El Congreso debate una proposición para que los condenados no ganen dinero en televisión

La Comisión de Justicia del Congreso debat este miércoles una proposición no de ley que insta al Gobierno a que acometa las reformas legislativas para impedir que los condenados y sus familiares ganen dinero por relatar sus testimonios en programas de televisión. Esta situación ya ha se ha dado en varias ocasiones, como cuando en 2009 el bailaor Farruquito cobró 140.000 euros por asistir al programa ¿Dónde estás corazón? de Antena 3 tras atropellar mortalmente a un hombre mientras conducía sin carné y darse luego a la fuga.

El caso más reciente y recordado es, sin embargo, la entrevista que La Noria, de Telecinco, realizó a Rosalía García, la madre de El Cuco, menor condenado por encubrimiento en el caso de Marta del Castillo, que se llevó cerca de 10.000 euros por dar su testimonio. Aquello supuso poco después el fin del programa, que perdió a todos sus anunciantes.

En la decisión de las empresas tuvo mucho que ver el periodista Pablo Herreros, que pidió a las marcas que patrocinaron aquel programa que dejasen de apoyar esas prácticas. Su iniciativa tuvo más éxito del que había podido imaginar. Reunió 33.000 firmas y consiguió que el tema tuviera gran repercusión en las redes sociales.

Fuentes del sector señalan que en ese momento ya había un buen caldo de cultivo para que algo así ocurriese: “En EEUU estas cosas suceden desde hace tiempo. Las empresas se consideran mecenas, en cierto modo, de los espacios en los que se anuncian. No ocurre que ponen el dinero y, luego, si pasa algo, no tienen nada que ver, como pasaba hasta ahora en España. Con el caso de La Noria todo cambió. Un anunciante no puede nunca entrar en contradicción con su responsabilidad corporativa”.

Herreros, sin embargo, no se alegra del final que tuvo La Noria: "Me parece triste, pues lo deseable no hubiera sido que se perdiese un medio de comunicación, sino que esa cadena y las demás se comprometiesen a no volver a propiciar que un crimen dé pasta a los autores ni a sus familiares”.

FIRMAS DE APOYO

Por eso, Herreros lanzó el 16 de mayo una nueva iniciativa, llamada #nomascrimenpagadoenTV, que ya ha reunido 53.380 firmas de apoyo para pedir al Gobierno y a las televisiones que trabajen en un código de co-regulación que impida pagar a criminales por ir a hablar en televisión de su delito. “Libertad de expresión, sí, pero que no cobren ni un euro”, puntualiza. En un vídeo, varias víctimas y periodistas dan su apoyo a la iniciativa.

En este tiempo, Herreros se ha reunido con miembros de diferentes partidos políticos hasta que Ana Oramas, de Coalición Canaria, decidió actualizar y volver a registrar en el diario de sesiones del Congreso una Proposición No de Ley que ya presentó sin éxito en la pasada legislatura para cambiar la Ley General de la Comunicación Audiovisual. La vía que propone Herreros de co-regulación es algo diferente: “Llevo meses consultando con tres abogados expertos en el asunto, y todos coinciden en que un cambio en esa ley colisionaría, casi con toda seguridad, con derechos fundamentales. Por eso, mi propuesta es más suave”.

SIN OPOSICIÓN

Pero, ¿apoyarán los demás grupos políticos la proposición de Coalición Canaria? Herreros es optimista: “No creo que haya ningún partido que se oponga porque no tienen razones para ello y porque se tendrían que enfrentar a la sociedad. Quiero creer que intentarán una solución técnica”. Lamenta, en cualquier caso, las frases que “más veces” ha escuchado de políticos y abogados: “Eso es imposible” y “Personalmente sintonizo 100% con vuestra propuesta, pero profesionalmente no sé cómo se puede abordar”.

Fuentes del sector consultadas por El Huffington Post apoyan la iniciativa y son partidarias de que se aplique la regulación no solo a los delitos de sangre, sino también a los fiscales. La Asociación de la Prensa de Madrid, por su parte, se opone “rotundamente” a pagar por la información: “Los principios deontológicos de los periodistas no pueden supeditarse a los gustos del público, a la búsqueda de la audiencia a toda costa. La libertad de información tiene que ser la máxima posible, pro existen unos límites”.

Desde Mediaset, propietaria de Telecinco, prefieren en cambio no opinar sobre la iniciativa. “Cualquier valoración la haremos a posteriori”, advierten.