La Conferencia Episcopal dice que es ilegal no garantizar Religión en Bachillerato
La Iglesia sigue mandando mensajes directos al Gobierno sobre la reforma educativa. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, ha advertido al Ejecutivo de que la nueva ley debe ofertar religión en todas las etapas, incluido el Bachillerato, tal y como establecen los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, con rango de ley.
"El Gobierno ha dicho que los quiere cumplir y por eso tenemos mucha esperanza y estamos hablando para que se puedan perfeccionar los flecos que quedan", ha dicho el portavoz de la CEE en declaraciones a la Cope.
Martínez Camino ha opinado que Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) es "importante y da muchos pasos adelante" en relación con la enseñanza de la religión y la moral católica en la escuela.
"Los acuerdos son una ley de rango internacional con vigencia directa en el ordenamiento jurídico español y esta ley, tal y como está, no los cumple en todos los aspectos", ha insistido.
El artículo segundo de los acuerdos con la Santa Sede en el apartado sobre enseñanza dice:
Para el portavoz de los obispos, "en Bachillerato, la asignatura de religión no está garantizada y los acuerdos dicen que la asignatura de religión ha de ofertarse en infantil, primaria secundaria y en Bachillerato".
"Tiene que ser ofertada, no tiene que ser cursada por todos, es una asignatura opcional para aquellos cuyos padres la elijan o ellos mismos, si son de los últimos años", ha dicho.
El proyecto de la reforma educativa incluye la Religión en Bachillerato entre un grupo de 13 asignaturas, de las que el alumno deberá cursar dos o tres, "en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca
cada administración educativa y en su caso de la oferta de los centros docentes".
Según Martínez Camino, "esto no es un privilegio para la Iglesia", sino el "modo en el que el derecho fundamental de los padres se ejercita: el de que sus hijos sean educados de acuerdo con sus convicciones religiosas y morales, que es un derecho constitucionalmente reconocido".
"Si no se mejora en este punto que acabo de decir y algunos otros, pues tendremos que decir que esta ley no cumple los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español"
