La lucha de Safira, una joven con discapacidad que va a ser desahuciada en Guadalajara

Amnistía Internacional (AI) ha alertado de un desahucio que puede producirse este lunes, 22 de octubre, y que tiene a una joven discapacitada como víctima. Se trata de Safira Sánchez, una mujer de 23 años y con un 66% de discapacidad, que puede ser sacada de la casa que ahora habita, pese a que no tiene una vivienda alternativa, lo que conllevaría incumplir las medidas cautelares establecidas por Nacionales Unidas.

A través de un comunicado, Amnistía ha recordado que el 5 de septiembre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) exigió la paralización del desahucio de Safira, que está previsto para las nueve de la mañana. La joven, según ha explicado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara, es pensionista, con unos ingresos mensuales de 380 euros, y no puede acceder a una vivienda a precio de mercado.

Esta plataforma ha explicado que Safira "recuperó" una VPO que en el año 2014 llevaba al menos cinco años vacía y había sido adquirida por Kutxabank que, una vez finalizado el plazo de exenciones fiscales, ha decidido denunciar a la joven para poder vender la vivienda a precio de mercado, a pesar de que ésta se ha ofrecido a pagar un alquiler ajustado a sus ingresos económicos.

(Puedes seguir leyendo tras el vídeo...).

Amnistía Internacional ha insistido en que el Comité DESC ha solicitado la suspensión del desahucio o que, alternativamente, se le otorgue una vivienda adecuada a sus necesidades, para evitar posibles daños irreparables a la afectada, mientras el caso está siendo examinado por esta instancia.

"Los órganos judiciales deben cumplir las resoluciones de órganos de Naciones Unidas cuya competencia para adoptar medidas cautelares a fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima ha sido aceptada por España", ha exigido el coordinador de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha, Alfonso Sánchez.

En este sentido, ha recordado que España, firmó y ratificó el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 2009 y 2010 respectivamente.

Mediante esta ratificación, España reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones conforme a lo dispuesto en el Protocolo y para adoptar medidas provisionales que sean necesarias en circunstancias excepcionales a fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación, y ello antes de pronunciarse sobre el fondo de una comunicación.

Amnistía Internacional ha advertido de que Safira se encuentra en una situación vulnerable y ha lamentado que si no se le ofrece una alternativa habitacional, incrementará su situación de desamparo.

Asimismo, la organización ha escrito a las autoridades competentes a nivel autonómico y local para recordarles su obligación de proveer de una vivienda alternativa a las personas sin recursos que hayan sufrido un desalojo.