El juez del 'caso Palau' concluye que Convergència recibió 5,1 millones de Ferrovial
El juez del caso Palau ha concluido que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se lucró con 5,1 millones de euros del expolio al Palau de la Música con comisiones de la constructora Ferrovial. A cambio, adjudicaba obra pública.
Casi cuatro años después de la irrupción de los Mossos en el Palau de la Música, el juez Josep Maria Pijuan ha dado por terminada la instrucción de la causa en un auto en el que ratifica la acusación contra los saqueadores confesos Félix Millet y Jordi Montull y mantiene a CDC como responsable civil a título lucrativo.
"La formación política recibió de Ferrovial Agroman, S.A., bajo el encubrimiento de donaciones que por el concepto de patrocinio dicha empresa hizo (..), sumas de dinero que no obedecían a la liberalidad del donante sino al pago de comisiones por obra pública adjudicada a dicha constructora por el Govern de la Generalitat de Catalunya y por entidades públicas que adjudicaron la obra pública", señala el auto judicial del juez Josep María Pijuan.
"Para evitar el descubrimiento del expolio, en los años 2007 y 2009 Félix Millet --expresidente del Palau de la Música imputado--, con la colaboración de los imputados que se dirán, procedió a crear diversa documentación falsa", sostiene el auto de conclusión de la instrucción e incoación del procedimiento abreviado dictado este martes.
El juez mantiene al término de la investigación como "responsable civil subsidiario a título lucrativo" a CDC e imputados a Millet, a su mano derecha en el Palau, Jordi Montull; a su hija, Gemma Montull, al extesorero convergente, Daniel Osácar, y a otras 13 personas.
La mayoría de grupos de la oposición en Cataluña (PSC, PP, ICV-EUiA y C's), a excepción de ERC y la CUP, han exigido hoy al presidente de la Generalitat y líder de CDC, Artur Mas, que dé explicaciones del caso Palau y depure responsabilidades, y han criticado que el Palau de la Música renuncie a acusar a CDC.
En el auto, el juez admite que todavía se desconoce el destino de 9,6 millones en efectivo que los antiguos responsables de la institución cultural, Millet y su socio Jordi Montull, orillaron del Palau de la Música, "pese a los esfuerzos de las unidades de policía judicial" para saber dónde fueron a parar.
En concreto, según el magistrado, de los 18 millones de euros en efectivo que desaparecieron de las cuentas de la Fundació Orfeó Català y de la Associació Orfeó Català entre 2002 y 2009, Fèlix Millet habría hecho suyos "como mínimo" 7.021.245 euros, mientras que Jordi Montull se quedó con 1.318.443 euros.
El dinero en efectivo lo lograron orillar a través de transferencias de fondos públicos del Consorcio del Palau de la Música bajo la apariencia de aportaciones y con innumerables reintegros mediante cheques al portador cobrados en efectivo en ventanilla -en ocasiones por valor de 300.000 euros-, según el juez.
CONTROL ABSOLUTO
Según el auto, para perpetrar el saqueo, Fèlix Millet, que ejercía el "control absoluto" en el Palau de la Música, contó con la colaboración de su mano derecha Jordi Montull, y de las también imputadas Gemma Montull -que ejercía como directora financiera-, y de su secretaria, Rosa Garicano, persona de su máxima confianza.
Aprovechándose de su "poder absoluto" y gracias a la "dejación de sus funciones de efectivo control" por parte de las administraciones que integraban la institución cultural, según el auto, Millet se dedicó a un "verdadero expolio" de los fondos del Palau de la Música, apoderándose directamente de los fondos o destinándolos a pagos a terceros "no relacionados con finalidades de ninguna de las entidades".
Además del dinero en efectivo, Millet y los Montull destinaron fondos del Palau de la Música, un total de 3,7 millones de euros, a acometer obras en sus respectivas viviendas familiares.
En el auto, el juez también recoge que Millet pagó con fondos del Palau los gastos de las bodas de sus hijas (por un valor de 164.269 euros) y que junto con Jordi Montull desviaron al menos 648.021 euros para sufragar viajes de placer con sus respectivas familias a destinos como México, Cerdeña, Polinesia, Tailandia, Kenia, las islas Maldivas y Dubai.
Millet y Montull también lograron desviar fondos a través de operaciones inmobiliarias a través de sociedades que controlaban.
Además, según el juez, con la finalidad de incrementar ilícitamente los ingresos del Palau de la Música para obtener un mayor expolio, Millet y los Montull se concertaron para defraudar a la hacienda pública las cuotas tributarias por el IVA que debía ingresar la Fundació Orfeó Català.
En el auto, el juez sostiene que la posición de Millet y Montull de "limitarse a reconocer una parte, muy menor, del total expoliado" y de ofrecer "alguno de sus bienes, que no todos" como compensación, pese a ser "legítima" no puede considerarse como colaboradora con la justicia.
Al finalizar la instrucción, el juez mantiene para Millet y Montull la imputación por los delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, administración desleal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias por particular y contra la hacienda pública.
En el auto, de 47 páginas, el juez da 30 días a las partes para que formulen su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa.
El caso Palau estalló el 23 de julio de 2009, cuando los Mossos d'Esquadra irrumpieron en el edificio modernista del Palau de la Música en una operación que desveló un supuesto desfalco por parte de los rectores de la entidad, Fèlix Millet y Jordi Montull, que confesaron a los pocos días, aunque por un volumen muy por debajo de lo estimado, que ronda los 35 millones de euros.
El juez Pijoan asumió la instrucción del caso Palau en mayo de 2011, después de que el primer instructor, Juli Solaz, que había sido criticado por varios de sus compañeros por su lentitud, logró una plaza como magistrado de la Audiencia de Barcelona.