"Estimado President:
Contesto la carta que me ha remitido, a la que adjunta el acuerdo aprobado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, mediante el cual se solicita al gobierno español el inicio de negociaciones sobre los términos y las condiciones para la celebración de un referéndum en Cataluña, así como la Moción 122/XI aprobada por el pleno del Parlament de Cataluña el pasado 18 de mayo.
Como usted sabe, mi voluntad de dialogar y de llegar a acuerdos con la Generalitat de Cataluña, como con cualquier otro gobierno autonómico, es plena y sincera. Esta disposición al diálogo y a la cooperación entre administraciones ha quedado de manifiesto a lo largo de estos años, en los que hemos llegado a numerosos acuerdos y prestado toda nuestra colaboración a la Generalitat. Son muchos los ámbitos en los que dicha colaboración ha redundado en beneficio de los ciudadanos de Cataluña.
Esta voluntad de entendimiento tiene como único límite el respeto a la soberanía nacional y al Estado de Derecho que rige en nuestro país. Tal y como he tenido ocasión de manifestar reiteradamente, también en los encuentros que hemos mantenido, ni usted ni yo tenemos capacidad para negociar sobre aquello de lo que no disponemos. Ello supondría hurtar de sus derechos al conjunto del pueblo español, y por ende, a los catalanes, y ningún legítimo gobernante puede proceder de esta manera.
He tenido ocasión de reiterarle, tanto en público como en privado, las obligaciones constitucionales que comporta tanto mi cargo como el suyo. La primera de ellas, ineludible para mí, es la defensa del orden constitucional. A nadie se le oculta que la propuesta política a la que se me invita consiste en pactar con el gobierno que usted preside, la forma de vulnerar el núcleo esencial de la Constitución española.
Permítame recordarle que nuestro ordenamiento constitucional, que consagra para todos un estado democrático y de derecho con plenas garantías, también prevé mecanismos para plantear toda clase de aspiraciones políticas, siempre y cuando se proceda por los cauces democráticamente previstos y conciten el apoyo parlamentario necesario. En este sentido, como ya conoce, mi Gobierno le ha invitado a debatir su propuesta en el Congreso de los Diputados como sede de la soberanía nacional, ya que es ahí donde deben debatirse las aspiraciones que nuestro pluralismo político ampara. Lo que no cabe es plantear una negociación a espaldas de los verdaderos cauces democráticos y de la Ley, que a todos nos ampara y a todos nos obliga, y en este sentido, la obligación de mi Gobierno es y será, siempre, actuar en defensa de la libertad, la convivencia pacífica y los derechos de todos los catalanes y del resto de ciudadanos españoles.
Por todo ello, considero inexcusable volverle a reiterar no sólo la imposibilidad de tomar parte en aquello que propone, sino también la imposibilidad de que su Gobierno plantee tan grave amenaza a la convivencia y al orden constitucional.
Por cuanto, al mismo tiempo en que reclama al Gobierno de la Nación que acepte la celebración de ese referéndum, prepara un conjunto de iniciativas legales que suponen la liquidación absoluta de nuestro orden constitucional. Mal se compadece el diálogo que dice ofrecer, con la amenaza de una declaración de independencia para el caso de no ser satisfechas sus pretensiones.
Como gobernante y representante del Estado, le invito a recuperar los planteamientos que, lejos de generar desencuentro y frustración, se ajusten al común marco de convivencia y respondan a las necesidades reales de los catalanes, y desde esa posición, logremos encontrar espacios de acuerdo en beneficio de todos".
