una actividad propia de un Jefe del Estado, con lo cual no le puede alcanzar ninguna inmunidad. Lo contrario, aceptar que hay personas que están por encima de la ley, dicen los querellantes, es propio de un estado absolutista y medieval.
La Audiencia Nacional ya archivó la investigación
El juez siguió el criterio de la Fiscalía Anticorrupción que entendía que los hechos que se le imputaban al Rey Juan Carlos habrían tenido lugar cuando gozaba de inviolabilidad, ya que se habrían producido antes de la abdicación. Además consideraba poco precisas y vagas las revelaciones de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein. Son argumentos que los querellantes consideran inconsistentes y recuerdan que la Audiencia Nacional no tiene competencia para pronunciarse sobre el rey emérito dado su carácter de aforado y cuya competencia corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
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