El TSJC envía a juicio a Mas por desobediencia y prevaricación en el 9-N
Al banquillo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado enviar a juicio al expresidente catalán Artur Mas y a las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega, por los delitos de desobediencia grave y prevaricación al mantener la consulta del 9-N tras su suspensión por el Constitucional.
En un auto, el magistrado del TSJC José Francisco Valls ha dictado el auto de apertura oral del 9-N por dos delitos y ha descartado que los encausados incurrieran en otro de malversación de caudales públicos, como el que plantea la acusación popular y que puede comportar penas de prisión.
Pese a que lo solicitaba la acusación popular, el juez descarta el delito de malversación de caudales públicos, el único que acarrea penas de prisión, ya que considera que cuando se aprobaron partidas económicas y contrataciones a terceros no constaba la suspensión del Tribunal Constitucional (TC).
SIN FECHA PARA EL JUICIO
Por el momento no hay fecha para el juicio porque ahora el juzgado da diez días a las defensas de los acusados para que presenten sus escritos de conformidad o defensa, y se puede recurrir la decisión de denegar la apertura de juicio oral en relación con el delito de malversación, por el que cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días.
Según consta en el auto, Mas, como presidente de la Generalitat, auxiliado directamente por Rigau y Ortega, y con la intervención del entonces conseller de Presidencia Francesc Homs -cuya causa está en el Tribunal Supremo por su condición de aforado como diputado en el Congreso- articuló "un desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el TC" contra la consulta sobre la independencia de Catalunya el 9 de noviembre de 2014.
Constata el tribunal que los acusados conocieron la prohibición el mismo día en que se dictó, el 4 de noviembre de 2014, y pese a ello, Mas, se abstuvo de suspender oficialmente la convocatoria "amparado simplemente en su voluntad, que convirtió irrazonablemente en aparente fuente de normatividad, actuando con plena conciencia y voluntad".
De este modo, actuó "incumpliendo la obligación que como convocante le atañía a raíz del mandato del TC" y se concertó con el resto de acusados para, según el auto, dejar de truncar la continuación de todas las actuaciones públicas de preparación que ya estaban en marcha, y otras que eran necesarias para desarrollar la votación.
