Detenidas 197 personas en la Comunidad Valenciana en una operación contra el fraude a la Seguridad Social
Una gran operación de la Policía Nacional en la Comunidad Valenciana se ha saldado con la detención de 197 personas por defraudar casi dos millones de euros a la Seguridad Social.
Los detenidos, 158 en Orihuela (Alicante) y 39 en Castellón, creaban empresas ficticias con la única finalidad de ofrecer contratos falsos de trabajo para obtener subsidios por desempleo y permisos de residencia, según ha informado la Policía en un comunicado.
Los agentes han desmantelado en los últimos días dos organizaciones distintas, por las que los falsos trabajadores llegaron a cobrar más de 15.000 euros en prestaciones de la Seguridad Social.
Las investigaciones se iniciaron cuando los policías se percataron de la presencia de dos organizaciones criminales, una compuesta por cinco empresarios y tres gestores de la localidad de Orihuela, y otra compuesta por un entramado de seis mercantiles que suponía un auténtico 'modus vivendi' para cinco de los detenidos.
Ambos entramados empresariales se habían constituido de forma ficticia con el objetivo de cobrar a los falsos trabajadores por la obtención de un inexistente contrato de trabajo que les permitiese el cobro de prestaciones y subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), así como la regularización de su situación en el caso los extranjeros.
Además del fraude derivado del cobro irregular de subsidios, gran parte de las empresas tampoco satisfacía el pago de las cuotas de seguros sociales de los falsos empleados dados de alta, superando en algún caso la cuantía que transforma dicha deuda en un delito penal y reportando grandes beneficios a los responsables.
COBROS ILEGALES
En Orihuela, los ahora arrestados cobraban cantidades que oscilaban entre los 200 y 3.000 euros por cada contrato, según el tiempo de su duración, y los falsos trabajadores accedían a las prestaciones o subsidios por desempleo, llegando a cobrar en algunos casos hasta 12.000 euros.
En el caso de los extranjeros, los responsables de la organización seleccionaban a otras personas que actuaban como intermediarios para su captación y se estima que más de 200 personas podrían haber obtenido ilícitamente la residencia en España de esta forma y habrían defraudado más de un millón a la Seguridad Social.
En Castellón, las investigaciones comenzaron tras detectarse por parte de la Seguridad Social ciertas anomalías en una de las mercantiles investigadas, por lo que los investigadores solicitaron al SPEE los expedientes por desempleo de los supuestos empleados.
Fruto de las gestiones policiales, de la obtención de declaraciones de trabajadores y del análisis de la documentación obtenida en diferentes registros públicos, los agentes pudieron determinar que la práctica totalidad de estas empresas se había creado exclusivamente para defraudar a la Seguridad Social.
Entre los detenidos, que contaban con antecedentes por este delito, figuran los administradores de las mercantiles ficticias, un gestor autorizado del denominado Sistema Red (por el que se agilizan los trámites por Internet a personas autorizadas por la Seguridad Social) y falsos empleados que habían llegado a cobrar más de 15.000 euros en prestaciones.
