El juez envía al banquillo a Artur Mas por el 9-N
El magistrado que investiga la causa del 9N ha finalizado la investigación del caso y ha concluido que debe seguirse la acusación contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau por presunta desobediencia y prevaricación administrativa.
En un auto, contra el que cabe recurso, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia Joan Manel Abril desestima los recursos presentados por las defensas para que se archivara el caso y da un plazo de días a la Fiscalía y a las acusaciones populares para que, si lo ven oportuno, presenten sus escritos de calificación contra los imputados.
Abril ha dado así por finalizada la instrucción del caso por la consulta del 9N, a los dos días de las elecciones generales y en vísperas de su cese como magistrado del TSJC, que abandonará el próximo 1 de julio para dedicarse a la docencia como catedrático de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y seguir de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Andorra.
En su auto, el magistrado aprecia indicios de que Mas y las exconselleras desobedecieron la orden del Tribunal Constitucional (TC) que suspendía la consulta del 9N y cuestiona su argumento de que, a partir de ese momento, el proceso participativo quedó exclusivamente en manos de voluntarios.
El magistrado razona que, "bajo la cobertura formal de la actuación del voluntariado", el expresidente catalán Artur Mas y las exconselleras investigadas sí llevaron a cabo 'actuaciones contrarias' a la providencia de suspensión dictada por el TC, y de forma "intencional y consciente" se negaron "abiertamente a dar cumplimiento al mandato" del Constitucional.
GOVERN: "ES UN JUICIO POLÍTICO"
La consellera de la Presidencia, Neus Munté, ha dicho hoy sentir "vergüenza" por lo que ha calificado como un "juicio político" contra Mas.
Tras la reunión de hoy del Govern, ha denunciado la "intencionalidad política" de este proceso judicial, por el que, ha dicho, "todos los demócratas deberían ruborizarse".
Para la portavoz del Govern, se trata de "un juicio político desde el primer minuto", acompañado de "movimientos tácticos" para intentar liquidar el proceso soberanista.
Munté ha expresado "toda la solidaridad" del Govern hacia Mas, Ortega, Rigau y el exconseller de la Presidencia Francesc Homs, que también está siendo investigado por su papel en la consulta del 9N.
Además, Munté ha recordado que el Govern ha exigido el archivo de estas diligencias, al considerar que "se intentó desde las cloacas del Estado que no se pudiesen poner las urnas ese 9N, pero se pusieron y fue todo un éxito". "Sentimos mucha vergüenza, todos los demócratas deberían ruborizarse", ha apostillado.
