Francia expulsa a gitanos de Rumanía y Bulgaria y desmantela sus campamentos, España los ignora
"El problema de la población gitana no interesa a nadie en España", afirma Miguel Fonda Stefanescu, presidente de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes Rumanos. Lo malo es que eso les aboca a la exclusión social y la miseria. Lo único positivo -si tiene algo de ello-, es que se mantienen fuera del foco de atención bajo el que están en Francia, donde sus campamentos son desmantelados y ellos devueltos a Rumanía y Bulgaria en pleno periodo preelectoral para los comicios municipales.
La Liga por los Derechos Humanos estima que la Francia del socialista François Hollande ha desahuciado a más de 10.000 romaníes y ha deportado a 424. El Gobierno, que rechaza que rechaza que Rumanía y Bulgaria entren en el espacio Schengen de libre circulación de personas de la UE en enero de 2014, está dividido y la Comisión les recuerda que "existen unas reglas europeas, firmadas por Francia".
En España el tema no está en la agenda. "El menor problema que tiene la Administración local ahora en España son los asentamientos. Ahora mismo no soy capaz de detectar ninguna Administración que se preocupe por estas situaciones en el Estado español, aunque hay fondos europeos para aburrir para solucionar este problema", explica Fonda. Cree que si llegan a "molestar mucho les echarán", y recuerda que en julio de 2011 el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero recuperó una moratoria que limita el derecho a trabajar por cuenta ajena a los ciudadanos rumanos, incluyendo los gitanos.
POLÍTICAS DE INCLUSIÓN PARA LOS GITANOS
Comparada con Francia o Italia, los gitanos del Este de Europa viven en una situación "más inclusiva" en España. Esto se explica, según José Sánchez, subdirector de programas de la Fundación Secretariado Gitano, porque aquí "se llevan muchos años desarrollando políticas de integración gitana que facilitan el acceso a la educación, el empleo, la salud y la vivienda", no solo para los gitanos españoles, sino también para los del Este de Europa. Asegura, incluso, que la Comisión Europea pone como ejemplo a seguir las iniciativas españolas en este ámbito.
"Los políticos españoles no han tomado medidas como las de Francia", explica, aunque sí hay casos asilados como el de Xavier García Albiol (PP), alcalde de Badalona, que está en manos de la Justicia por distribuir panfletos en los que relacionaba la delincuencia con los gitanos rumanos. Y recuerda que las medidas de austeridad, como la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, afecta mucho a esta comunidad.
Y no nos engañemos, "en España sigue habiendo un alto porcentaje de racismo hacia la población gitana, al que en el caso de los gitanos del Este se suma a la xenofobia", añade Sánchez.
EL GALLINERO, COMO EN FRANCIA
Es imposible saber cuántos gitanos procedentes de Rumanía o Bulgaria viven en España, por una simple razón, como explica Fonda: nadie puede censar -aunque Francia e Italia lo hacen- a una comunidad según su etnia porque sería discriminatorio desde el punto de vista ético y jurídico. Se calcula, sin embargo, que hay unos 50.000, con más presencia cerca de las grandes urbes como Madrid, el arco Mediterráneo (Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia y Málaga), y Asturias, aunque también viven y trabajan en el campo.
En las afueras de Madrid hay un asentamiento de chabolas conocido como El Gallinero, donde viven alrededor de cien familias. Miguel Ángel Vázquez trabaja allí como voluntario -suyo es el vídeo de arriba- y denuncia la campaña de derribos aleatorios del Ayuntamiento de Madrid. "Mucha gente se queda sin casa sin previo aviso, sin notificación de derribo". Llega una grúa y un gran despliegue de policías antidisturbios apoyados por caballos y helicópteros que derriban no solo la chabola que tenían previsto tirar, sino otras elegidas aleatoriamente por todo el poblado, "un poco al azar, sin un orden lógico". Alegan que las chabolas están vacías, a pesar de que haya comida y ropa de sus habitantes en su interior. Según Vázquez, estas visitas se han multiplicado y desde que él está ayudando, hace un año y medio, ya han ido cinco veces y han tirado una media de 10 viviendas cada vez. "Es una población con la que es fácil saltarse la legalidad. Es un colectivo muy marcado y demonizado socialmente".
El Ayuntamiento ofrece a los desalojados bien irse a dos campamentos de barracones habilitados para esta población, donde pueden permanecer seis meses para conseguir trabajo, casa y regularizar su situación, bien una ayuda para que se vuelvan a su país. Hasta ahora, solo dos familias aceptaron ir a los campamentos, como cuenta Vázquez. Duraron un fin de semana antes de marcharse por las excesivas medidas de convivencia que les imponen, como los horarios de entrada y salida, que les hacen sentirse encerrados. Ninguna familia ha aceptado regresar a Rumanía.
Vázquez no niega que algunos de los habitantes de El Gallinero se dedican al robo de cobre mientras las mujeres se ocupan con la mendicidad, pero insiste en que otros trabajan como vigilantes en polígonos, o echando una mano en talleres mecánicos, y la mayoría de los niños están escolarizados. "Existe un problema de percepción. Hay miseria y muchos problemas de integración, pero hay esperanza, hay chavales que se están labrando un futuro".
