Las claves del pacto de PP y Ciudadanos

El documento titulado 150 compromisos para mejorar España ha sido rubricado por los portavoces parlamentarios de PP y Ciudadanos, Rafael Hernando y Juan Carlos Girauta, respectivamente en la mañana del domingo y no por los líderes de ambos partidos. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha querido incurrir en la "escenografía" que criticó al responsable socialista, Pedro Sánchez.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha manifestado su satisfacción con el acuerdo alcanzado y ha asegurado que de las 150 medidas pactadas con los populares, 100 de ellas ya fueron acordadas en su momento con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez en febrero.

Para Rivera, el acuerdo recogido en más de un centenar de folios, es el plan de reformas más ambicioso que ha habido en España, aunque admite que "el cambio no ha llegado al Gobierno", sino al Parlamento.

A su juicio, el PSOE no puede votar contra estas medidas porque dos tercios de ellas ya estaban incluidas en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez.

Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, tras cerrar los acuerdos con Ciudadanos y Coalición Canaria admite que son apoyos "importantes" pero no suficientes y vuelve a señalar la abstención del PSOE como necesaria para poder conformar Gobierno.

Ahora bien, reconoce que esa cifra de 170 diputados no es suficiente. "Ahora falta que los demás cumplan con lo que crean que es su obligación", ha recalcado en referencia a los socialistas.

PP y Ciudadanos se han comprometido a no subir el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), a rebajarlo dos puntos cuando el déficit público se sitúe por debajo del 3% , a reformar el Impuesto de Sociedades y a reclamar el dinero que se dejó de recaudar por la amnistía fiscal.

En un plazo de tres meses pretenden aprobar la reforma del Impuesto de Sociedades con el objeto de incrementar la recaudación para la financiación de programas sociales.

Reclamar lo no recaudado por la amnistía fiscal en 2012 es otro de los objetivos marcados y que permitiría recuperar en cuatro años un total de 7.000 millones de euros, según sus cálculos.

Ambos se comprometen a reforzar el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales y endurecer las multas a los bancos que cooperen con el blanqueo o en el fraude fiscal.

PP y Ciudadanos quieren promover la apertura de las SICAV para que sean verdaderas instituciones de inversión colectiva y no vehículos de inversión privada de grandes fortunas con el objetivo de tributar menos.

Han pactado en su acuerdo de investidura la simplificación de los tipos de contrato en España que pasarán a ser tres: fijo, temporal y de formación, aunque el partido naranja no ha conseguido sacar adelante su petición de contrato único.

Entre las medidas económicas y laborales firmadas destaca la creación del llamado 'contrato de protección creciente' con el que se pretende acabar con la precariedad y la temporalidad del empleo, y que tendrá una duración determinada, casual e indemnización creciente.

Este tipo de contrato tendría una indemnización creciente por finalización del contrato. En caso de despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o de despido improcedente, la indemnización seguirá siendo la misma que en la actualidad. Contaría con una tutela judicial efectiva que evite su uso abusivo y un preaviso de 15 días en caso de extinción siempre que la duración del contrato supere los seis meses.

El acuerdo contiene también varias medidas dentro de un plan de choque contra el desempleo, impulsar políticas activas de empleo, actuaciones específicas para combatir el desempleo juvenil y crear un organismo independiente.

También apuesta por implantar unos 'cheques de formación' para los desempleados de larga duración, reforzar la cartera común de los servicios públicos de empleo e impulsar al portal único de empleo.

El segundo bloque económico importante del acuerdo corresponde a una reforma del régimen de los trabajadores autónomos de la que se beneficiarán unos 3,5 millones de autónomos.

Aprobarán una Ley para reducir las cargas administrativas de los autónomos y mejorar su protección social, de modo que ningún autónomo tenga que cotizar o tributar por ingresos que no haya percibido efectivamente.

Además se crearía una Subcomisión en el Congreso para estudiar una reforma del régimen de los autónomos y que permitiría que aquellos cuyos ingresos reales no superen el umbral del Salario Mínimo Interprofesional no tengan la obligación de cotizar

Acuerdan constituir un fondo de capitalización para los trabajadores, al estilo de la conocida como "mochila austríaca", mantenida a lo largo de su vida laboral, de tal manera que el trabajador podrá cobrar la cantidad acumulada en este fondo o llevársela consigo si cambia de trabajo, favoreciendo la movilidad.

Cumpliendo con una de las reivindicaciones más tradicionales de Ciudadanos, han acordado suprimir el llamado 'impuesto al Sol' y potenciar así el autoconsumo. Se marcan como objetivo "avanzar en la reforma del sector eléctrico para conseguir tener precios competitivos ('tarifa eléctrica') ajustados a los costes".

El pacto entre ambos supone un aumento del gasto en 28.500 millones de euros en los próximos cuatro años. Buena parte de estas cantidades están destinadas a programas sociales. No obstante, el acuerdo busca un equilibrio en las cuentas públicos y por ello han previsto aumentar los ingresos en 29.000 millones, que saldrían de la reforma del impuesto de sociedades, de recuperar los fondos no recaudados con la amnistía fiscal y de la eliminación de duplicidades administrativas.

Por ejercicios, el gasto se elevaría en 5.000 millones en 2017; en 7.950 millones en 2018; en 7.750 millones en 2019 y en 7.800 millones en 2020. Mientras que prevén un aumento de los ingresos de 5.000 millones en el presente ejercicio y 8.000 millones en cada uno de los ejercicios siguientes hasta acabar la Legislatura.

2.000 millones de euros estarían destinados a la cobertura por desempleo hasta 2020. 2.800 millones se destinarían en cuatro años a la gratuidad de los libros de texto, a la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad y la Ley de Dependencia ve aumentado su presupuesto estatal en 440 millones por año.

El plan que más costaría con diferencia es el Complemento Salarial Garantizado, que se elevaría en los próximos cuatro años a 7.600 millones de euros.

El Plan contra la Pobreza Infantil o Plan de Infancia supondría 5.680 millones en cuatro años: 1.000 millones en 2017 y 1.560 millones en cada uno de los tres años siguientes.

El acuerdo incluye otros programas que suponen un aumento del gasto, como los 500 millones para modernizar la Justicia, pero en este caso se desembolsarían en dos años, 2017 y 2018.

No obstante, a esta cantidad se añadiría otro Plan de Choque en la Administración de Justicia, para aumentar sus medios humanos y materiales, que estaría dotado con otros 700 millones, cien este año y 200, los siguientes.

Los negociadores han previsto, asimismo la creación de una red de institutos tecnológicos para investigación aplicada, con financiación mixta público-privada. Cada instituto estaría ligado a una universidad y otros centros de investigación y su director sería una figura destacada en el área y se llevaría una partida superior a los 2.000 millones.

Y finalmente, en el capítulo de gastos, se ha incluido un Plan de Lucha contra el Fraude para incrementar los recursos de la Agencia Tributaria y equipararlos a países de nuestro entorno. El coste sería de 1.000 millones distribuidos así: 100 millones este año; 350 millones en 2018; 400 millones en 2019 y 450 millones en 2020.