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EL MANIFIESTO

Varios centenares de intelectuales y profesionales han firmado en Cataluña un llamamiento a favor de la izquierda y del federalismo para responder al creciente secesionismo estimulado por Convergència i Unió, desde el Gobierno de la Generalitat, así como por otras fuerzas políticas de afinidad nacionalista.

Queremos atender esa llamada porque los promotores de una independencia inmediata de Cataluña aducen beneficios obviando penosas consecuencias para todos. Además se eximen de responder a los ingentes problemas que, como europeos, como españoles, como ciudadanos de una comunidad autónoma y como vecinos de un municipio, nos plantea la crisis económica y la incapacidad que aquí y en Europa se advierte para adoptar decisiones válidas. Añadir una propuesta de secesión augura, bajo el pabellón de un nacionalismo exacerbado, el desbordamiento a corto plazo del malestar social al que nos viene arrastrando el súbito empobrecimiento y el vértigo de la desesperanza de un número creciente de ciudadanos.

Los independentistas convierten su particular idea de España en el chivo expiatorio sobre el que cargar todos los malestares. Abonan así el terreno a la exigua minoría que, desde el resto de España, se propone hacer otro tanto con su particular idea de Cataluña. La afirmación de que España perpetró agresiones contra Cataluña es una desgraciada manipulación del pasado, que olvida deliberadamente cómo en los conflictos y guerras civiles en los que todo el país se vio envuelto, los catalanes, al igual que el resto de los españoles, se dividieron entre los diferentes bandos.

Ni Cataluña está sometida a un expolio por parte de España, ni el común de los españoles alberga sentimiento alguno de menosprecio hacia ella. Bien al contrario: Cataluña suscita afecto, admiración y reconocimiento, entre otras razones porque sin ella, sin su lengua, sin su cultura y sin su aportación solidaria, no puede entenderse la España democrática. Las fuerzas políticas que han abrazado el independentismo calculan que, dada la drástica reducción de los recursos del Estado y los padecimientos de la crisis, sería llegada la hora de pugnar por sus aspiraciones maximalistas, sin atender al orden constitucional pactado por todos.

En Cataluña existe un profundo sentimiento nacional, del que el resto de los españoles es plenamente consciente. De ahí que sostengan con firmeza que haya de ser reconocido e integrado de nuevo en el seno de instituciones compartidas. No obstante, si ese sentimiento de forma mayoritaria se manifestara contrario de modo irreductible y permanente al mantenimiento de las instituciones que entre todos nos dimos, la convicción democrática nos obligaría al resto de los españoles a tomarlo en consideración para encontrar una solución apropiada y respetuosa: los ciudadanos de Cataluña tienen que saber que este es nuestro compromiso irrenunciable. Pero tienen que saber también que en el resto de España y en la misma Cataluña hay muchas voces que reclaman seguir avanzando juntos.

El programa de construcción nacional incentiva a los independentistas a sentirse víctimas de una opresión por parte de España, a rechazar la toma en consideración de las propuestas de entendimiento y a silenciar o relegar a todos aquellos ciudadanos catalanes que no suscriban ese programa de secesión. La transición de la dictadura a la democracia se hizo de la ley a la ley pasando por la ley. Ahora, paradójicamente, los independentistas para llevar adelante su denominada transición nacional se proponen violentar la ley democrática, hecha por todos y para todos, con el propósito de alumbrar una ley nueva, hecha solo por los que se sienten llamados a una misión sin contar con los demás. En la aritmética política sucede que el orden de los factores altera el producto

Ni España ni la Constitución de 1978 ni el Estatut de 2006 niegan a los ciudadanos de Cataluña ejercer su derecho a decidir; son los partidos que apoyan la fulminante independencia de Cataluña quienes confunden las opciones al concurrir, una tras otra, a las citas electorales con programas edulcorados, indoloros y sin coste político, social o económico alguno, pensando ampliar así sus apoyos en las urnas.

Es preciso que CiU y otras fuerzas de afinidad independentista asuman sus graves responsabilidades en la equivocada gestión de la presente crisis económica y en los abusos en que incurrieron y dejen de exculparse bajo el supuesto expolio perpetrado por España. Esa estrategia de exculpación les ahorra el debate económico y social que necesitan tanto Cataluña como el resto de España, exacerbando y absolutizando, en su lugar, un debate nacional y nacionalista.

Consideramos, además, que todas las fuerzas democráticas deberían sumarse en la búsqueda de un mejor encaje institucional para Cataluña, de una financiación más justa y de una federalización del deteriorado Estado de las autonomías, que inscriba en su norma suprema la solidaridad interterritorial y los criterios de su aplicación compatibles con el esfuerzo común de todos y el principio de ordinalidad. Por ese camino podremos seguir ampliando las cotas de libertad, igualdad, progreso y respeto mutuo logradas con la Constitución de 1978.