¿Qué hicieron Mas, Ortega y Rigau el 9-N?
El presidente de Cataluña, Artur Mas, la vicepresidenta autonómica, Joana Ortega, y la consellera de Educación, Irene Rigau. Estos son los tres objetivos que persigue la propuesta de querella en la que trabaja el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, por el 9-N.
El fiscal pretende acciones penales por cuatro delitos: desobediencia, malversación, prevaricación y usurpación de funciones por el "proceso participativo".
¿Y todo ello por qué? ¿Qué hicieron en esa consulta los tres cargos de la Generalitat?
"Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi Gobierno". Así se expresó el presidente de la Generalitat la mañana del domingo de la consulta tras depositar su voto en la Escuela Pía de la calle Balmes en Barcelona.
Mas renunció a la primera consulta decretada el 27 de septiembre tras su suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional. No obstante, ordenó continuar con un plan 'b' con urnas y papeletas, que definió como "consulta anticipada".
El sábado por la noche, tras los avisos de la Fiscalía, el Govern emitió un comunicado en el que se eregía como "el único responsable de autorizar el acceso a locales públicos", por lo que decía que "no se puede pedir la identificación a voluntarios que nada tienen que ver en esta autorización".
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A lo largo de la jornada, Mas tuvo dos apariciones públicas. La primera fue la votación, donde marcó en la papeleta el doble 'sí' (a Cataluña como un Estado y de manera independiente). La segunda fue una rueda de prensa, que no estaba prevista y que fue convocada con apenas una hora de antelación, celebrada al final del día en el centro de periodistas habilitado junto a las fuentes de Montjuïc.
En la comparecencia, Mas calificó de "éxito" la convocatoria en la que participaron más de dos millones de catalanes, volvió a pedir un referéndum pactado con el Gobierno central y apostó por una solución política en vez de un enfrentamientos en los tribunales.
El fiscal basa su propuesta en acciones realizadas antes del 9-N como la llamada a la participación, la web puesta en marcha por la Generalitat y su discurso de que seguía adelante con el proceso. También tiene en cuenta todos los gastos originados por la campaña o la apertura de colegios.
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La vicepresidenta fue la responsable del dispositivo del 9-N al estar al mando del departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales. Además, fue la cara visible del Govern al ser la encargada de dar las ruedas de prensa con los datos de participación.
Ella compareció junto a Mas al final del día. El presidente se dedicó a hacer la valoración política y se marchó. Ortega apareció otra vez posteriormente para ofrecer los datos finales de participación y el resultado: 1.861.753 personas optaron por el 'sí/sí -80,76% de los participantes-.
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Los Mossos d'Esquadra mandaron un escrito el día después de la consulta a la Fiscalía Superior de Cataluña en el que la Generalitat se responsabilizaba de la apertura de locales públicos durante la jornada del 9-N, sin facilitar la identidad de las personas que lo autorizaron.
La policía se remitía a un escrito de Ortega en el que decía que no estaba "en condiciones" de facilitar esas identidades, ya que "se ignoran las condiciones concretas en las que se puede haber accedido a cada una de las dependencias".
El día de la votación, la 'número dos' de Mas en la Generalitat negó que el 9-N fuera un referéndum o una consulta, sino que lo definió como "un proceso participativo abierto a todos".
La propuesta de querella apunta también a Rigau como consellera de Educación. La mayoría de los locales de votación estaban instalados en colegios y centros educativos dependientes de la Generalitat.
Rigau es una de las caras más conocidas del Ejecutivo autonómico, principalmente por sus duros choques con el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, por la reforma educativa y el tratamiento del catalán en el sistema de estudios.
Los colegios abrieron con normalidad el día de la consulta y fueron gestionados por los voluntarios. En muchos de ellos colaboraron los propios profesores de los centros, según pudo comprobar El Huffington Post. El fiscal tiene como baza la orden de colaboración emitida por Rigau a directores de colegios.
Rigau votó en Ribes de Freser (Girona) y en su papeleta marcó también el doble sí.
