TTIP: todo lo que necesitas saber sobre el acuerdo comercial entre la UE y EEUU
Con el TTIP (Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión) no hay medias tintas. Europa se divide entre los que lo consideran una apuesta por el crecimiento y la creación de empleo y quienes lo ven como un ataque a la democracia y los derechos sociales, que quedarían en manos de las multinacionales. Todos tienen sus argumentos, pero son muy pocos los que cuentan con toda la información sobre el acuerdo que pretende liberalizar el comercio entre Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea. El secretismo que envuelve las conversaciones a ambos lados del Atlántico es uno de los aspectos más criticados de la negociación, que levanta todo tipo sospechas sobre su verdadero interés para la ciudadanía.
El Parlamento Europeo (PE) vota este jueves 28 de mayo un informe de la Comisión de Comercio que ha recibido más de 900 enmiendas. Los eurodiputados se afanan en llegar a acuerdos para fijar una posición común que se votará en el plenario del 10 de junio, pero están muy divididos. Lo que decidan no será vinculante, por ahora, pero enviará un mensaje a EEUU y la UE. Algunos de los temas que polarizan la Eurocámara son los tribunales de arbitraje para la protección de las inversiones, la protección de datos y el blindaje de servicios públicos.
Todo el mundo tiene una opinión sobre cada uno de los aspectos del TTIP. Por ejemplo, un documento de una página y media del Comité de Medio Ambiente del PE recibió 340 enmiendas. Lo contó el eurodiputado de los Verdes Bart Staes, portavoz en ese Comité, en un seminario organizado por el Parlamento Europeo, que invitó a periodistas a viajar a Bruselas el 12 y 13 mayo. Estas son algunas de las cosas de las que también informaron esos días:
Es un acuerdo marco que busca facilitar el comercio y las inversiones entre EEUU y Europa, para crear la mayor zona de libre comercio del mundo, con más de 800 millones de ciudadanos/consumidores. Como los aranceles entre estas dos potencias ya son bastante bajos (en torno al 3%), los esfuerzos se centran en lo que llaman "barreras no tarifarias". Esto es, las normativas que regulan la producción y distribución de productos y servicios, que difieren bastante y preocupan en áreas como la fabricación de cosméticos -Europa prohíbe el uso de 1.200 sustancias mientras EEUU solo 12- o los organismos genéticamente modificados (OGM), presentes en más del 70% de los alimentos en EEUU y prácticamente prohibidos en la UE.
La Comisión calcula que la economía europea podría crecer, en el mejor de los casos, en un 0,5% al año, y afirma que esa cantidad "equivale a unos 500 euros por hogar". Empiezan los enfados. Marina Albiol, eurodiputada y portavoz de IU en el Parlamento Europeo, cree que hay que tener muy "poca vergüenza" para realizar esta afirmación, "como si los beneficios se fueran a repartir a las familias europeas". La castellonense pone en duda el crecimiento que estima la CE. "Y aunque lo hubiera, ¿para quién sería? La industria química podría tener más beneficios, pero serían para sus accionistas", apunta. Algunos expertos advierten además de que estos modelos de previsión que emplea la Comisión son los mismos que no vieron venir en EEUU la crisis de las hipotecas subprime, o los que usó la UE para recetar austeridad.
La supuesta generación de creación de empleo tampoco genera consenso. Las mejores previsiones estiman que se crearán 600.000 puestos de trabajo en 2027, pero según Marian Harkin, portavoz del Comité de Empleo y Asuntos Sociales y eurodiputada del grupo de los liberales (ALDE), "el modelo de la Comisión tiene fallos". Esta irlandesa señala que "habrá pérdidas de empleo y deslocalización, porque por ejemplo, los trabajadores que pierdan su empleo en agricultura no irán directamente a otros sectores". Otros, como Lucas Duplá, recuerdan que tratados de este tipo, como el que EEUU firmó con México y con el que preveía crear centenares de miles de empleos terminó en la destrucción de más de 600.000 puestos de trabajo en Estados Unidos.
