Así de loco está el panorama político en Brasil
El domingo 13 de marzo aproximadamente tres millones de brasileños se reunieron en las calles para protestar contra la presidenta Dilma Rousseff por las acusaciones de corrupción que se han ido acumulando en contra de su administración.
Días después, la indignación por las denuncias de corrupción a muchos miembros del Gobierno brasileño, y al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, surgió de nuevo cuando Rousseff decidió incluir a Silva en su gabinete de ministros.
El nombramiento de Lula ha dividido al país, ha generado protestas y contraprotestas por parte de los brasileños que están cansados de la corrupción y de los que critican el juicio político que se ha llevado a cabo contra Rousseff, al que muchos comparan con un golpe de Estado. Mientras, los destinos de la presidenta y del expresidente siguen en el aire.
El expresidente Lula ahora mismo está envuelto en una operación anticorrupción interminable. Esta operación, conocida como Lava Jato, aborda una enorme trama de sobornos y blanqueamiento de dinero que involucra a Petrobras, una empresa pública y uno de los gigantes del petróleo. Muchos de los principales empresarios y políticos del país ya se han visto implicados en el escándalo.
Aunque a Rousseff no se le ha acusado de ningún delito en el escándalo de Petrobras, muchos miembros de su partido —el Partido de los Trabajadores— sí que han sido acusados. Además, Rousseff ya se vio envuelta en su propio escándalo después de que el Tribunal Federal de Cuentas brasileño descubriera que su Gobierno no había respetado las leyes de contabilidad con el objetivo de esconder la cifra exacta del déficit presupuestario del país.
Poco después de que Rousseff nombrara ministro a Lula la semana pasada, el juez que lleva el caso de Petrobras, Sérgio Moro, dio permiso para publicar las grabaciones de distintas conversaciones telefónicas entre Lula y diferentes políticos (entre ellos Rousseff) que, según el juez, indican "lo que parece ser un intento de encubrimiento". Los críticos de Rousseff defienden que las grabaciones sugieren que la presidenta ofreció a Lula el puesto en el gabinete sólo para protegerle de la acusación.
Mientras miles de seguidores de Lula se manifestaron el viernes para demostrar su lealtad al expresidente, Gilmar Mendes, juez del Tribunal Supremo brasileño, se mostró de acuerdo con la valoración del juez Moro y presentó una demanda para obstaculizar el nombramiento como jefe de gabinete de la presidenta.
En su sentencia, Mendes afirmó que el nombramiento era un claro intento por parte de Rousseff de conceder a su predecesor la inmunidad legal frente al caso de corrupción de Petrobras.
Manifestación de brasileños a favor de la presidenta Dilma Rousseff y del expresidente Lula da Silva en São Paulo. 18 de marzo de 2016.
El mes pasado, los fiscales de São Paulo acusaron a Lula de blanqueamiento de dinero y de ocultar presuntamente la propiedad de un apartamento de lujo en la ciudad costera de Guarujá (São Paulo). Podría enfrentarse a una sentencia de 13 años de prisión si se le declara culpable. Sin embargo, una vez que haya entrado a formar parte del gabinete de ministros, sólo se le puede llevar a juicio con la aprobación del Tribunal Supremo, una institución en la que el expresidente tiene mucha influencia.
Es posible que el caso de Lula se acabe examinando en el Tribunal Supremo. El martes por la noche, el juez Teori Zavascki solicitó a Moro —y al resto del equipo que llevaba la investigación de la participación del expresidente en el escándalo de Petrobras— que entregara toda la información al Tribunal Supremo hasta nuevo aviso.
Zavascki expresó su preocupación sobre la decisión de Moro de publicar las grabaciones de las conversaciones que mantuvo Lula con ciertos funcionarios de alto rango. Estos funcionarios, al igual que Dilma, sólo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo. Esta situación ha provocado que Zavascki haya apartado a Moro de su puesto como líder de la investigación sobre el expresidente hasta que el Tribunal Supremo decida cuál es la mejor manera de proceder.
Los alegatos de corrupción, a los que se suma la debilitada economía brasileña, han agravado las protestas en contra del Gobierno de Rousseff que han tenido lugar los pasados meses. Rousseff afirma que ha traído de vuelta a Lula para reducir la brecha partidista que no hace más que crecer, pero sus críticos se mantienen escépticos.
El juez Moro es el capitán de los escépticos. Moro se ha ganado el reconocimiento público gracias a su perseverante investigación durante la operación Lava Jato, pero también ha recibido críticas por su reciente decisión de dar permiso para publicar las grabaciones de las conversaciones de Lula con figuras conocidas de la política, algo que varios componentes de la comunidad jurídica consideran ilegal.
Wadih Damous, expresidente del Colegio de Abogados de Río de Janeiro y legislador del Partido de los Trabajadores, explicó al HuffPost Brasil que le enfada la reacción del país al nombramiento de Lula: "Brasil es el único país del mundo en el que se cuestiona el derecho de su presidente a nombrar ministros".
Los manifestantes en contra del Gobierno brasileño se concentran delante del Congreso. 21 de marzo de 2016, Brasilia.
Por ahora, se espera que los procedimientos legales en relación con el puesto de Lula en el gabinete se prolonguen hasta que el Tribunal Supremo se vuelva a reunir la semana que viene para considerarlos.
A la presidenta le esperan cambios aún mayores. Después de meses de procedimientos administrativos, el 17 de marzo comenzaron los procesos de destitución en el Congreso. Aunque Rousseff los ha calificado como un "intento de golpe de Estado" por parte de la oposición, una creciente mayoría de brasileños lo apoyan. En un sondeo realizado el 19 de marzo, el 68% de los brasileños dijeron estar a favor del juicio político a Rousseff.
Las críticas a Rousseff van más allá del escándalo de corrupción. La presidenta también tiene que afrontar el hecho de que Brasil se acerca a su peor recesión desde 1901.
La Cámara baja brasileña votará a finales de abril si se sigue adelante con el proceso de destitución, después de escuchar la defensa de Rousseff. Si se aprueba la moción, el Senado tendrá la última palabra.
Este artículo fue publicado originalmente en la edición brasileña del 'HuffPost' y ha sido traducido del inglés por Irene de Andrés Armenteros.
