Sanidad-inmigrantes: 5 mitos sobre las personas sin atención sanitaria en España (VÍDEOS)
"¿Cuánto han ahorrado? ¿Qué precio le ponen a mi vida, 300 euros al mes, de los cuales yo abonaba la mitad? ¿150 euros al mes vale mi vida para ellos?". El binomio sanidad-inmigrantes tiene dos caras. En el plano político está marcada por reinterpretaciones de una misma realidad, más aún desde el año pasado, con la entrada en vigor de la reforma sanitaria. En el social, el drama de personas anónimas excluidas del sistema público de salud.
El entrecomillado pertenece a Silvia Graciela Velázquez, uruguaya de 52 años, que lleva 10 años en España y al estar en situación administrativa irregular ya no recibe la misma atención que hace un año en la Seguridad Social. Su marido y su hijo tienen permiso de residencia, ella no. Tiene enfermedad pulmonar crónica y depresión. Otro caso es el de Luis Andrés Ulloa Carvajal, chileno de 34 años, a quien la reforma le ha pillado en un tratamiento contra el cáncer de vejiga. Se operó en 2010 y tiene que hacerse controles cada seis meses. "Me dijeron que el precio de las analíticas es de entre 80 € y 200 €…Yo eso no lo voy a poder pagar”.
873.000 PERSONAS SIN TARJETA SANITARIA
Son testimonios recogidos por Amnistía Internacional en su informe El laberinto de la exclusión social, centrado en la situación de Baleares como ejemplo de las consecuencias de la aplicación de la reforma sanitaria, que ha dejado sin tarjeta sanitaria a 873.000 inmigrantes. Uno de los casos más mediáticos de la nueva reforma se ha dado en esta región: la muerte de un hombre de origen senegalés por tuberculosis en Mallorca al que no se había realizado seguimiento.
La nueva normativa -que tantas mareas blancas de protesta ha generado- delimita los supuestos de asistencia sanitaria gratuita para personas en situación administrativa irregular a urgencias; embarazo, parto y post-parto; menores de edad; personas solicitantes de protección internacional y víctimas de trata de seres humanos "en período de restablecimiento y reflexión" (con procedimientos iniciados). Ya no hay derecho al médico de cabecera y, por ejemplo, deben pagar por analíticas y por pruebas de seguimiento.
LA SALUD, SEGÚN DONDE VIVAS
El título del informe hace referencia al "laberinto burocrático" y el "caos administrativo" y la falta de información sobre esta reforma. Incluso recoge casos en los que se han remitido facturas por servicios de urgencias.
"La crisis económica no se puede convertir en una crisis de derechos humanos", exige el informe, que recuerda que algunas Comunidades Autónomas −Asturias, Cataluña, Andalucía, País Vasco, Navarra y Galicia− "se han negado públicamente a dejar sin asistencia sanitaria" a los inmigrantes irregulares.
En Baleares sí se aplica el Real Decreto-Ley. Según datos oficiales, el gobierno balear ha retirado 19.856 tarjetas sanitarias hasta abril de 2013. Su sistema cubre, además de los cinco sistemas mencionados, enfermedades infectocontagiosas y algunas enfermedades mentales. Según AI, falta información adecuada de los responsables administrativos. Ante la pregunta "¿Con qué países tiene España firmados acuerdos bilaterales de seguridad social?" se pueden obtener distintas respuestas en función del centro de salud, señala el informe. "Los protocolos de actuación que se aplican para implementar la reforma sanitaria difieren entre los distintos centros de salud y hospitales", añade.
Ojo también al lenguaje con el que se trata este debate en el plano político. Amnistía Internacional recoge ejemplos de declaraciones de políticos que pueden fomentar actitudes xenófabas:
