La Generalitat fomenta los ciudadanos-policía pese al rechazo social y jurídico
Los ciudadanos catalanes pueden denunciar a presuntos violentos en una web de la Generalitat o investigar por su cuenta a padres en el proceso de obtención de plaza en las escuelas. Están llamados a sacar fotos a los conductores que tiren colillas por las ventanillas y, desde principios de agosto, disponen de una aplicación para denunciar a través del móvil la presencia de mendigos en los trenes. Son los ciudadanos-policía que, desde que Artur Mas llegase a la presidencia de la Generalitat, pretende modelar el Ejecutivo catalán. Sin embargo ciudadanos, juristas y hasta el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo en Cataluña), tienen dudas o cuestionan abiertamente este tipo de iniciativas.
La medida que ha reavivado la polémica es una aplicación para teléfonos móviles. Con tan solo un par de clics, los usuarios de los Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC) que dispongan de un smartphone pueden ahora alertar de la presencia de mendigos en los vagones. La aplicación, impulsada por esta empresa pública que gestiona una gran cantidad de líneas ferroviarias en Cataluña (incluidas dos del metro de Barcelona), ha irritado a un gran número de usuarios y asociaciones y ya suma más de 11.000 firmas en contra.
Más allá de denunciar la presencia de indigentes (los cuales, a la hora de delatarlos, se pueden distinguir entre músicos, vendedores y mendigos a secas), también se permite alertar de gente sentada en el suelo, con los pies en el asiento o viajando sin billete, entre otras denuncias. El servicio recogió 110 "alertas" en sus primeros cinco días de funcionamiento.
"El afán de la aplicación es apoyar al usuario cívico, que no tiene porque convertirse en un héroe y decirle algo a quien molesta en los vagones" se defienden desde FGC, "además, no es una denuncia, es una alerta", dicen. Sin embargo, desde la institución lamentan el revuelo generado, recuerdan que hay una serie de actividades tipificadas que no pueden hacerse en los trenes y aseguran a El HuffPost "que no tiene afán recaudatorio". El propio presidente de la entidad, Enric Ticó, alardeaba en Twitter el pasado lunes de las bondades de la aplicación: "Va muy bien la aplicación de FGC para los avisos de incivismo, los medios hablan positivamente. La ideó un usuario"
Miquel Rubio, ciudadano valenciano de Sagunt y promotor de la recogida de firmas, no esperaba que su petición recabase tantas signaturas en pocas semanas. Ya son varios los medios de comunicación que se han hecho eco de su iniciativa, sin embargo, asegura por teléfono que no ha obtenido respuesta alguna por parte de FGC.
Desde el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, explican que no han recibido ninguna queja formal en contra de la iniciativa, no obstante están valorando la opción de actuar de oficio, según confirmó la propia institución a El HuffPost.
FOMENTO DE LAS DELACIONES ENTRE CIUDADANOS
No es la primera vez que la Generalitat de Cataluña impulsa este tipo de medidas. El Ejecutivo de Mas ha fomentado ya unas cuantas iniciativas en este sentido. Ninguna de ellas ha quedado exenta de polémica.
La primera fue una web en la que aparecían fotografías de 68 ciudadanos, recogidas durante los disturbios de la última huelga general. La página, que invitaba a los ciudadanos a identificar a los fotografiados, levantó un gran revuelo entre la ciudadanía y despertó recelos entre los juristas, que dudaban de la legalidad de la misma. El propio Síndic de Greuges abrió una actuación de oficio el pasado mayo. La web, que llegó incluso a contener imágenes de menores de edad, ha sido retirada. Sin embargo, Interior ya alertó que podría reactivarla en el caso de que se produjeran nuevos actos vandálicos que lo requirieran.
A raíz de los terribles incendios en el Alt Empordá del pasado julio, Puig realizó otra petición a los ciudadanos catalanes. El conseller requirió entonces a los conductores que fotografíen con sus teléfonos móviles las matriculas de los coches cuyos ocupantes tiren colillas por la ventanilla y las envien a la policía.
La última ocurrencia del Gobierno catalán permitirá que las familias que lo pidan puedan acceder a datos privados de otras cuando soliciten plazas para la escuela pública. De esta manera, si una familia sospecha que otra está cometiendo algún tipo de fraude para conseguir una plaza en el colegio, podrá solicitar a la dirección del centro información referente a su domicilio para poder denunciar un hipotético fraude.
A nivel nacional, la última medida que levantó ampollas en este sentido apareció con la ley antitabaco, a principios del 2011. Zapatero y Pajín alentaron a los ciudadanos a denunciar de manera anónima a los locales que incumplieran dicha ley. Diversas organizaciones, entre ellas FACUA, apoyaron en su momento la iniciativa.
LOS EXPERTOS ALERTAN DEL PELIGRO DE ESTAS MEDIDAS
Tanto los educadores como sociólogos consultados para este artículo han coincidido en remarcar el peligro que supone el fomento de este tipo de actividades, que revierten en un aumento de la desconfianza entre la población.
Olga Tubau, abogada penalista y miembro de la Mesa Cívica Penitenciaria de la Conselleria de Justicia de la Generalitat, advierte que la figura de la delación anónima siempre ha existido en derecho penal. "En muchas ocasiones es muy útil, sobre todo en casos graves de bandas organizadas, asesinatos, o delitos contra la salud pública" explica en conversación telefónica. Sin embargo, Tubau considera que el problema es que se fomente. "Cuando el Estado incita a los ciudadanos a que hagan de policías significa que fracasa la politica de prevención". La abogada, además, diferencia entre las denuncias anónimas por delitos graves (en los que está en peligro la integridad del denunciante) con las referentes a infracciones administrativas. "Fomentando las denuncias anónimas para este tipo de infracciones se está configurando un modelo de país inquisidor donde cualquier ciudadano se puede convertir en tu enemigo" explica.
SI VES ALGO, DI ALGO
El fomento de la delación entre ciudadanos no es nada nuevo. Hoy en día, son varios los países que animan a sus habitantes a convertirse en delatores. Estados Unidos emprendió en julio de 2010 la campaña "Si ves algo, di algo", para destacar la importancia de denunciar a las autoridades cualquier actividad sospechosa.
Otros países como Inglaterra (en sus transportes públicos), México (en 2011 se registraron 11.000 denuncias anónimas) o Santo Domingo también han incitado a sus ciudadanos a convertirse en delatores.
La delación anónima también ha sido uno de los pilares básicos de la lucha contra la oposición en la totalidad de regímenes autoritarios que ha conocido el mundo el último siglo. No ha habido dictadura que no haya fomentado este tipo de denuncias entre sus habitantes, creando un ambiente enrarecido de miedo y desconfianza entre la población equiparable al reproducido por George Orwell en su libro 1984.
La República Democrática Alemana fue adalid de este tipo de denuncias. Diversos estudios y documentales cifran en 300.000 los ciudadanos que informaron a la Stasi (el servicio de inteligencia de la Alemania Oriental). Uno de cada cincuenta alemanes orientales.
El régimen nacionalsocialista de Hitler, la España de Franco, el Chile de Pinochet o la Cuba de Castro (la lista es inacabable) tampoco han sido excepción en estos menesteres.
