Un depósito de gas en Doñana pone en jaque el mayor humedal de Europa

"Es el choque frontal de dos modelos de planeta: el cortoplacista que apuesta por los combustibles fósiles y el beneficio económico y el que se compromete realmente contra el cambio climático e impide que se ahonde en él. Eso es lo que ahora mismo está en juego aquí". Habla Juanjo Carmona, portavoz de WWF en Doñana. Y el choque al que se refiere es la enésima pugna que se libra en el mayor humedal de Europa y que enfrenta los intereses empresariales con los preservacionistas: el empeño de Gas Natural-Fenosa de ampliar un gasoducto y crear un depósito de gas en las inmediaciones de un territorio protegido desde 1969 y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El proyecto cuenta con el visto bueno del Gobierno central y con informes -encargados por la empresa impulsora- que avalan supuestamente la seguridad de la obra, pero los grupos ecologistas, los agricultores y los alcaldes de la zona se han unido como nunca antes para alertar de lo contrario; supone, dicen, una "grave amenaza" que se sumará a los problemas endémicos que arrastra el parque.

Estas son las claves de la polémica.

El Proyecto Marisma de Gas Natural-Fenosa -concretamente de su filial Petroleum Oil & Gas España- pretende crear una red de 72 kilómetros de gasoducto en Doñana; actualmente ya hay 48 kilómetros instalados, de una explotación que dejó de usarse hace unos 30 años, y la idea es renovar 37 de ellos y añadir otros 22 kilómetros de nuevo trazado. Quieren sondear el terreno y explotar nuevos pozos -tres al menos- para producir aproximadamente 8.000 GWh que todavía quedan almacenados en el subsuelo. A continuación, pretenden rellenar ese espacio subterráneo con gas, un almacén en el que guardar el hidrocarburo que le llegue sobre todo de Nigeria. Todo, a 200 metros del parque natural y a unos dos kilómetros del nacional.

El coste es de 200 millones de euros, comenzó a tramitarse en 2008 y logró la licencia en 2013. Las obras se iniciaron el pasado septiembre en una de las cuatro zonas en que se dividen los trabajos. Se calcula que dejará en la zona entre 2 y 3 millones de euros de beneficio.

Justo en los presupuestos del nuevo año, el Ejecutivo central ha reconocido una partida de 6,3 millones de euros para el proyecto, vía Ministerio de Energía y Turismo.

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Enemigos históricos como los regantes y los ecologistas se han unido esta vez en una plataforma que sostiene que el proyecto agrava la situación de riesgo que ya vive el parque. WWF, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife, la Plataforma Antifracking de Andalucía, la Mesa de la Ría de Huelva, la Asociación de Amigos de Doñana y los alcaldes del entorno denuncian que los tubos y el almacén pueden suponer un mayor riesgo sísmico en la zona por los cambios de presión para mover y guardar el gas. Ya la zona es de "alta sismicidad", explica Carmona.

El traslado del gas desde el Puerto de Huelva a la zona, además de la apuesta en sí por combustibles fósiles, supone invertir en un cambio climático más acelerado, añaden los opositores al proyecto.

Temen, igualmente, que se produzcan fugas, pérdidas o explosiones que acaben dañando al verdadero corazón del parque, el acuífero, ya de por sí seco en los últimos años. Sumado a otros problemas endémicos de Doñana, como la proliferación de pozos ilegales por el cultivo intensivo de la fresa, proyectos como el dragado del río Guadalquivir para que cruceros turísticos puedan navegar, o la reapertura de la mina de Aznalcóllar, que generó el vertido masivo de 1998, el plan de Gas Natural es "una apuesta caduca, preocupante, que amenaza la sensibilidad de un entorno acosado", añade el portavoz de WWF.

La firma Geostock elaboró un informe para la empresa en 2015, en el que lanza un mensaje de calma, minimizando el riesgo de terremoto, fuga o deflagración, pero los ecologistas insisten en que no hay "garantías" de que no vaya a ocurrir una catástrofe en un parque que debería estar "blindado hasta a pensamientos de proyectos como este".