Acabaríamos antes si dijésemos cuáles no. El acuerdo afectará al conjunto de la economía y particularmente a los sectores textil, químico, farmacéutico, servicios médicos, cosmético, automóvil, electrónico, ingeniería, servicios, agricultura, energía y propiedad intelectual, como recoge el Parlamento Europeo.
Del lado europeo, es la Comisión Europea quien lleva las conversaciones con EEUU. La Comisión ha recibido el mandato de negociación del TTIP del Consejo de la UE, formado por los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 Estados miembro. Será el Consejo quien deberá validar el resultado de las negociaciones, pero también necesitará la aprobación del Parlamento Europeo. Las partes quieren cerrar el acuerdo, que se empezó a negociar en junio de 2013, antes de que termine el mandato de Barack Obama. Tal y como están las cosas, parece complicado.
"El mayor error que pudo cometer la Comisión Barroso, sin duda, fue el secretismo del TTIP. Todavía se está pagando", opina la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero, que recuerda que mantener el mandato del Consejo oculto durante más de un año "dio pábulo a que cada uno pudiera imaginarse las cosas más perversas, porque no había elementos de contraste". Reconoce que ahora se han dado pasos muy importantes para mejorar la transparencia, e incluso afirma que "es el proceso de negociación de la UE en el que mayor nivel de información se ha dado", aunque "todavía es insuficiente" y "se tiene que exigir más".
En enero de 2015 el Defensor del Pueblo europeo urgió a la Comisión a mejorar la transparencia. "Se está actuando con total oscurantismo, sobre todo respecto a la ciudadanía", critica Marina Albiol, que cree es intencional "porque mientras más conoce la gente sobre el TTIP, más se posiciona en contra". La Comisión Europea ha empezado a publicar algunos documentos en su web, y acude a informar al Parlamento antes y después de cada ronda de negociación.
Los eurodiputados tienen a su disposición algunos documentos (no todos) que pueden consultar en una pequeña sala de lectura, de seis metros cuadrados y sin ventanas. Antes de entrar, tienen que dejar fuera el móvil, papel, bolígrafo y cualquier objeto personal, y firmar un documento en el que se comprometen a no revelar información sobre lo que vean. Dentro les dan un boli y un papel especial, y tienen un funcionario detrás mientras toman notas.
A favor están los Gobiernos de cada uno de los Estados miembro de la UE, que redactaron su mandato a la Comisión, y evidentemente, las empresas, que también estuvieron representados en el seminario de Bruselas. En el Parlamento Europeo lo apoyan los grupos del Partido Popular Europeo (PPE), la Alianza de los Liberales y Demócratas (ALDE) y los Socialistas y Demócratas (S&D), que tienen alguna división interna. La española Rodríguez Piñero explica que el PSOE, dentro de ese grupo, dice "sí a la negociación, no a cualquier acuerdo". "Lo que más ayuda al crecimiento y el empleo es el comercio, y si quieres expandirte, hay que reducir trabas, burocracia", añade.
Se oponen al tratado los grupos de la Izquierda Unitaria (GUE/NLG) y los Verdes (The Greens/EFA), y también, la extrema derecha. La sociedad civil se ha movilizado activamente contra el TTIP. Marina Albiol, del grupo de la Izquierda, considera el TTIP un intento de instaurar "la dictadura de las multinacionales". "El objetivo inicial es absolutamente perverso, antidemocrático", y sobre "eliminar trabas", opina: "Nuestra regulación energética es una traba para el fracking; nuestras pensiones públicas son una traba para las entidades que gestionan pensiones privadas; nuestra sanidad pública, para las empresas de sanidad privada...".
Las empresas están encantadas. Pascal Kerneis, del Foro de Empresas de Servicios, defiende que el TTIP facilitará que los europeos se muden a Estados Unidos para trabajar, o que empresas europeas puedan competir en concursos públicos allí. Luisa Santos, de BusinnesEurope -la patronal europea-, cree que ayudará a las pyme a acceder al mercado estadounidense, y como muchos de los defensores, afirma que los estándares de EEUU y la UE son parecidos, sobre todo si se comparan con países con Vietnam, y que unirse puede ayudar a establecer estándares internacionales. ¿Alguna línea roja por la que no pasarían? "Ninguna", contesta Kerneis. Al contrario, "objetivos ambiciosos y factibles", añade Santos.
