Lo que los políticos no se atreven a prometer a los ciudadanos a la cara
Oxfam Intermón ha puesto frente a frente a políticos y ciudadanos. Un refugiado palestino, un autónomo, una joven muy preparada con un trabajo precario, una viuda con tres hijos desahuciada y desempleada y una activista por la transparencia y la participación ciudadana han tenido la oportunidad de contar sus problemas y proponer soluciones para reducir la desigualdad a representantes de PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos y Ahora en Común. En el Círculo de Bellas Artes de Madrid han circulado este viernes decenas de promesas políticas que Intermón y otras 500 organizaciones se encargarán de vigilar a través de su herramienta Polétika. Casi todas planeaban en generalidades que las reducían a enunciados similares, por eso resulta más interesante ver a qué no se han atrevido a comprometerse.
El Partido Popular (PP), impulsor y responsable como partido en el Gobierno de las medidas que los ciudadanos denunciaban, es el que más juego ha dado: difícilmente puede prometer hacer en los próximos cuatro años, si gana las elecciones, lo contrario de lo que ha hecho en los cuatro últimos. Aún así, Carlos Izquierdo, consejero de Políticas Sociales y de Familia de la Comunidad de Madrid, no ha dudado en prometer que en la próxima legislatura sí bajarán los impuestos y ha proclamado que "el PP es el gran partido social", porque en lugar de garantizar ayudas y subsidios ofrece salarios a través de la creación de empleo.
El representante del PP ha sido el único que ha defendido la ley de seguridad ciudadana, que toda la oposición rechazó. "Sin seguridad no hay libertad, y sin libertad no hay democracia", ha justificado Izquierdo, que tampoco se ha mostrado favorable a la participación ciudadana, más allá de las elecciones. Como mucho, se desprende de su discurso, el político debe escuchar a la gente, pero "no todo lo que se diga en una ILP (Iniciativa Legislativa Ciudadana) se tiene que hacer".
El número dos de Ciudadanos por Madrid, Francisco de la Torre, ha presumido de que Ciudadanos no promete subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sino que aboga en su lugar por un complemento salarial para los trabajadores más precarios. José María Vera, director de Intermón, le ha preguntado qué pasa entonces con los parados de larga duración y si no contempla Ciudadanos una renta mínima para ayudarles. Ni rastro de ese ingreso garantizado para los más necesitados en la respuesta de Torre, que lo único que ha dicho al respecto es que hay que en las Comunidades Autónomas hay que redefinir las rentas mínimas porque son muy diversas. En su lugar, ha asegurado que su partido prevé una ley de segunda oportunidad para quienes no pueden hacer frente a sus deudas y planes de formación para el empleo para quienes llevan mucho tiempo en paro.
Podemos sí que promete una renta garantizada para las unidades habitacionales sin empleo y para ayudar a los trabajadores pobres, pero no se une a la apuesta que hacen PSOE y Ahora en Común de subir el SMI a 1.000 euros al mes. No les parece viable, según Carolina Bescansa, que dice que es más realista conseguir que llegue a los 800 euros en 2018. En cambio, no duda en prometer que el 0,7% del PIB se dedique a la cooperación y el desarrollo, un reivindicación clásica a la que ahora mismo ya ni siquiera aspiran organizaciones como Intermón, que se conformaría con que el 0,14% que se invirtió en 2014 subiese hasta el 0,4%.
EL PSOE se apunta a casi todas las promesas que tienen que ver con aumentar la ayuda al desarrollo, reformar el estatuto de los trabajadores "para evitar que los trabajadores estén en precario", elevar el salario mínimo, establecer un subsidio para los parados de larga duración con cargas familiares y un ingreso mínimo, blindar derechos, y hacer una reforma fiscal. Los socialistas no se atreven sin embargo con la fiscalidad de las más grandes empresas y los paraísos fiscales. Cuando el director de Intermón le recordó a Rafael Simancas que fue con el PSOE con quien cayó la recaudación para las grandes del IBEX 35, y que muchas de esas compañías tienen filiales en los paraísos fiscales y le preguntó qué planes tienen para afrontar ese tema, el diputado contestó que un país solo puede hacer muy poco, porque se arriesga a que se marchen. Lo que puede hacer España, dijo, es llevar la lucha contra los paraísos fiscales a la UE.
Sol Sánchez, que participó en el encuentro como representante de Ahora en Común, tenía preparadas cifras precisas para acompañar cada uno de sus compromisos en todos los ámbitos sobre los que interpelaron los ciudadanos. Por ejemplo, garantizó una renta mínima de 529 euros por ciudadano y unidad de convivencia y el compromiso de derogar inmediatamente la reforma laboral. "Esta y la anterior, que también tiene mucho que ver con los trabajadores pobres, ya ni siquiera precarios", subrayó Sánchez. Otra de sus promesas, que suena prometedora, parece contradecir sin embargo ese rechazo a la precariedad. Con una inversión estatal de 15.000 millones de euros quieren crear un millón de puestos de trabajo. Pero cuando se pasa al detalle se descubre que la iniciativa se basa en sueldos brutos de entre 900 y 1.200 euros, trabajadores sin derecho a negociación colectiva y el riesgo reconocido de que se pueda degradar el empleo público y se entorpezca la actividad privada.
