Pedraz pide a Interior que estudie aplicar el tercer grado a Uribetxebarria ante su estado de salud
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido a Instituciones Penitenciarias que estudie aplicar el tercer grado para dejar en libertad al preso etarra Iosu Uribetxebarria mientras recibe los informes médicos actualizados del Hospital Donostia de San Sebastián sobre su estado de salud.
Así lo ha acordado el magistrado en una providencia dictada este jueves en la que establece que, una vez remitidos dichos documentos, se trasladarán a la clínica forense de la Audiencia Nacional "a fin de que emita un informe sobre el estado de salud del interno".
Pedraz, que adopta esta decisión en sustitución del juez Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, insta a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a que estudie "la posible aplicación" del artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario, de forma que se le concediera el tercer grado, paso previo a la puesta en libertad.
Dicho precepto establece que "los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y su escasa peligrosidad".
Según fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia, tanto la adopción del tercer grado como la de la libertad condicional son decisiones "administrativas" sobre las que tiene que informar la Junta de Tratamiento de la prisión en la que está internado Uribetxebarria, aunque la última palabra la tiene el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
El magistrado ha adoptado esta decisión tras recibir varios escritos presentados por la defensa del preso etarra, condenado por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que reclamó su excarcelamiento por el cáncer terminal que padece.
Precisamente este jueves el fiscal Jesús Alonso ha solicitado un informe forense en el que se detalle el estado de salud del recluso que determine si el cáncer que padece puede ser tratado "adecuadamente" por los servicios penitenciarios hospitalarios.
El fiscal quiere saber también la evolución de la enfermedad del preso, su "pronóstico de la misma a coste-médico", el plazo y el lugar adecuado para el tratamiento de su dolencia. Por ello, solicita que el etarra sea examinado por un médico forense y que aclare si la enfermedad que sufre y su estado "puede ser tratada adecuadamente en los servicios penitenciarios hospitalarios".
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias acordó el pasado 1 de agosto trasladar al etarra desde el centro penitenciario de León, donde se encontraba ingresado hasta ahora, a un centro sanitario de referencia de la cárcel de Zaballa (Álava), que es el Hospital Donostia de San Sebastián.
