Las grandes empresas proponen rebajar el paro al 10,4% en cuatro años
Las grandes empresas piden un ajuste fiscal de 30.000 millones de euros en cuatro años, un plan eficaz de lucha contra el fraude laboral y una revisión de los umbrales fiscales que pagan las pymes para aumentar de tamaño con el fin de que en 2018 el paro pueda reducirse más de la mitad, al 10,4%.
El presidente de Telefónica y del Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), César Alierta, ha asegurado este lunes que España "tiene un gran futuro" y puede colocarse entre las 10 economías más importante del mundo si el Gobierno profundiza en reformas estructurales.
Durante la presentación del informe del CEC "España 2018", Alierta ha abogado por una "transformación radical de la economía española basándola en la productividad, la educación y la competitividad"
Los grandes empresarios ven posible crear 2,3 millones de empleos en cuatro años si se impulsan una serie de reformas que van desde invertir más en educación, I+D+i, infraestructuras o conocimiento, hasta aumentar el número de inspectores de Hacienda, rebajar las fiscalidad que pagan las empresas por su tamaño o disminuir el gasto público.
No obstante, consideran necesario un ajuste fiscal adicional del entorno del 3 % del PIB (unos 30.000 millones de euros) para bajar los niveles de deuda pública hasta cerca del 90 % en 2018.
Algunas de las medidas que proponen son aumentar la lucha contra el fraude, que supondría una recaudación adicional de hasta 20.000 millones anuales; una mayor racionalización del personal de las administraciones públicas (impacto de unos 5.000 millones) y la activación de un plan de gestión del patrimonio público y de privatizaciones, que conllevaría un ahorro en la deuda de al menos 35.000 millones.
El CEC también ve conveniente aumentar el tamaño de los municipios a través de fusiones o supresiones, lo que ahorraría cerca de 6.000 millones al año.
"¿Qué voluntad política hay para reducir excesos, redundancias y duplicidades administrativas?", se plantean los grandes empresarios, tras advertir de que "no se trata de parchear sin convicción los desequilibrios existentes".
Según Alierta todas estas medidas son "conseguibles" y harían que España "vuelva a ser un país que sorprenda".
El objetivo es reducir el desempleo y para ello el CEC cree que con sus medidas podrían crearse más de 2,3 millones de empleos y reducirse la tasa de paro hasta el 10,4 % en 2018.
FRAUDE LABORAL E IMPUESTOS
La lucha contra el fraude laboral podría hacer aflorar unos 800.000 nuevos empleos y aumentar la recaudación en un 1% del PIB, mientras que duplicar el número de empresas de más de 250 empleados y aumentar un 60 % las medianas, crearía cerca de 400.000 nuevos puestos de trabajo.
Asimismo, abogan por disminuir la carga fiscal para los trabajadores con menores ingresos, ya que actualmente la remuneración por hora de trabajo "sumergido" es 2,7 superior a la hora del salario mínimo y consideran que habría que simplificar los trámites para acceder a la economía formal puesto que "la elevada carga administrativa desincentiva entrar en el mercado formal".
Otro de los ejes fundamentales que plantean las multinacionales es relajar los umbrales fiscales que pagan las empresas en función de su tamaño para que puedan crecer sin ser "penalizadas" y ser más internacionales e innovadoras.
