España niega el asilo a una mujer lesbiana perseguida en Camerún: "No puedo volver; quiero vivir"

De inadmitidos o de rechazos. Así se llaman las salas del aeropuerto destinadas a retener a los solicitantes de asilo cuya petición no ha sido aceptada.

La palabra ‘inadmitir’, según el Diccionario de la Real Academia, consiste en “rechazar una demanda, recurso o petición por motivos formales, sin entrar a considerar el fondo”. Quizá sea este último apunte el que se ha interpuesto en la historia de Christelle Nangnou.

Nangnou es una joven camerunesa que llegó a España hace casi un mes huyendo de su país, donde la perseguían por ser lesbiana. Una documentación falsa le permitió coger un avión hasta Madrid, pero en Barajas la detuvieron y la llevaron a una de esas salas, gestionadas por trabajadores sociales de la Cruz Roja.

UN HIJO GAY ES "UNA VERGÜENZA" EN CAMERÚN

Christelle cuenta a El Huffington Post, entre lágrimas, que ha solicitado asilo en España porque en su país está “realmente amenazada”. Recibió cartas y mensajes que la amenazaban de muerte y su familia la abandonó puesto que “en Camerún es una vergüenza tener un hijo homosexual”. Se vio obligada a huir en busca de “protección internacional”.

Sin embargo, la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) y la Audiencia Nacional han denegado su petición por considerarla “poco creíble”.

La han intentado deportar cuatro veces —una de ellas, incluso sin ropa—, pero Christelle se ha resistido como ha podido a la espera de que el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea resuelva el recurso que ha interpuesto su abogado, Eduardo Gómez Cuadrado. “Tengo mucho mucho miedo, pero al mismo tiempo me quedan esperanzas”, solloza la joven.

Tiene de plazo hasta el viernes 17 de abril para recopilar documentos que puedan evitar su expulsión. Entre ellos, se encuentra este periódico camerunés que la acusa de ser la “líder de un grupo de lesbianas” y pide su detención aduciendo que, ante la “práctica satánica” de la homosexualidad, la justicia camerunesa “prevé una pena de 5 a 10 años”.

Este dato podría ser suficiente para respaldar la versión de Christelle, pero “la OAR ha realizado un análisis simplista sin tener en cuenta elementos transculturales”, denuncia Irene Ruano, coordinadora de la Campaña Estatal por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

"NO SE ESTÁN GARANTIZANDO SUS DERECHOS"

“A Christelle no pueden deportarla teniendo una solicitud de asilo pendiente”, defiende Ruano, que observa desde hace tiempo que “en las fronteras no se garantizan los derechos de los demandantes de asilo”. Desde su organización aseguran que las mujeres lo tienen incluso más difícil, ya que “la mayoría de casos por violencia de género, trata o identidad sexual acaban siendo desestimados”.

Consultados por este diario, en el Ministerio del Interior prefieren no pronunciarse sobre el caso, aludiendo a "la cláusula de confidencialidad de la Ley de asilo".

Mientras tanto, sin poder salir de esa sala de rechazos de la T1 y sin poder recibir visitas más allá de las de su abogado y los trabajadores sociales, Christelle pide “sólo protección”. “Conozco a otra mujer como yo a la que deportaron y que ahora está desaparecida”, lamenta. “No puedo volver; quiero vivir”, recuerda, con toda su confianza puesta en España, “un país de leyes”, según sus palabras.