Arnaud Petit, de COPA-COGECA, la asociación de agricultores y ganadores europeos, cree que será bueno para facilitar la entrada de productos europeos en EEUU, aunque asegura que no estarían dispuestos, por ejemplo, a permitir los promotores de crecimiento (hormonas) en vacuno. La Asociación de Consumidores Europeos (BEUC), también cree que será positivo porque permitirá tener una oferta más amplia y más barata de productos. Tiene algunos peros, sin embargo, como la protección de datos en el ámbito digital y critica que sus peticiones para mejorar los sistemas de alerta al consumidor no han sido escuchados.
Quienes se oponen al TTIP denuncian que de las reuniones que la Comisión Europea mantuvo para preparar las negociaciones, el 92% fue con el sector privado, y solo el 4% con grupos de defensa del interés público y 4% con otros actores como expertos universitarios y administraciones públicas. La eurodiputada liberal Marietje Schaake cree que es lógico que las empresas sean escuchadas en asuntos de comercio, igual que los padres y los alumnos son invitados para temas educativos. La española Marina Albiol defiende que la sociedad civil debería estar igualmente representada, porque al final son las multinacionales las que están imponiendo sus condiciones.
Hay varios temas espinosos que encienden todas las alarmas. La Comisión Europea se ha empeñado en aclarar "mitos" en torno al TTIP, mediante la publicación de documentos y hojas resumen. Al leerlos parece no haber nada de qué preocuparse. La Comisión asegura que no habrá pérdida de soberanía de los Estados miembro, como se teme, con los tribunales de arbitraje o el proceso de cooperación reglamentaria, que los derechos de los trabajadores y la protección del consumidor no estarán en peligro y que los servicios públicos estarán asegurados. Dietmar Köster, el portavoz del Comité de Asuntos Jurídicos, señala sin embargo que "los textos no son tan claros, no ofrecen tantas garantías" y "dejan margen de interpretación".
Los tribunales de arbitraje son uno de los puntos más candentes del debate. Estados Unidos no se ha pronunciado, y está a la espera de que la UE llegue a una postura común. Estos tribunales (en inglés ISDS) son mecanismos privados para dirimir las disputas entre los Estados y los inversores. Solo están a favor de la propuesta de la comisaria Cecilia Malmström los populares y los liberales europeos. La eurodiputada liberal Dita Charanzová defiende que con ellos las empresas europeas que inviertan en EEUU estarán protegidas y no sufrirán discriminaciones.
Los socialdemócratas afirman que no son necesarios cuando hay Estados de Derecho consolidados como en EEUU y la UE. La socialista Inmaculada Rodríguez rechaza tal y como está la propuesta de la Comisión: "Es inadmisible que en conflictos con el Estado sea una empresa quien decida; queremos que sean jueces profesionales e independientes". Exigen un sistema de apelación, y a largo plazo, que haya un sistema internacional que sirva para cualquier conflicto. El portavoz del Comité de Comercio del Parlamento Europeo, el socialdemócrata Bernd Lange, cree sin embargo que Malmström está dando pasos en la dirección adecuada, pero espera a ver qué pasa en los próximos meses antes de pronunciarse. Su compatriota, Köster, subraya también como elemento en contra que serían las grandes compañías las que se beneficiarían de este sistema, porque "una pyme no puede asumir los seis millones de euros que cuesta un caso de arbitraje".
La izquierda europea va mucho más allá y se opone frontalmente. Creen que estos tribunales inhibirían, no solo a corto plazo, sino de forma estable*, la capacidad de los Estados de legislar a favor de los derechos de sus ciudadanos. Albiol, que los tilda de "verdadero golpe a la democracia", tira de un ejemplo muy repetido: en 2013 una empresa francesa, Veolia, denunció a Egipto porque decidió subir el salario mínimo interprofesional.
