Portugal da luz verde a los vientres de alquiler para mujeres con problemas de fertilidad
La gestante no recibirá ningún dinero, sólo se le costearán los gastos médicos.
Los vientres de alquiler ya son legales en el vecino Portugal. La ley de gestación subrogada se aprobó hace un año pero ha entrado en vigor este martes, después de que el decreto que regula su aplicación fuese publicado en el Diario de la República.
La norma permite el acceso a los vientres de alquiler a las mujeres con problemas de infertilidad, que hayan nacido sin útero o con alguna lesión que les impida quedarse embarazadas.
La pareja que quiera acceder a este procedimiento deberá acudir a un centro de reproducción asistida, público o privado, para que sea probada la infertilidad de la madre genética y la situación psicológica de la madre gestante, que no recibirá ningún pago a excepción de los gastos médicos.
Los candidatos tendrán que celebrar contratos de gestación de sustitución y realizar solicitudes de autorización previa Consejo Nacional de Fecundación Asistida (CNPMA, por sus siglas en portugués), a través de formulario en Internet. Deberán incluir declaraciones favorables de un psiquiatra o psicólogo y del director del centro donde se va a llevar a cabo. El Consejo tendrá 60 días para responder.
En el contrato figurarán las obligaciones de ambas partes. La gestante tiene que cumplir las directrices del ginecólogo que sigue el embarazo y realizar los exámenes y actividades terapéuticas indispensables, pero puede rechazar determinados exámenes de diagnóstico, como la amniocentesis. El contrato puede ser denunciado por ambas partes si se produce un cierto número de intentos de embarazo fallidos.
Si se admite la solicitud, se pedirá un dictamen a dos médicos, que tendrán otros 60 días para responder. El Consejo puede solicitar "la realización de una evaluación completa e independiente de la pareja beneficiaria y de la gestante de sustitución, por un equipo técnico y multidisciplinar".
La ley limita el contacto de la madre gestante con el bebé al "mínimo indispensable" tras su nacimiento, debido a los "potenciales riesgos psicológicos y afectivos que esa relación supone, sin perjuicio de las situaciones en las que la gestante de sustitución es un familiar próximo". En todo caso, privilegia la relación con la madre final y establece que los intereses del niño deben prevalecer por encima del resto.
La ley fue aprobada en 2016, pero era necesario un decreto reglamentario que especificase su regulación, que recibió la luz berde en un consejo de ministros de junio.
En su momento, la norma generó polémica y fue vetada por el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, al considerar que existían "vacíos legales" sobre la salvaguarda de los derechos del niño y de la mujer gestante. El Parlamento aprobó una nueva versión para subsanarlos y la norma fue aprobada.