La compañía insiste en que en su explotación "no se ha descrito una sola afección derivada de esa actividad al entorno de Doñana”, que someten el plan a "una exhaustiva evaluación ambiental” y que “cumple con toda la normativa” por completo.

El Ministerio de Medio Ambiente otorgó la evaluación de impacto ambiental favorable de cada una de las cuatro partes del suelo afectado -Marisma Occidental, Marisma Oriental, Aznalcázar y Saladillo-. Es más: la obra fue declarada de utilidad pública, con lo que los trámites se han acelerado y además hace que la Junta de Andalucía apenas tenga competencia para frenarla.

En la primera de estas zonas es donde ya han empezado los trabajos, agotada como está ya la vía del contencioso administrativo. En la Oriental, el proceso está judicializado y, como de este suelo depende también la obra en la zona de Aznalcázar, ambas fases están paradas. En el caso de Saladillo, se necesita un documento de Gas Natural para que las autoridades del parque natural avalen o no el proceso.

El gobierno de Susana Díaz -quien este año se desplazó precisamente a Doñana para grabar su tradicional mensaje de fin de año- se ha opuesto a la explotación y su vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, ha afirmado que trabajan "por activa y por pasiva para que no sea una realidad". Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente confirman que el 19 de enero su consejero, José Fiscal, viajará a Bruselas para pedir a la UE que medie ante el Gobierno central para que se haga una evaluación integral del proyecto, y no parte a parte, algo clave para entender realmente el riesgo que supone. El "impacto acumulativo", dicen, es indispensable.

Tanto el Parlamento andaluz como el Congreso han elevado propuestas para paralizar el proyecto.

Los grupos preservacionistas y partidos de la oposición como Podemos Andalucía e IU han denunciado la tibieza de la Junta en su oposición al plan. El permiso de 2013 coincide con el tiempo en que el ex presidente del Gobierno socialista Felipe González era miembro del consejo de administración de Gas Natural y se conoció al mes de que el mismo González abandonase el consejo de participación del parque.

WWF se ha quejado ante la Comisión Europea por la afectación posible a terrenos de la Red Natura 2000 y porque reclaman la declaración de impacto ambiental global. Tras una campaña en Change.org, se han presentado más de 144.000 firmas reclamando que se descarte el proyecto. En la zona, en lugares emblemáticos como la aldea de El Rocío, se han producido manifestaciones que hasta han paralizado por unas horas el trabajo que ya desarrolla la empresa.

Doñana es el hogar del lince ibérico, la cigüeña negra, el águila imperial, casa temporal de los seis millones de aves que cada año paran en sus tierras y aguas cambiando de estación. Este humedal es vital para su supervivencia. Paraje de marismas, bosques, matorrales y dunas incomparables en todo el continente europeo y con numerosas especies en peligro, destaca Greenpeace, todo puede estar ahora en juego con este proyecto.

En 2015, la Unesco hizo una serie de recomendaciones a España para evitar que Doñana acabe en su lista negra de patrimonio de la humanidad amenazado; se refería sobre todo al riesgo del dragado en el Guadalquivir, pero el proyecto gasístico amplía la incertidumbre. Carmona indica que el Gobierno de Mariano Rajoy ya ha elevado a la Unesco un informe detallando lo que ha hecho para minimizar los peligros en Doñana y ahora el organismo de la ONU debe analizarlo y, en julio posiblemente, decidir qué hace, si hay o no castigo.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) también ha mostrado su preocupación por este caso.

Los grupos contrarios al proyecto recuerdan un posible precedente, nada positivo: el de El Castor, entre la costa de Castellón y Tarragona, aprobado por el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Allí, donde no se hicieron los estudios oportunos de idoneidad, impacto y riesgo de terremoto, se contabilizaron más de 600 temblores que alertaron a los vecinos de Levante.

El informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) sobre la actividad sísmica en el entorno del proyecto concluyó que había una "relación directa" entre los seísmos y la inyección de gas en la zona. Justo lo que no quieren que pase ahora en Doñana.