Los detractores del TTIP temen que al aumentar la competencia con EEUU, los derechos laborales, más consolidados en la UE, se resientan. Estados Unidos solo ha ratificado dos de los ocho convenios básicos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y los eurodiputados más críticos ven aquí un problema. La española Rodríguez Piñero cree que va a ser complicado que Washington los firme todos, porque dice que las competencias son de los estados federales. También relativiza los convenios de la OIT: "Tú me dirás en Rumanía los convenios de la OIT... La línea roja son los derechos laborales, y tendremos que ver cómo los garantizamos".
La Comisión Europea asegura que solo se aplicaría una armonización legislativa donde la regulación entre EEUU y la UE sea similar, como en la industria automovilística. Para el resto, como los organismos modificados genéticamente o los cosméticos, promete que la UE mantendría sus altos niveles normativos y el TTIP no cambiará lo que establecen los tratados sobre el proceso legislativo europeo. Esto es lo que asegura, pero después salen noticias como la que publicó The Guardian el viernes 22 de mayo que asegura, con documentación en mano, que la UE ha archivado una normativa europea para regular 31 pesticidas que podrían estar relacionados con el cáncer y la infertilidad masculina. ¿Por qué? Según el diario británico, porque EEUU presionó en el marco de las negociaciones del TTIP.
Además del espinoso tema de la normativa, a Albiol esta cooperación le parece tan antidemocrática como los tribunales de arbitraje, y en su opinión, ambos ponen en peligro los servicios públicos. "Por el Consejo de Cooperación reguladora -que todavía no sabemos quién lo va a formar- pasarán las regulaciones de las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y los Estados miembro, para adecuarlas a los intereses de las multinacionales". Ahí la izquierda europea ve peligrar indirectamente los servicios públicos (también en el ISDS), aunque estén en principio excluidos de las negociaciones en la categoría de servicios.
"El TTIP no puede poner en tela de juicio la legitimidad democrática de los Estados, su derecho de tomar decisiones", exige el socialdemócrata alemán Köster. Su compañera de partido europeo, Rodríguez Piñero, opina sin embargo que el debate sobre la posible privatización de los servicios públicos ya se ha superado porque la prestación de los servicios públicos no es una competencia europea. "Se sigue incluyendo en las enmiendas, pero no ha lugar". Sí está de acuerdo en que hay que garantizar los estándares europeos.
El 65% de los servicios de comercio electrónico online en la Unión Europea proviene de Estados Unidos. Y en todas esas transacciones, hay datos personales. Jan Philipp Albrecht, eurodiputado verde del Comité de Libertades Civiles, Justicia e Interior, advierte de que Estados Unidos está presionando para incluir provisiones que podrían socavar los estándares de protección de datos en la UE. Este es uno de esos asuntos donde la normativa a ambos lados del océano es completamente diferente, y en este asunto Rodríguez Piñero sí ve preciso que se garantice un alto nivel de seguridad. En EEUU ni siquiera existe regulación al respecto para las empresas.
La Comisión Europea se ha guardado la potestad de autorizar transgénicos en la UE, pero ha ofrecido a los Estados miembro la capacidad de vetarlos en su territorio. A EEUU esta libertad de veto no le ha gustado nada, pero la Comisión asegura que la legislación básica europea sobre OMG no entrará en el TTIP. Pero claro, dice que lo mismo es aplicable a la protección de datos y como se ve, estos están implícitos en el ecommerce.
Aunque el Parlamento Europeo está muy divido y en Europa ha habido muchas movilizaciones sociales contra el TTIP, la voluntad de la mayoría de la Eurocámara es llegar a un entendimiento con las partes. Pero como recuerda Bernd Lange, el responsable del informe que se vota este jueves, el Parlamento Europeo ya ha rechazado dos acuerdos de comercio exterior y no se conformará con un mal acuerdo, así que todo es posible.
* Si finalmente se firma, el TTIP no estará escrito en piedra, recuerda Lange. Estaría permitida la rescisión con un preaviso de seis meses.
