Libres sin fianza los diez empresarios detenidos por las facturas de UGT
Un juez de Sevilla ha dejado este miércoles en libertad sin fianza a los 10 empresarios imputados por las facturas falsas de UGT para justificar los fondos que recibía de la Junta, quienes han alegado que siguieron instrucciones del sindicato y creyeron actuar legalmente.
El juez de instrucción ha tomado declaración la mañana de este miércoles a cinco empresarios de Sevilla (el dueño de la empresa Chavsa, un empleado suyo, el administrador de Viajes Macarena, el propietario de Lienzo Gráfico y el dueño de una imprenta), quienes han manifestado que creyeron estar actuando legalmente y que siempre lo hicieron según las indicaciones del sindicato.
Por la tarde comparecieron un empresario detenido en Jaén, dueño de la empresa KND Caronte, y los cuatro arrestados en Madrid, responsables de las compañías Publicar y Siosa. También en este caso afirmaron haber actuado según las indicaciones de UGT y negaron haber inflado facturas.
Los seis detenidos restantes pasarán este jueves a disposición judicial, entre ellos Federico Fresneda, exvicesecretario de Administración de UGT-A, que fue detenido en Canarias y en la tarde del miércoles ha sido trasladado en avión hasta Sevilla.
FRESNEDA: DERECHO A NO DECLARAR
Fuentes del caso han informado de que Fresneda se ha acogido a su derecho a no declarar ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pero mañana tiene intención de hacerlo ante el juez.
El fiscal anticorrupción no ha pedido ninguna medida personal ni de responsabilidad civil para los diez empresarios y el juez los ha dejado libres, acusados de delitos de falsedad y contra la hacienda pública en su modalidad de fraude de subvenciones.
16 DETENIDOS
Además de los catorce detenidos este martes en Sevilla, Madrid y Jaén durante los registros de sus respectivas empresas, hay dos personas arrestadas este miércoles en Agost (Alicante) como responsables de la compañía Carpetas Abadías, dedicada a la fabricación de bolsos, maletas y carteras.
El juez Juan Jesús García Vélez mantiene bajo secreto sumarial este caso que, según la Guardia Civil, consistía en un fraude en las subvenciones recibidas por UGT de la Junta de Andalucía que se hizo "de manera sistemática año tras año" hasta perfeccionarse y convertirse en "la vía más importante para la financiación de este sindicato".
