Las juezas españolas piden normas específicas para evitar casos como el de Juana Rivas
"Estamos ante una realidad compleja y delicada a la que solo se le pueda dar respuesta utilizando instrumentos que prevean un tratamiento específico de la violencia de género".
La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ha pedido disposiciones específicas que garanticen la protección de los menores y de las víctimas de violencia machista para evitar casos como el de Juana Rivas.
Esta organización ha emitido un comunicado después de que esta vecina de Maracena quedara ayer en libertad provisional tras comparecer como detenida en el Juzgado de guardia de Granada investigada por supuestos delitos de sustracción ilegal de menores y desobediencia a la justicia.
Juana Rivas estaba en paradero desconocido desde que el pasado 26 de julio incumpliera la orden judicial de entregar a sus dos hijos, de tres y once años, a su padre italiano, Francesco Arcuri, condenado en 2009 en España por lesiones en el ámbito familiar a su mujer.
SIGUE VIGENTE LA ORDEN DE ENTREGA DE LOS NIÑOS AL PADRE
Además el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha recordado que sigue vigente la orden de entrega de los niños al padre italiano como se ha acordado tanto por la vía civil como por la vía penal.
La AMJE recuerda "la capital importancia que tiene la utilización de la perspectiva de género como elemento transversal inspirador e informador tanto de las normas jurídicas como de su interpretación y aplicación".
"Instrumentos jurídicos tan necesarios y relevantes como el convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores corren el riesgo de ser desvirtuados y dar lugar a situaciones materialmente injustas si en su aplicación no se atiende al contexto y a la realidad que comporta la violencia de género", añade.
Comenta que "en tal sentido y aún cuando los hechos no hayan ocurrido en nuestro país, tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como el Estatuto de la Víctima del Delito prevé una competencia específica de la jurisdicción, que debe ponerse en relación con la obligación de adoptar medidas de protección de los menores, cuyo superior interés prevalece sobre cualquier otro y a los que 'se les ha de asegurar un entorno libre de violencia".
UNA REALIDAD COMPLEJA Y DELICADA
Al respecto abunda en que el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica prevé que "las partes tomarán las medidas legislativas u otras necesarias para que en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos se tengan en cuenta incidentes de violencia machista".
"Estamos ante una realidad compleja y delicada a la que solo se le pueda dar respuesta utilizando instrumentos legales que prevean un tratamiento específico de la violencia de género que pueda ser objeto de una aplicación con suficientes profesionales formados y medios adecuados, evitando retrasos intolerables ante realidades que exigen una atención inmediata", advierte.
