El fiscal principal de la operación Lezo sigue en su puesto

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha renovado la comisión de servicio --plaza de carácter interino-- de Carlos Iañez, uno de los fiscales adscritos a la Operación Lezo por la que se desarticuló la trama presuntamente corrupta liderada por el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

Según una nota emitida hoy por la Fiscalía Anticorrupción, la renovación del fiscal Carlos Iañez se ha producido 'a petición del Fiscal Jefe' Anticorrupción, Manuel Moix, y 'ha sido aprobada por la Fiscalía General del Estado'.

Esta nota se produce después de la aparición de informaciones en varios medios de comunicación que apuntan al posible cese de este fiscal en el caso que instruye el juez Eloy Velasco, ante lo que la Fiscalía Anticorrupción aclara que 'no ha cesado a Carlos Iañez, fiscal encargado de la llamada operación Lezo, ni tampoco le ha apartado de esta investigación'.

'De hecho, el propio Fiscal Jefe ha solicitado recientemente la renovación de su plaza en comisión de servicios en esta Fiscalía, renovación que ha sido aprobada por la Fiscalía General del Estado', explica el comunicado de Anticorrupción.

La renovación se habría producido hace unas semanas ante el inminente vencimiento de esta situación administrativa provisional y, de no haberse aprobado, este fiscal debería haber abandonado su puesto en Anticorrupción y volver a aquel del que es titular en la Fiscalía de Granada, según han asegurado a Europa Press fuentes fiscales, quienes precisan que Iañez seguirá en Anticorrupción y encargándose además de la operación contra la trama que desvió presuntamente fondos públicos de la Comunidad de Madrid.

La polémica sobre la renovación de Iañez en su puesto viene precedida de la tensa junta de fiscales Anticorrupción que tuvo lugar el martes de la semana pasada, después de que este fiscal y su compañera en la 'operación Lezo', Carmen García Cerdá, formalizaran discrepancias con su superior sobre determinadas decisiones relativas al operativo que al día siguiente iba concluir en la detenciones y registros por el que esta investigación se hizo pública.

La rebelión obedeció al intento de veto de Moix respecto de determinados registros vinculados a operaciones de la empresa Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) --filial del Canal de Isabel II-- por operaciones sospechosas que se remontan a la etapa en la que Alberto Ruiz-Gallardón era el presidente de la Comunidad de Madrid. La decisión fue contestada por los fiscales del caso, que fueron apoyados mayoritariamente en junta por sus compañeros.

Iañez ha estado presente en todas las diligencias que se han practicado hasta el momento en el caso que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 6 junto a su compañera García Cerdá.

Ambos se opusieron a determinadas directrices de su superior invocando el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, algo que está previsto en la propia norma pero que es muy poco habitual que ocurra.

En dicho artículo se dice que aquel fiscal que reciba una orden 'que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente' se lo hará saber a su fiscal jefe 'mediante informe razonado' y que, si éste 'no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía'.

Eso es lo que ocurrió el pasado martes en la sede de la Fiscalía Anticorrupción, según las fuentes consultadas, y tras oír a sus compañeros, la práctica totalidad de la veintena de fiscales que integran este departamento --todos menos uno-- apoyaron a los compañeros de la Operación Lezo y se manifestaron contrarios a la orden de retrasar el registro antes mencionado.

Moix podría haber insistido en la orden de sacar esta diligencia de la lista de las que iban a solicitar que ordenara el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, Eloy Velasco.

Sin embargo, tras escuchar el criterio de varios de los fiscales que participaron en la reunión, el fiscal jefe se avino a la petición de los dos fiscales del caso por entender que, una vez iniciada la operación al día siguiente, las personas afectadas por estos registros podrían hacer desaparecer documentos y afectar negativamente a la investigación.